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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
17 Octubre 2019 04:02:00
Caerán más cabezas de líderes sindicales
El Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dialoga con varios dirigentes de sindicatos importantes para promover rotaciones ordenadas en las cúpulas del sindicalismo, a partir de la salida de los actuales secretarios generales o presidentes, que den paso a la elección de nuevos dirigentes que sean electos mediante procesos democráticos en los que voten de manera libre y secreta los trabajadores para elegir a sus representantes.

Por encargo directo del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue la encargada de negociar la renuncia de Carlos Romero Deschamps, que se concretó ayer, ha iniciado también conversaciones con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), organismo cúpula que aglutina a los sindicatos de la burocracia federal; con Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y hasta con el dirigente de telefonistas, Francisco Hernández Juárez.

La intención del Gobierno de la 4T es buscar que los actuales dirigentes de esos y otros sindicatos nacionales importantes, tanto públicos como privados, ayuden a facilitar la aplicación y consolidación de la reforma laboral aprobada en abril pasado por el Congreso federal y cuyos postulados de libertad y democracia sindical, junto al Nuevo Sistema de Justicia Laboral que desaparece las corruptas juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por salas Especializadas de Justicia Laboral, que se integran al Poder Judicial de la Federación, fueron parte de los condicionamientos que pidió el Congreso de Estados Unidos, especialmente la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para otorgar su aprobación pendiente al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Sánchez Cordero, se ha reunido en varias ocasiones con los mencionados líderes sindicales. Lo hizo también con Romero Deschamps y es la responsable de buscar, mediante el diálogo y la operación política, que las actuales dirigencias, sobre todo con las que ya tienen varios años al frente de los sindicatos en los que se han mantenido a través de varias reelecciones, acepten transitar de manera voluntaria y ordenada, hacia la elección de nuevos dirigentes mediante las nuevas leyes que obligan a que haya votaciones libres de los trabajadores.

Así que la salida ayer del líder del sindicato petrolero durante los últimos 26 años, podría ser la primera de un “efecto dominó” que incluiría a dirigentes como Ayala Almeida, que tiene ya 21 años al frente de la FTSE, a la que llegó a dirigir en 1998; o el dirigente Carlos Aceves del Olmo, que aunque tiene apenas tres años al frente de la CTM, lleva toda la vida siendo parte de la cúpula de la que fuera durante décadas la central obrera priista más importante, además de que tiene graves problemas de salud; y el otro que estaría en pláticas con Gobernación para pactar su salida es Francisco Hernández Juárez, el líder que lleva ya 43 años al frente del sindicato de los telefonistas, a donde llegó en 1976, cuando Telmex era una empresa paraestatal encabezando un movimiento democrático, y es hoy en día el más sempiterno de los líderes sindicales, solo superado por Fidel Velázquez, el histórico líder de la CTM que duró 47 años como secretario general, desde que fue electo en 1950 hasta que murió en 1997.

Así que, parafraseando al deporte nacional, varios de los líderes del charrismo sindical que sobreviven en México, tendrán que hacer el “paso de la muerte” para buscar una salida digna y negociada con el Gobierno de la 4T, antes de que, como a Romero Deschamps, les inicien investigaciones de sus considerables fortunas en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Empezó la temporada de charros.

NOTAS INDISCRETAS…
Todo parece estarse encaminando a que la Ley Bonilla termine quedando firme y que la gubernatura de Jaime Bonilla Váldez termine siendo de cinco y no de dos años. Porque después de la cuestionada “consulta popular” en Baja California y su resultado, por fin apareció el decreto de Reforma Constitucional que estaba perdida en el Congreso de aquel estado y aunque ya la entregaron a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, será hasta el viernes, según ha dicho el gobernador saliente Federico Vega, cuando la promulgue en el Diario Oficial del Estado. Es decir que si se publica el viernes 18, dependiendo de la hora, y descontando el fin de semana, las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezarán a llegar hasta el lunes 21 y, en lo que le dan trámite y llega finalmente al Pleno de los ministros, pasarán algunos días más. Se ve difícil, muy complicado, que la Corte pueda analizar y dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Bonilla en una semana. Y el 1 de noviembre, Jaime Bonilla rinde protesta como Gobernador ante el Congreso local. Si lo hace y tomando en cuenta que la constancia como Gobernador electo que le entregaron en el Instituto Estatal Electoral de Baja California no establece cuánto va a durar el cargo, podría pasar que cuando en la Corte tengan que votar el asunto, el hecho a revisar ya esté consumado y entonces los ministros podrían decir que, al tratarse de un “acto consumado” ya no hay materia sobre la que dictar constitucionalidad. ¿Será que todo se armó para que así termine el debate nacional que desató el caso de Baja California, que abriría una peligrosa puerta a la modificación de la duración de los cargos de elección más allá de lo que se vote en las urnas?...Se lanzan los dados. Escalera doble.
16 Octubre 2019 04:05:00
La caída de Romero Deschamps
Hace un par de meses, Olga Sánchez Cordero se reunió en privado con el líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. El encuentro había sido solicitado por la secretaria de Gobernación y a la cita acudió puntual el sempiterno dirigente del sindicato de Pemex.

Ahí, recibió un mensaje del Presidente: “que considere su renuncia anticipada a la dirigencia del sindicato para dar paso a la elección de una nueva dirigencia por voto abierto, directo y secreto de los trabajadores petroleros”.

Romero Deschamps salió de aquel encuentro con el compromiso de que prepararía las cosas para una “transición pacífica” en la dirección nacional del SNTPRM, y desde entonces se dedicó a planear el momento de su salida de la secretaría general que finalmente se hará oficial en este miércoles, a pesar de que todavía le quedaban cinco años para concluir el periodo para el que fue reelecto el 11 de diciembre de 2017 y que terminaba hasta el 2024.

Solo el primer mensaje se lo dio Olga Sánchez Cordero y posteriormente los términos, tiempos y acuerdos para su salida los negoció con otros personajes cercanos al Palacio Nacional con los que Romero Deschamps siempre mantuvo un diálogo fluido con el que intentó evitar cualquier embate de la 4T en su contra y prefirió pactar una salida tersa y negociada, que incluye la inmediata convocatoria para una elección democrática entre las distintas secciones sindicales de Pemex para votar a un nuevo secretario general.

Con todo, el enriquecido dirigente petrolero no se salvó de que ayer el presidente López Obrador confirmara que sí hay investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía General de la República y que “si él quiere renunciar (a la dirigencia del sindicato) está en su derecho, como lo hizo también el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, pero eso no evitará que se sigan las investigaciones que hay sobre su dirigencia sindical”.

Y es que por la forma en que él llegó a la dirigencia del sindicato petrolero hace 26 años, después de cuatro años del “Quinazo” de Carlos Salinas de Gortari contra el dirigente Joaquín Hernández Galicia, y para desplazar a los secretarios de transición, los quinistas Salvador Barragán Camacho y Sebastián Guzmán Cabrera, Romero Deschamps sabe muy bien el precio de enfrentarse a un Presidente de la República y, al mismo tiempo, sabe también lo que puede lograr una buena “negociación y sumisión” al gobernante en turno, pues así fue como construyó su emporio político y económico en las últimas dos décadas al frente del sindicato petrolero, en el que no solo acumuló cargos como senador y diputado para él y los suyos, sino también amasó una considerable fortuna que ha sido denunciada por los trabajadores petroleros y que es parte de lo que investiga la FGR.

Todavía está por verse si es verdad lo que dice el presidente López Obrador de que lo seguirán investigando una vez fuera de la dirigencia sindical por acusaciones de corrupción y lavado de dinero o si, como parte de su salida, el líder tampiqueño negoció también un “perdón y olvido” del Gobierno de la 4T con el que siempre colaboró y se plegó desde la campaña del hoy presidente de la República.

Por lo pronto lo que sí es un hecho incontrovertible es que, con la caída hoy de Romero Deschamps, se suma una cruz más a los asistentes a la llamada “boda maldita” de la hija del abogado Juan Collado, que se celebrara aquel sábado 18 de mayo en el “venue” de Jajalpa, en el Estado de México.

El líder petrolero es otro de los invitados a aquel evento, al que también acudió como invitado principal el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que tanta molestia causó en la 4T.

Aquella boda y la difusión de sus videos en las redes sociales detonaron una serie de investigaciones por temas de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero por la que ya han sido acusados el propio anfitrión de aquella boda, Juan Collado, preso; Rosario Robles, presa; Eduardo Medina Mora, ministro renunciante de la Suprema Corte; Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, señalado por tener una cuenta en Andorra; y ahora Carlos Romero Deschamps, que renuncia a la dirigencia del poderoso sindicato de Pemex. ¿Quién es el próximo?…

Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
15 Octubre 2019 04:07:00
De operador de Duarte a secretario en Morelos
Derivado de una investigación iniciada en 2016 por la extinta PGR, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tienen abierta una investigación en contra de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, actual secretario de Gobierno del estado de Morelos, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasma que formó con la complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente bajo proceso.

Pese a los antecedentes delictivos con que cuenta, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene a Ojeda Cárdenas como secretario de Gobierno y, según denuncias de diputados locales de oposición que pidieron el anonimato, Pablo Héctor “es el encargado de recaudar los ‘moches’ entre empresarios y funcionarios y junto con Ulises Blanco Bravo, el influyente medio hermano del Gobernador, toman importantes decisiones en Morelos, entidad que se encuentra sumida en la violencia e inseguridad.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público Federal, en 2016 se realizó una denuncia en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de su círculo cercano, formado por varios colaboradores, amigos y funcionarios que fungían como prestanombres y operadores financieros.

Según indagatorias de la FGR, la lista la integran 34 personas, en la que figura Ojeda Cárdenas. Derivado de ello, se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF-VER/0000691/2016 iniciando las diligencias de la investigación, como es la búsqueda de antecedentes mediante el oficio girado por la entonces Procuraduría General de la República CGI-II-052/2016.

Entre los avances de las indagatorias se logró identificar la utilización de un esquema empresarial en donde participaron familiares y personas de confianza de Javier Duarte, para la creación de 400 empresas fantasma con el objetivo de desviar 3 mil 617 millones de pesos. En varias de esas empresas aparece el nombre de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien fungía como integrante del Consejo de Administración.

Durante la administración de Duarte en Veracruz, Ojeda mantuvo una posición estratégica en la red delictiva como operador financiero, con el objetivo de ocultar y encubrir los recursos provenientes del enriquecimiento ilícito, señala la investigación de la desaparecida PGR, con base en la cual la Fiscalía y la UIF mantiene abierta la investigación sobre los operadores financieros de Duarte.

Será cuestión de ver si en la FGR y la UIF deciden reactivar e ir a fondo en las investigaciones que involucran al secretario de Gobierno o, si por tratarse de un gobierno afín a la 4T, como es el de Cuauhtémoc Blanco, prefieren dejarlo pasar y congelar la carpeta judicial. ¿Será que, como no se trata de opositores, sino de “amigos” a Ojeda le darán la gracia de no ser acusado por su participación en las redes de corrupción y desvíos millonarios de Javier Duarte? A lo mejor don Alejandro Gertz se apega fielmente a la máxima juarista: “A los enemigos justicia; a los amigos justicia y gracia, cuando quepa esta última”.
14 Octubre 2019 04:03:00
Contratos millonarios y sin licitación en Turismo y la SEP
Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda.

En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador.

En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas aprobó, el 17 de septiembre, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V., “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, solo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año.

En ninguna parte se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, como lo marca la Ley de Adquisiciones.

Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores.

Todos esos contratos adjudicados de manera directa se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en el que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios que advirtieron que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre. Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos.

Varios de los funcionarios que defendieron la necesidad de ajustar los contratos, fueron despedidos. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.
12 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué los demócratas no aprueban el T-MEC?
La economía del país en los tiempos de la 4T, ya de suyo estancada, sin crecimiento y sumida en la incertidumbre y la falta de inversiones públicas y privadas, se ve ahora seriamente amenazada por los nubarrones que se ciernen sobre la economía internacional y las advertencias de una posible recesión mundial, derivada de la caída del crecimiento en Europa y los Estados Unidos.

Al deterioro de los indicadores económicos en casi todo el mundo y la “desaceleración sincronizada” sobre la que ha alertado el FMI, se suma la no aprobación del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, que puede ser “la puntilla” para la recesión económica para la que “México debe empezar a prepararse”, según la advertencia que ha lanzado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Y es que sigue sin verse con claridad si la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a ratificar el T-MEC antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso estadunidense, en noviembre próximo, sobre todo a partir del extraño retraso que los demócratas han mostrado sobre el tema y que hoy se ve aún más complicado por el inicio de un juicio político o “impeachment” en contra del presidente Donald Trump.

En México parece haber confusión sobre las razones de fondo por las que los demócratas han retrasado el análisis y la definición sobre el T-MEC. La mayoría de los análisis atribuyen la indefinición de la bancada que encabeza Nancy Pelosi, a que los representantes demócratas “no quieren darle a Trump y a su Gobierno, el triunfo político que representaría la ratificación y entrada en vigor del T-MEC”.

Pero esa lectura está equivocada, porque la verdadera razón que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, tiene más que ver con que no ven todavía “garantías completas” de que su demanda de cambios e igualdad de condiciones en el ambiente laboral de México con respecto a los sindicatos de EU y Canadá se esté cumpliendo cabalmente.

La Reforma Laboral aprobada por el Congreso mexicano, en la que se introducen cambios importantes como la libertad y la democracia sindicales, además de un cambio total del modelo de justicia laboral, fueron sí un primer paso en el cumplimiento de las condiciones que puso el partido Demócrata para dar su aval en el Congreso al nuevo Tratado comercial, pero la sola aprobación de la nueva ley laboral, que aún no sienten que tenga todas las condiciones para cumplirse realmente en la práctica, es algo que sigue frenando el voto de los demócratas en el Congreso de EU.

Por ejemplo, el grupo de Nancy Pelosi ha cuestionado y ha expresado “serias dudas” de que en el Presupuesto 2020, el Gobierno del presidente López Obrador esté destinando los recursos suficientes para la instrumentación, en la práctica, de las nuevas leyes laborales. Las reducciones presupuestales a la Secretaría del Trabajo, del 33% para el próximo año, metieron mucho ruido en la Cámara de Representantes de EU, en donde no ven presupuesto suficiente, por ejemplo, para construir y echar a andar todo el nuevo sistema de justicia laboral, consistente en desaparecer las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje, y echar a andar las salas laborales en el Poder Judicial.

Y ahí estriba uno de los temas que el Gobierno de López Obrador no ha sabido explicarle al grupo comandado por Nancy Pelosi: que los recursos para construir la nueva infraestructura física y jurídica del nuevo modelo de Justicia Laboral que operará en México, no están en manos de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, sino del Poder Judicial de la Federación, que son los que construirán, equiparán y operarán los nuevos tribunales para resolver las demandas, pleitos y recursos en el ámbito laboral.

Hace un mes, cuando detectaron la verdadera preocupación demócrata que estaba frenando la votación del T-MEC, desde el Gobierno de la 4T mandaron al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, como encargado de ir a hablar con Nancy Pelosi y transmitirle a los demócratas la seguridad de que la reforma laboral y su nuevo modelo de sindicalismo democrático y justicia laboral, cuentan con los recursos económicos suficientes para caminar el próximo año.

Cuentan fuentes del Capitolio que el 11 de septiembre pasado, hasta la oficina de Pelosi llegó el subsecretario mexicano dispuesto a informar y convencer a la líder demócrata. Pelosi lo recibió con toda la cortesía y el protocolo político y lo empezó a escuchar con atención. Pero después de media hora de hablar sin detenerse, la mayor parte del tiempo sobre él y su participación en las negociaciones del T-MEC y sobre su importante papel en la relación comercial entre México y EU, el discurso egocéntrico del subsecretario Seade, comenzó a aburrir a la líder de la mayoría demócrata, que comenzó a ver su reloj y hacerle señas a sus asesores para que le cortaran el discurso al funcionario mexicano.

Al final, en cuanto pudo, Nancy Pelosi le dio las gracias a Jesús Seade por la visita y salió, no solo sin la información que necesitaba sobre el avance y las garantías de implementación de la reforma laboral mexicana el próximo año, sino con cara de “¿Quién me manda a perder el tiempo con estos mexicanos que hablan mucho y no dicen nada?”.

Ante el fracaso de Seade y la desinformación que aún priva en el bancada demócrata de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para la Reforma Laboral, se hablaba de que podrían ir a Washington, a hablar ahora sí del tema y a explicarlo bien, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la misma secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; pero hasta ahora lo único confirmado es que Herrera sí estará en Washington la próxima semana, pero para asistir a la reunión del Banco Mundial y del FMI, aunque no está confirmado en su agenda un encuentro con Nancy Pelosi.

Sería bueno que el secretario Herrera se diera un tiempo para explicarle a la líder demócrata el tema presupuestal en México y despejar cualquier duda –sin dedicarse a hablar de sí mismo como hizo Seade– para ver si, en medio del tema del “impeachment” contra Trump, los demócratas resuelven sus dudas y se dan un tiempo para ratificar, a mediados de noviembre, el T-MEC.

Si no es entonces, ya no será sino hasta el 2021, y eso, en medio del negro panorama de recesión al que se enfrenta, son pésimas noticias para la economía de México.

Los dados mandan Doble Serpiente. Semana intensa.
10 Octubre 2019 04:03:00
El extraño caso del decomiso de coca más grande de la historia
En la gestión de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República del Gobierno de Felipe Calderón, se llevó a cabo el “mayor decomiso de cocaína de la historia”, al asegurarse 23.5 toneladas de la droga en la Aduana del Puerto de Manzanillo, Colima, a donde había llegado en un buque procedente de Colombia. A pesar de que el “golpe histórico” fue realizado por la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, atendiendo a un reporte de la DEA, la PGR nunca detuvo a ningún responsable por el ingreso de aquel cargamento ni imputó a ninguno de los funcionarios de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo, entre los que estaba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director del Centro de Análisis para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Ardelio Vargas Fosado.

De acuerdo con documentos oficiales que obran en los archivos tanto de la desaparecida PGR como de la extinta SSP federal, la Procuraduría de Medina Mora desestimó la participación de funcionarios de aduanas en el ingreso de las 23.5 toneladas de cocaína, que llegaron en dos contenedores a bordo del citado buque colombiano y que, según documentó entonces la inteligencia federal, eran propiedad de Arturo Beltrán Leyva, del cártel del Pacífico, y de Oscar Nava Valencia, “El Lobo”. Los contenedores fueron ingresados a la Aduana de Manzanillo con una declaración de pedimento a nombre de Importadora y Exportadora Alucapo, S. A. de C. V., una empresa de origen colombiano que tenía un domicilio en el Condominio Cristal, ubicado en la calle de Paseo del Prado, 102 despacho 901, en la colonia Del Prado, en Querétaro, y de la que aparecía como encargado Carlos Alberto Guzmán Palazuelos “El Chiva”.

En su momento, las líneas de investigación de las áreas de inteligencia de la SSP, a cargo de Genaro García Luna, apuntaron también a la participación de cuatro funcionarios clave de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo que aparecían como sospechosos en el ingreso y la recepción de la cocaína procedente de Colombia: Héctor Armando Mejía Arce, administrador; Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras.

Sin embargo, la PGR de Medina Mora nunca investigó la posible complicidad de los funcionarios de Aduanas y, prácticamente sin atender las “líneas de investigación” de las áreas de inteligencia federal que participaron en el operativo para la ubicación y confiscación de los 23.5 kilogramos de cocaína, el responsable del Ministerio Público exoneró, apenas cinco días después del mayor decomiso de cocaína en la historia, a todos los funcionarios que controlaban los cargamentos que ingresaban a las aduanas de
Manzanillo.

“¿Se va a investigar al personal de la Aduana de Manzanillo?, ¿hay detenidos, gente, vamos, funcionarios que permitieron la llegada de estos cargamentos de coca?, le preguntó el 5 de noviembre de 2007, cinco días después de que se anunció la confiscación de la droga, el periodista José Cárdenas en radio. “Mira, en este momento con respecto a la Aduana de Manzanillo, yo te puedo decir que el personal de la aduana actuó con pleno apego a la normatividad y a los procedimientos operacionales que la propia Aduana ha fijado y eso es lo que nos permitió, precisamente, localizar específicamente este embarque, independientemente de la información de inteligencia, que nos decía que venían estos embarques a nuestro país. Pero ahí no hay ninguna conducta que pudiera ser sospechosa o fuera de procedimiento; al contrario, estamos obviamente generando un nivel de protección hacia el personal de la Aduana”, respondía el procurador Medina Mora, quien apenas cinco días después de que entrara el mayor cargamento de cocaína por un puerto mexicano, exoneraba públicamente a todo el personal y los directivos de la Aduana por donde había entrado el barco colombiano cargado de droga.

No era lo mismo que reportaban otras áreas de seguridad como la Policía Federal, en donde se tenía documentado que desde el 26 de octubre, por la mañana, se tuvo la primera información de inteligencia policial que alertaba de un cargamento de coca que llegaría a Manzanillo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde la DEA avisó también a las autoridades mexicanas que tenía información de que venía un barco con cocaína de Colombia y que llegaría a la aduana de Manzanillo. Dos días después, el 28 de octubre, fue la misma DEA la que confirmó la alerta y dio el nombre del buque carguero “Esmeralda” que arribaría con varios contenedores con droga. El 29 de octubre los policías federales realizaron labores de revisión en la “plataforma” y ubicaron cuatro contenedores y con un oficio, le solicitaron al Ministerio Público de la delegación de la PGR en Colima que ordenara la retención de los contenedores señalados y ese mismo día se ordena al personal de la Aduana no permitir la salida de los contenedores identificados para verificar la mercancía que trasladaban.

El 30 y 31 de octubre, según una relatoría de la entonces PF, se revisaron los cuatro contenedores en presencia de funcionarios de PGR, Defensa, Marina, Secretaría de Hacienda, y Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y tras abrir los contenedores y analizar las muestras se confirmó la existencia de cocaína y se pesó la droga de los dos contenedores dando como resultado los 23.5 toneladas, la mayor cantidad de cocaína nunca encontrada en ningún país. Los otros dos contenedores, donde supuestamente se transportaba pseudoefedrina, se analizaron y se determinó que en realidad se trataba de jabón.

La Policía Federal ordenó entonces el traslado de Héctor Armando Mejía, administrador de la Aduana de Manzanillo, de Colima a la Ciudad de México, para que fuera presentado e interrogado para esclarecer la participación de él y el personal a su cargo en la recepción de cargamentos de droga para el Cártel del Pacífico a través del Puerto. Junto con la SSP pidió investigar a Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras. Pero ninguno de ellos fue ni investigado ni mucho menos imputado por la PGR a cargo de Eduardo Medina Mora.

Por esas mismas fechas, el 11 de octubre de 2007, en una bodega de la empresa de Transportes Unidos de Tampico, elementos del Ejército encontraron y confiscaron 11.7 toneladas de cocaína. A diferencia de lo que ocurrió en Manzanillo, el Ejército detuvo a 7 personas en el operativo y pidió a la PGR el arraigo de 10 funcionarios de la Aduana de Tampico, empezando por el administrador Felipe Ángel Zamora, el subadministrador José Cossío Hernández, hasta los operadores de rayos gama, los choferes y copilotos de la Aduana, todos bajo la sospecha de colaboración para recibir los cargamentos de droga.

No fue el mismo trato que Medina Mora ordenó darle al decomiso de Manzanillo, que era dos veces la cocaína encontrada en Tamaulipas y el mayor cargamento de cocaína nunca confiscado. ¿Por qué el entonces procurador no ordenó investigar a fondo la complicidad del personal de Aduanas en Manzanilo, entre ellos el hijo de un cercano colaborador suyo como Ardelio Vargas? ¿A quién benefició o se encubrió entonces y por qué desde la PGR que encabezaba Eduardo Medina Mora?
09 Octubre 2019 04:07:00
Si el Estado se disculpó ¿Calderón por qué no?
Prudencia política o precaución para evitar verse envuelto en una protesta de jóvenes universitarios, el caso es que, parafraseándolo a él mismo, “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México decidió declinar ayer a la invitación para asistir hoy como ponente a un Seminario de Derecho en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, luego de las protestas y manifestaciones de rechazo a su presencia en esta universidad, en cuyas puertas fueron brutalmente asesinados, en 2010, los estudiantes de excelencia, Jorge Mercado y Javier Arredondo, a manos de miembros del Ejército que participaban en la “guerra contra el narco” declarada por el expresidente en su sexenio.

Entre la dimensión que tomó el llamado de estudiantes a firmar en internet para rechazar a Calderón en el campus, con más de 25 mil personas apoyando la petición, y la defensa que hizo la directiva del Tec, que mantuvo la invitación bajo el argumento de la “libertad de cátedra” y el respeto a la “libre expresión de las ideas” en sus instalaciones educativas, lo que finalmente orilló al exmandatario a cancelar su ponencia fue la declaración de la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, quien apoyó las expresiones de los estudiantes en solidaridad con su hijo y su compañero que fueron ejecutados por soldados que los confundieron con presuntos narcotraficantes a las puertas de su universidad.

“¿Felipe Calderón no tiene memoria o ya se le olvidó lo que le hizo al país?”, se preguntó la señora Mercado en una declaración ante los medios en Monterrey. “Gracias a Dios los muchachos sí tienen memoria y están luchando. Aunque no conocieron a Jorge y Javier; me sumo a la petición de los muchachos que no quieren la visita de Calderón al Tec de Monterrey”, declaró Rosa Elvia Mercado.

Después de los comentarios de la señora, el expresidente mandó una carta al Tec de Monterrey donde le agradece la invitación, pero anuncia su decisión de no presentarse al seminario. “Su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que se suspenda mi visita. Para mí es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, argumentó Calderón.

Lo más rescatable de la carta es que pide reunirse con los padres y familiares de Javier y Jorge “para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado”. Será muy interesante ver ese encuentro entre el expresidente que dio la orden al Ejército de salir a las calles a librar una “guerra sin cuartel” contra el crimen, en la que hubo miles de vidas de civiles mexicanos inocentes, considerados “daños colaterales” por su Gobierno.

Y la gran incógnita es si en ese encuentro con los padres de Jorge y Javier, Calderón tendrá la humildad de disculparse por el brutal asesinato de los dos estudiantes de excelencia a manos de soldados comandados por él y de reconocer que fue su decisión y su política de seguridad la que metió al país en una espiral de violencia, muerte y dolor que todavía hoy, en plena cuarta transformación, no puede resolver el presidente López Obrador y su Gabinete de seguridad.

Si el Estado mexicano ya se disculpó y reconoció ante sus familiares la ejecución brutal y extrajudicial de esos dos jóvenes estudiantes a manos del Ejército mexicano ¿por qué no lo haría Felipe Calderón?

08 Octubre 2019 04:03:00
Elba Esther, cerca de su partido, pero lejos del sindicato
Con una fuerza menguante dentro del magisterio nacional, donde su organización Maestros por México, apenas llega a representar al 10 o 15% del total de los maestros, y lejos de la fuente de recursos que le representaba la dirigencia sindical, Elba Esther Gordillo ya no es para nada la otrora poderosa lideresa del magisterio. Sin el apoyo del Gobierno del presidente López Obrador –donde no la vetan, pero tampoco la quieren ver de nuevo empoderada– cada vez se aleja más el sueño de recuperar el control del sindicato que perdió en 2013 cuando su antiguo aliado, Enrique Peña Nieto, ordenó su detención y encarcelamiento.

Hoy sin una plaza activa como maestra y sin tener al corriente el pago de sus cuotas sindicales, Gordillo Morales no cumple los requisitos estatutarios para aspirar a cualquier cargo de dirigencia en el SNTE y, aunque no quita el dedo del renglón de buscar ser candidata a la Secretaría General en un proceso abierto, la realidad es que eso se ve cada vez más lejano. Primero, porque ella ya no tiene la fuerza suficiente dentro del sindicato para intentar recuperar lo que siente que le arrebataron injustamente; y segundo: en el sindicato magisterial no están pensando en un proceso nacional en estos momentos, y quizás no antes de 2024, porque por un lado no tienen la capacidad ni económica ni logística para organizar una elección por voto directo en la que participarían más de 2 millones de maestros de todo el país, y que incluso el INE ya les dijo que no puede organizarla “porque no tiene facultades legales” para intervenir en un proceso sindical, y por el otro el periodo para el que fue electo el actual dirigente, Álvaro Zepeda, concluye hasta el último año del actual sexenio.

Ante ese panorama y ante la realidad de que su liderazgo ya dejó de ser un factor de poder real dentro del SNTE, a Elba Esther Gordillo no le va a quedar más que concentrarse en lograr el registro de su partido político, Redes Sociales Progresistas, porque ese sería el único lugar, si logra cumplir con todas las asambleas y acreditar todos los requisitos ante el INE, donde podría hacer política en el ocaso de su carrera política y sindical. Así lo ven incluso en la SEP y en el Gobierno de López Obrador en donde, aunque dicen que no ven “ni bien ni mal” un posible “regreso de la maestra”, tampoco la ven con la fuerza suficiente para pelear en estos momentos el control del sindicato.

“No es lo mismo operar con todos los instrumentos de poder y los recursos económicos que representa el control del SNTE que hacerlo desde fuera del sindicato. Ella tiene su corriente sindical, pero no es un grupo fuerte en estos momentos en el magisterio. Es más probable que logre el registro de su partido y que se dedique a hacer política desde ahí, con un partido pequeño pero bisagra, a que tenga posibilidades de volver a dirigir el sindicato”, comenta un alto funcionario del Gobierno lopezobradorista.

El único problema ahora es que, en el equipo promotor de Redes Sociales Progresistas, acaba de producirse un rompimiento entre la maestra Gordillo y su yerno Fernando Yáñez González con Juan Iván Peña Neder, el exfuncionario de Gobernación en el sexenio calderonista y quien es el creador de la marca y de la mayor parte de la logística sobre la que se armó el proyecto de la nueva fuerza política. El pleito estalló por un desaire de Elba Esther a la esposa de Juan Iván, Lizette Clavel, diputada del PT en el Congreso de la CDMX, y ahora los elbistas intentan sacar a Peña Neder del nuevo partido, pero este amenaza con quitarles el nombre de RSP y la mayoría de asambleas que él operó en buena parte de la República, y pondría en riesgo la realización de las asambleas que faltan para obtener el registro del partido ante el INE.

Es decir, que en una de esas la maestra a la que el SNTE ya se le fue de las manos, ahora se le complica también su nuevo juguete, perdón, partido político. A menos que desde las alturas, con tal de que ya se olvide de sus sueños de regresar a controlar el magisterio, le den una “ayudadita” y le resuelvan no solo cualquier pleito interno, sino también el aval de los consejeros para su RSP que suena, al menos fonéticamente, como su única opción de “reanimación política”.
07 Octubre 2019 04:07:00
Una mujer, pero no una ‘incondicional’ para la Corte
Será hasta que la Suprema Corte le notifique oficialmente de la existencia de una “vacante”, lo cual ocurrirá una vez que el Senado acepte formalmente y por mayoría simple de sus integrantes la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a integrar la terna que mandará a los senadores para el nombramiento del nuevo ministro o ministra.

Todas las apuestas y las opiniones apuntan, tanto en el Poder Judicial como en la sociedad civil, a que, por un tema de equidad de género, el Ejecutivo optará por mandar una terna exclusivamente integrada por mujeres.

Se garantizaría así la llegada de una nueva ministra a la Corte, aunque también son muchas las voces que, sin dejar de reconocer la facultad exclusiva y constitucional que tiene el Presidente, piden que los perfiles de quienes proponga López Obrador garanticen no sólo la experiencia, capacidad y reconocimiento que deben tener las o los candidatos que integren la terna, sino sobre todo la cualidad acreditada de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Y es que en el actual contexto, tras el cisma que representó la renuncia histórica de un ministro como Medina Mora, claramente opositor y adverso a la llamada 4T, parecería un despropósito y hasta un grave error político que el presidente López Obrador repitiera, como ya lo hizo en los dos nombramientos que le tocó hacer para la Corte, perfiles de juristas no solo cercanas, sino abiertamente militantes comprometidas con su partido y con su movimiento político.

Ese es el caso de las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz, que han sido ya dos veces rechazadas por el Senado, por su inocultable simpatía y militancia política con la “cuarta transformación”.

¿Podría el Presidente repetir en la nueva terna a las dos juristas? Sin duda que podría, es su decisión y su facultad unipersonal; pero pretender que sea una de ellas la que resulte electa por el Senado sería no solo una ofensa a los senadores, que ya en dos ocasiones se las regresaron por no cumplir con los criterios de autonomía e independencia que deben privar en los integrantes de la Suprema Corte, sino que representaría un error político monumental.

Porque si López Obrador cae en la tentación de mandar nuevamente una terna formada por mujeres u hombres incondicionales y políticamente comprometidos con su Gobierno, le daría la razón a quienes han visto en la renuncia de Medina Mora un golpe político a la Corte y un intento del Ejecutivo por someter y controlar al máximo tribunal y dominar así al Poder Judicial federal, y no un tema de corrupción de un ministro investigado y que utilizó su cargo para hacer negocios y para operar políticamente para el grupo que representaba, que es lo que hasta ahora ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y lo que indaga la Fiscalía General de la República.

De la decisión que tome el Presidente y de los nombres y perfiles que ponga en su terna, dependerá cómo quiere que se recuerde y se interprete el hecho histórico de la caída, por renuncia, de un ministro de la Corte: si como un acto de combate a la corrupción que rompió paradigmas y confirmó que el cambio en contra del mal uso de los cargos públicos es real y va para todos los poderes y niveles de Gobierno, o como un “manotazo” presidencial contra un “ministro conservador” y de derechas que le estorbaba en sus afanes de control autoritario de todos los poderes del Estado. ¿Cuál de las dos versiones querrá Lópe




05 Octubre 2019 04:06:00
Objetivo Peña: primero cayó su abogado, ahora su juez
El cerco en torno al expresidente Enrique Peña Nieto se va estrechando. La estrategia gradual de la 4T para investigar y castigar la escandalosa corrupción del pasado sexenio ha sido cuidadosamente jurídica, pero también maquiavélicamente política.

Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas, pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.

Así, lo que ha ido haciendo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular -paso a paso y casi por manual- el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio.

Medina Mora, a quien orillaron a renunciar tras haber documentado en investigaciones de Hacienda y de la FGR sus extraños manejos financieros y los “negocios” que instrumentó siendo ministro de la Suprema Corte, era el principal operador del grupo para los asuntos judiciales e interlocutor con los jueces. Su cuestionado nombramiento avalado por la mayoría senatorial del PRI y del PAN en 2015, al que Peña Nieto se aferró entonces contra viento y marea, formaba parte de un plan de protección a futuro en el que el ministro operaba y lideraba un ala de la Corte para empujar y cuidar asuntos que afectaran los intereses o a los mismos integrantes del grupo.

Por eso fue que Medina se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas de personajes como Alejandro Quintero, el publicista que manejó las dos campañas de Peña, primero como gobernador y luego como presidente, y al que la Unidad de Inteligencia acusó de haber financiado y producido el documental Populismo en América, junto con su hermano Jesús Quintero, por lo que en marzo le fueron bloqueadas sus cuentas financieras por Hacienda; o también ayudó a Juan Collado, el abogado del grupo peñista al que le facilitó desbloquear momentáneamente un par de cuentas antes de que lo detuvieran, a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que le permitió a Collado sacar en dos días casi 10 millones de euros de sus cuentas, antes de que se las volvieran a bloquear.

Con ese engrose, que publicó por cuenta propia, Medina Mora pretendía sentar un precedente y eventualmente buscar una jurisprudencia para complicar el bloqueo de cuentas bancarias para que solo pudiera hacerse mediante una orden internacional y enviada previamente a un juez del país, algo con lo que se blindaría a muchos de los exfuncionarios y políticos del anterior Gobierno que pudiesen verse involucrados o investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que buscaba el ministro era revertir el mecanismo de intervención y bloqueo de cuentas financieras que durante todo el sexenio de Peña Nieto utilizaron para armar desde Hacienda las principales acusaciones y casos judiciales como el de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y otros que fueron acusados y procesados con evidencias obtenidas a través del trabajo de la UIF.

Al final, en todos los casos por corrupción que hasta ahora han armado, documentado y consignado en el actual Gobierno lopezobradorista, la constante es que todos, de algún modo y con toda la intención, conectan hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Es evidente que no hay prisa y que tal vez falten todavía varios políticos y colaboradores importantes del sexenio anterior que serán investigados en la estrategia anticorrupción que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación. Pero lo que es un hecho es que, tarde o temprano, cuando lo tengan todo muy bien armado o cuando políticamente más lo necesiten, veremos la culminación de todo este trabajo jurídico y político, en otro hecho histórico que, igual que los que se han ido dando, sacudirá a la política y a la opinión pública nacional: el primer expresidente acusado y eventualmente procesado por delitos de corrupción en el país.

Dos exgobernadores en capilla
En el mismo tema del combate a la corrupción de gobiernos anteriores, en la Fiscalía General de la República están muy avanzados dos expedientes por diversas irregularidades y desvíos de recursos contra dos exgobernadores: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, y Graco Ramírez Garrido, de Morelos.

Ambos casos están en proceso por razones y delitos que tienen que ver con corrupción, a partir de denuncias que se formularon desde los estados y en las que han participado directamente los gobernadores actuales, tanto de Morelos como de Veracruz. Porque, más allá de las pruebas de presuntos desvíos y manejos financieros irregulares que les documenten a los dos exmandatarios, en los dos estados está claro que una acusación contra Yunes y contra Graco, no obedece solo a compromisos que hicieron en campaña Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, sino también a que proceder en contra de sus antecesores es para los dos gobernadores de la 4T, en estos momentos, casi una urgencia de sobrevivencia política por los cuestionamientos que los dos enfrentan por la situación de descomposición e ingobernabilidad de sus estados.

Así que, en el caso de Yunes, ya se dio el primer paso con la destitución del fiscal, para quitarle el blindaje jurídico que se había asegurado el exgobernador, de tal modo que ya pueden proceder en su contra, como muy probablemente lo harán en fecha próxima.
Mientras que en el caso de Graco, se están terminando de documentar expedientes por varios casos de irregularidades en su Gobierno, y ahí entran en juego no solo las denuncias del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su urgencia por darle a los desesperados morelenses la cabeza de su antecesor, sino también la animadversión histórica del inquilino de Palacio Nacional que hace poco, a propósito de una visita del Gobernador morelense para pedirle apoyo de la FGR para procesar las denuncias y expedientes de corrupción en el sexenio anterior y su queja de que un funcionario federal las obstaculizaba, les hizo un comentario a todos sus colaboradores cercanos: “No quiero que le abran la puerta del Palacio a Graco. No lo quiero metido aquí”. ¿Lo querrá metido en otro lado?...

Los dados mandan escalera doble. Buena semana.
04 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué renunció el ministro Medina Mora?
Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su renuncia al cargo para el cual todavía le quedaban 11 años del periodo de 15 años para el que fue electo por el Senado en 2015. El escrito de renuncia del ministro, de acuerdo con el Artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tendrá que ser aceptado por el Presidente de la República y luego enviado al Senado para su aprobación.

La carta de renuncia de Medina Mora, que fue presentada al ministro presidente Arturo Zaldívar, representa un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Suprema Corte y, aunque no aduce razones específicas para explicar su decisión, han transcendido dos razones de fondo en esta renuncia: a) un tema médico familiar, luego de la muerte de su esposa hace unos meses; y b) las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras han hecho en cuanto a sus recursos financieros y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales en esta columna le dimos cuenta el 5 de junio pasado.

Sobre las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, a pesar de su supuesta buena relación con las autoridades británicas y estadunidenses, luego de que el ministro fuera embajador de México en ambos países, fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda confirman que los dos gobiernos han seguido enviando información financiera sobre las cuentas del funcionario judicial a las autoridades mexicanas.

Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, aseguran que la estrecha relación para combatir la corrupción que existe entre la FGR, la UIF y el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera, ha permitido documentar y fortalecer el expediente judicial sobre los manejos financieros del ministro. Pero tampoco ayudó mucho a Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio el publicista y exvicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde 2006 y hasta la pasada elección de 2018, se le ubica como el operador de las “campañas negras” contra Andrés Manuel López Obrador.

Una vez que la UIF congeló las cuentas de Quintero, el ministro operó para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del Cisen en el pasado, Alberto Bazbaz, y el exconsejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez. Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA, el equipo de Quintero-Medina exhibió en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en EU.

Por eso fue que empezó a llegar a México y al Gobierno federal la información de las cuentas bancarias de EU y la Gran Bretaña, de las que el funcionario judicial nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes.

A las autoridades también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de las transferencias nunca cuadró con lo reportado en sus declaraciones patrimoniales.

El ministro también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios “negocios” no sólo detonó investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber subido un engrose de la Segunda Sala de la SCJN para descongelar cuentas bancarias, antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el Seminario Judicial. Esta publicación irregular, que hizo el 31 de mayo, permitió que en el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, pudiera casualmente mover 10 millones de euros de sus cuentas. Un mes después de aquella operación que le facilitara el ministro Medina Mora, Collado sería arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad.

Así fue como la polémica historia del exdirector del Cisen, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador General de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como “sospechosas” por otros gobiernos.

03 Octubre 2019 04:04:00
¿Ingenuidad o irrealidad en la 4T?
Ni la ocurrencia de los “cinturones de paz” formados por miles de burócratas capitalinos, ni la amenaza presidencial de acusar “a los malcriados con sus papás y sus abuelos para que les jalen las orejas”, sirvieron para evitar que ayer grupos de jóvenes encapuchados provocaran desde pintas, hasta destrozos y vandalizaran calles y edificios. Tuvo que ser finalmente la policía antidisturbios de la Ciudad de México la que, entre toletes, escudos, golpes y empujones, encapsulara a los grupos de estudiantes más radicales, para evitar que causaran daños mayores durante las movilizaciones conmemorativas de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Bastaron 20 minutos de marcha pacífica para que los grupos de jóvenes con la cara cubierta sacaran los sprays y amenazaran a los trabajadores del Gobierno de la CDMX, para que las “cadenas humanas de paz” se disolvieran a los primeros empujones y los más de 10 mil trabajadores enviados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a realizar labores de vigilancia para la que no han sido capacitados, se abrieran para dejar que los estudiantes escribieran en muros y cortinas sus consignas, mientras algunos lanzaban piedras, proyectiles y bombas molotov en contra de los grupos de policías que, como era de esperarse, comenzaron a repeler las agresiones y a intentar aislar y encapsular a los estudiantes, deteniendo incluso a varios de ellos.

Para esa hora, pasadas las 5 de la tarde, entre el humo y el caos que invadió la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, los burócratas rompían filas y huían despavoridos; los más valientes eran pintarrajeados o despojados de sus camisas blancas con la leyenda “2 de octubre no se olvida”. En el barullo de la protesta y el vandalismo desatado, nadie recordaba -y si lo hacían era solo para mofarse- el mensaje que por la mañana les mandara “a los que se tapan la cara, se encapuchan y hacen estos actos” el presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Qué les diría yo? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos; porque estoy seguro que sus abuelos, las mamás y los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja o sus zapes”.

Al final lo ocurrido ayer en los 51 años de la represión brutal de Tlatelolco, demuestra que no es ni con ocurrencias “buena onda”, ni con absurdos “regaños moralinos” como se puede contener a grupos con expresiones violentas. Para decirlo claro y concreto: si las autoridades de la Cuarta Transformación, tanto las de Palacio Nacional como las de la Ciudad de México, creen que van a reinventar y a reemplazar las funciones primarias e históricas del Estado, que son garantizar la seguridad de la población administrando y ejerciendo el monopolio de la fuerza pública, para cambiarlo por ideas y ocurrencias, que por más bien intencionadas y pacifistas que sean, confunden con “represión” el ejercicio de su autoridad y su obligación primordial como Gobierno de imponer el orden y evitar el caos, lo único que conseguirán transmitir es una imagen de gobernantes débiles, timoratos e ingenuos.

Nadie en este país quiere que vuelva la represión brutal ocurrida el 2 de octubre de 1968; pero, respetando el derecho a la protesta, a la manifestación libre de ideas y la libertad de expresarse, tampoco nadie quiere que cada marcha conmemorativa de una fecha histórica o de una causa importante para cualquier grupo de la sociedad, termine en caos, vandalismo y ataques a negocios, personas y a la propiedad pública y privada. Si eso no lo entienden los inquilinos del Palacio Nacional y su vecina del Palacio del Ayuntamiento, los gobiernos de la 4T terminarán cambiando su intención loable de no ser vistos como “represores” para ser tomados por los grupos sociales más radicales e incluso por los criminales, como simpáticos “buena onda”, pero también peleles ocurrentes.
02 Octubre 2019 04:05:00
Morelos y Veracruz: rescatando a gobernadores ineptos
Desde Palacio Nacional salió la orden de ayudar a dos de los gobernadores que, aunque reconocen ya como “una carga política negativa” para la 4T, decidieron rescatarlos para evitar un colapso en sus estados. A Cuitláhuac García en Veracruz y a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, se les está apoyando con todo desde la Federación con una estrategia que incluye el envío no solo de la Guardia Nacional para enfrentar la grave inseguridad, sino la intervención directa del Gabinete de seguridad para lograr la detención y de-sarticulación de células del crimen organizado que estaban amenazando incluso la gobernabilidad en ambos estados.

La instrucción fue directa del presidente López Obrador: apoyar a los dos inexpertos mandatarios estatales se volvió un tema de prioridad en las reuniones diarias del Gabinete de seguridad en donde se lleva un seguimiento puntual de la situación particular de Veracruz y Morelos, y se coordinan operativos que están permitiendo la detención de líderes del narcotráfico y la desarticulación de grupos ubicados como “generadores de violencia”.

Parte de esos operativos, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, fueron las detenciones ocurridas en las últimas semanas en Morelos, a partir de la aprehensión de Santiago Mazari “El Carrete”, líder de Los Rojos, el pasado 2 de agosto en Guerrero y posteriormente la captura también de su hijo, Alexis Oswaldo “N”, así como de los principales operadores de la organización criminal que domina buena parte de Guerrero y Morelos.

En el caso de Veracruz, además del envío de la Guardia Nacional y de los operativos federales, también se decidió desde Palacio Nacional, después de la masacre de Coatzacoalcos, armar una estrategia para ir directamente contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le abrieron varias investigaciones en la Fiscalía General de la República por acciones irregulares en su breve Administración, las cuales están avanzando y podrían generar pronto órdenes de aprehensión.

Pero, para intentar la detención de Yunes, no sólo arman a detalle los expedientes judiciales, sino que antes decidieron echar a andar una estrategia muy parecida a la que implementaron en el caso de los peñistas acusados de corrupción Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, a los que antes de girarles órdenes de aprehensión, primero detuvieron al abogado Juan Collado, que sería el encargado de coordinar su defensa legal. Lo mismo hicieron en Veracruz para empezar la “cacería jurídica” contra Miguel Ángel Yunes: primero destituyeron y acusaron al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, que era el encargado de blindar jurídicamente al exgobernador y a todo su grupo político. Una vez removido, ahora sí procederán en cualquier momento contra el “intocable” Yunes Linares.

Así, a pesar de que el Presidente y sus colaboradores más cercanos saben y reconocen que tanto Cuitláhuac García como Cuauhtémoc Blanco son dos gobernadores fallidos la orden presidencial fue tajante: se les tiene que rescatar a los dos, al menos hasta que legalmente se pueda nombrar a un sustituto sin que se tenga que convocar a elecciones en los dos estados, y en espera de que su ineptitud e incapacidad no haga crisis y afecte a Morena en las elecciones intermedias de 2021. Ni hablar, no a todos los gobernadores y estados se les da el mismo trato desde Palacio Nacional: prioridades son prioridades.
01 Octubre 2019 04:04:00
El dilema en Morena: institucionalizarse o morir
La crisis del partido en el poder se está agudizando ante la imposibilidad de sus dirigentes de ponerse de acuerdo en algo tan básico como el método para renovar su dirigencia nacional. En Morena en este momento, ante la ausencia intencional de su líder fundador y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, están en la orfandad. Su situación se parece más a la de una familia que, al faltar el padre y no haber un testamento para repartir, los hijos comienzan a pelearse por la ambición y la avaricia de ver quién se queda con la casa y los bienes, y en su pleito corren el riesgo de perderlo todo.

Los morenistas no se ponen de acuerdo ni en el padrón de militantes, ni en el método para procesar su sucesión interna. El Presidente ha tomado distancia y lo que está viviendo Morena es la descomposición típica de un partido de corte caudillista, ante la ausencia de la figura central que los formó; el partido está huérfano de “línea” y todos se sienten con el derecho de ocupar el liderazgo que dejó el Presidente; a pesar de sus llamados a la cordura y a la mesura, eso ya se convirtió en una batalla campal de todos contra todos.

En este momento, lo que sucede en el partido gobernante va más allá de una simple disputa interna. Lo que se está definiendo no es solo el nombre de quién dirigirá al partido a partir de noviembre próximo, sino si el perfil del nuevo liderazgo y la forma en que esto se procese, le dan al lopezobradorismo la posibilidad de contar con un partido político institucionalizado y civilizado, capaz de conducir la “transformación” a la que los ha llamado el Presidente y darle continuidad a su proyecto de Gobierno.

Los intereses y ambiciones internas han hecho que se desoiga la sugerencia presidencial de detener la confrontación interna y evitar un proceso interno que los desgastara recurriendo al método de las encuestas, que siempre ha utilizado Morena, para elegir a su nueva dirigencia. La que se sintió en desventaja con el tema de las encuestas fue Bertha Luján, porque sabe que su nivel de conocimiento está muy por debajo de los otros aspirantes; ella pide elecciones en convenciones de delegados, porque trae de su lado la operación de las bases territoriales de los servidores de la Nación, que coordina Gabriel García Hernández. Esa estructura es la que apoyaría a la actual presidenta del Consejo Nacional, que perdería en un sondeo ante el resto de los aspirantes.

Y como los estatutos internos tampoco son totalmente claros sobre si se puede elegir a un dirigente a través de las encuestas, como sí se puede elegir a candidatos a puesto de elección, ahora lo que se propone es un “método mixto” que combine las encuestas con una elección interna por voto de delegados. Lo más lógico sería modificar los estatutos e introducir claramente las encuestas como método para la dirigencia, pero para ello se tendría que convocar a un Congreso Nacional, algo que sería más laborioso y costoso en este momento; ante ello la solución que están dando es que se levanten primero tres encuestas nacionales para ver quién sería el candidato mejor posicionado y ese resultado se lleve a convenciones, en donde se valide con el voto de los delegados, de tal forma que se cumpla con el procedimiento estatutario y se eviten futuras impugnaciones al método de elección.

El otro gran problema, por el que prácticamente se descartó ya una elección abierta y por voto directo de militantes, es que Morena, como todos los demás partidos, no tiene un padrón de militantes totalmente confiable y validado por el INE. Hay en este momento dos padrones, el de Yeidckol, que cerró en 2015, y otro que se actualizó y cerró en 2017. El primero es el que quiere utilizar Polevnsky porque es el que tiene ella controlado, y el segundo es el que quiere utilizar Bertha Luján porque en ese ya se incluye a los servidores de la Nación, la estructura territorial que está de su lado. El problema es que ninguno de los dos tiene el aval del INE.

El tiempo apremia para que Morena defina ya cómo va a elegir a su nuevo dirigente en noviembre y si el resultado de esa elección será respetado y aceptado por todos los grupos y corrientes internas que se disputan el partido. El gran riesgo que en estos momentos corre el proyecto político del presidente López Obrador, y que ya se dijo con total claridad, es que si Morena no logra institucionalizarse y resolver civilizadamente sus disputas internas, el actual partido no le va a servir al Mandatario para concretar su proyecto de gobierno. Él ya tiene una nueva estructura territorial, más allá de Morena, que se llama los “servidores de la Nación”, y que está desplegada por todo el territorio nacional.

Esa podría perfectamente ser la base de un nuevo movimiento político que sustituyera a su actual partido si este no logra civilizarse e institucionalizar sus procesos internos. El único problema es que ya no le alcanzaría el tiempo de aquí a las elecciones de 2021 para dar forma y vida a un nuevo partido y el gran riesgo es que si Morena se colapsa y no supera sus disputas tribales, podría perder la mayoría en las elecciones intermedias y la mayoría en la Cámara de Diputados, además de retroceder en los estados y municipios en las próximas elecciones.

Para ponerlo en un contexto histórico, lo que le está pasando a Morena es lo que en su momento vivió el PRI en sus orígenes. Cuando nació como Partido Nacional Revolucionario, el viejo partido venía de un movimiento de caudillos que resolvían sus disputas de poder por la vía de las armas, entre los antiguos generales y militares revolucionarios. En 1928, Plutarco Elías Calles, en un discurso que dio en la Cámara de Diputados, delineó lo que en ese momento necesitaba el movimiento que había ganado la Revolución Mexicana: “Hay que orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un solo hombre, a la de nación de instituciones y de leyes”.

Eso aplica hoy, con todas sus diferencias y proporciones y en otro contexto histórico, para el movimiento político y social que representa Morena y que ganó abrumadoramente el poder en 2018 para plantear una “transformación nacional”. ¿Quién será el Plutarco Elías Calles de Morena? ¿Habrá un líder que pueda hacer esa transición obligada? Sin eso, Morena difícilmente va a sobrevivir. Y ya recibió la primera llamada en las elecciones locales de 2019, cuando ya sin el presidente en la boleta, perdió cerca de 60% de su votación, comparada con las elecciones de 2018 en los mismos estados donde acudieron a las urnas en junio pasado. La advertencia de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue más que clara: o se institucionalizan o los dejará morir y les quitará hasta el nombre.
30 Septiembre 2019 04:02:00
García Cabeza de Vaca se lanza contra la 4T
Con un expediente abierto en la Fiscalía General de la República que investiga la presunta infiltración del crimen organizado en su Gobierno y con una petición de desaparición de poderes en su estado, presentada por la mayoría de Morena en el Senado de la República, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se lanzó contra la cuarta transformación del presidente López Obrador.

Sin mencionar nombres, el mandatario panista acusó al Gobierno federal de violentar la soberanía de su estado y de castigarlo con recortes presupuestales al campo y a los alcaldes, al tiempo que arengó a los tamaulipecos a “iniciar una lucha” para que les devuelvan el dinero que aportan “para mantener a la República”, pues dijo que “después de la Ciudad de México, Tamaulipas es el estado que más aportaciones da al Gobierno federal con 275 mil millones de pesos; eso es lo que vale Tamaulipas”. Y con la voz entrecortada por el coraje, llamó a sus correligionarios panistas a “no rendirse, ¡aquí nadie se rinde, aquí vamos a enfrentar a aquellos que han atentado contra la soberanía de Tamaulipas! que lo entienda y lo entiendan bien, Tamaulipas es un estado libre y soberano, aquí mandan los tamaulipecos, con Tamaulipas no se juega”, dijo entre gritos Cabeza de Vaca en la reunión en la que el PAN estatal festejó el sábado pasado los 80 años de su partido en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Justo el sábado, mientras el Gobernador arengaba con gritos y amenazas a sus correligionarios panistas en contra del Gobierno federal, aparecieron en Reynosa, su tierra natal, narcomantas dirigidas a él y su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, en las que presuntos integrantes del Cártel de Golfo acusan que les dieron “apoyo de millones de pesos, a través del comandante Toro”, para su campaña y se dicen ahora traicionados y atacados por “el grupo de delincuentes del CAIET”, con la amenaza de que “nos veremos pronto por que no se nos olvida nada”. Al Centro de Análisis, Información y Estudios de la Policía de Tamaulipas pertenecen los más de 20 agentes que han sido acusados de haber secuestrado y asesinado, con ejecuciones extrajudiciales, a ocho jóvenes, cuyos cuerpos fueron utilizados para fingir un “montaje” de un presunto enfrentamiento con el crimen organizado, de los cuales sólo siete han sido acusados y son buscados por la procuraduría Estatal.

Mientras tanto en Victoria, Cabeza de Vaca defendía los niveles de seguridad en su estado y aseguraba que en la Federación “les duele” reconocerle el avance en ese tema. “Les duele mucho, cuando el mismo Secretariado Ejecutivo del SNSP les dice que Tamaulipas está en el número 20 y hoy en día está en semáforo verde. Y son sus propios datos, yo no tengo otros datos, son los de ellos”, gritaba. “Cómo les duele cuando les hacemos ver que somos el estado fronterizo más importante, reconocido por propios y extraños, menos por ellos. Cómo les duele cuando les decimos lo que estamos avanzando. Y cuando acabamos de dar a conocer en el más reciente informe de la semana pasada, lo que contribuye Tamaulipas para sostener a la República. Es el segundo estado que da más aportaciones al Gobierno federal, solamente por debajo de la Ciudad de México, 275 mil millones de pesos, eso es lo que vale Tamaulipas, eso es lo que hace para mantener a la República. De cada peso que damos solo nos regresan 14 centavos y esperan que el Gobernador se quede callado, se equivocaron, se los voy a recordar todos los días”, amenazaba.

Por lo pronto, el Gobernador ya convocó a una reunión de los mandatarios panistas en la que pedirán revisar las fórmulas con las que Hacienda y el Gobierno federal asignan las partidas presupuestales y los recursos a cada estado de la República. Está claro que el panista no se va a dejar y que se siente amenazado por las investigaciones federales. La pregunta es qué tanto estará investigando la FGR sobre el crimen organizado y sus vínculos con el Gobierno estatal.
28 Septiembre 2019 04:06:00
En la UNAM sí habrá reelección
Con la convocatoria emitida esta semana, la UNAM se enfila hacia la reelección del rector Enrique Graue. No se ve en estos momentos ningún otro candidato que pueda hacerle sombra y el médico tiene ya el apoyo de todos los grupos de poder, tanto de la burocracia universitaria, como del poder político y gubernamental que, aunque por muy distintas razones, lo ven todos como la “mejor opción” y apuestan por la continuidad en la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Tras algunos escarceos y luego de haber sondeado el ambiente, Morena y el Gobierno federal decidieron no apoyar ni impulsar a ningún candidato y le dieron su respaldo a Graue Vilches, porque confían en que, una vez reelecto, el rector les abrirá espacios clave en la Universidad y, al fortalecerse, podrá tomar distancia o incluso romper con su antecesor, José Narro Robles.

Incluso el exrector Narro, con el peso importante que tiene en la Junta de Gobierno, apoya la reelección porque confía en que Graue le va a respetar la red de funcionarios cercanos a él que operan en todos los ámbitos de la vida universitaria. Y la derecha de la UNAM, que representa el exrector José Sarukán, quiere que el rector se reelija porque creen que les garantiza “la defensa de la autonomía universitaria”, y que puede mantener a raya a Morena y al binomio Narro-PRI.

Con todos esos apoyos en la bolsa, todo indica que Enrique Graue conseguirá con facilidad los 15 votos dentro de la Junta de Gobierno y será reelecto, muy posiblemente por unanimidad, para ocupar un segundo periodo como rector. Su problema vendrá cuando tenga que cumplir sus compromisos con grupos tan disímbolos y hasta confrontados. Tendrá que hacer malabares para tener contentos a tirios y troyanos dentro de la UNAM y eso nunca ha sido tarea fácil.


¿Continuidad vs Eficacia?

Si los criterios con los que decidirá la Junta de Gobierno se basan principalmente en las conveniencias y los intereses de los grupos de poder dentro de la Universidad Nacional –con los que Graue ha sido hábil para mantener puentes– eso no significa que la reelección garantice criterios de eficacia y de que el actual rector continuará en el cargo porque cumplió con todo lo que ofreció durante su primer mandato.

El actual rector tiene varios pendientes en los que avanzó muy poco dentro de sus propios compromisos. El primero, y más grave, es el que tiene que ver con la inseguridad y la violencia que padece la comunidad universitaria, no solo en CU, sino en los distintos planteles e instalaciones. El incremento de casos y denuncias por temas de inseguridad se agudizó en los últimos cuatro años y, a pesar de marchas, protestas y de discursos con compromisos públicos tanto de la Rectoría como de las autoridades de la Ciudad de México, los universitarios sufren en sus propios planteles muerte, disparos, violaciones, acoso, robos, amenazas, venta de drogas y otros lastres, todo con un alto grado de impunidad. Los terrenos e instalaciones universitarias no han escapado a la crisis de seguridad que vive la capital y toda la República; la zozobra y el temor son ahora parte del ambiente y el paisaje de la UNAM, ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales y universitarias, para bridar seguridad en sus territorios autónomos.

La gobernabilidad y el orden dentro de la Universidad son otro de los pendientes que arrastrará a su reelección el rector Graue. Desde hechos tan particulares como que no haya podido cumplir su promesa de liberar el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, que bajo el nombre impuesto de “Auditorio Ché Guevara”, sigue bajo el control de un puñado de fósiles y delincuentes que cobran derecho de piso a los comerciantes de la zona y vende y trafican todo lo traficable, hasta la presencia de porros y encapuchados que, intermitentemente aparecen en CU para causar destrozos y romper con protestas y reclamos pacíficos de los estudiantes. Aquí se han publicado denuncias de estudiantes universitarios, sobre todo del CCH, que señalan directamente a Jaime Vázquez, alto funcionario de la Secretaría de Atención, como responsable de la operación de grupos porriles y anarcos que son utilizados para azuzar y presionar constantemente lo mismo a las autoridades que a la comunidad universitaria. También en esta columna se ha dado voz a la denuncia de estudiantes del CCH que solicitan la destitución del director general de esos colegios, Benjamín Barajas, a quien señalan como promotor de la inestabilidad y de movimientos inducidos en los distintos planteles universitarios como una forma de presionar y confrontar a las autoridades de la UNAM.

Para cerrar, otro de los pendientes que se autoheredará Graue Vilches es uno, que aunque puede parecer banal le importa mucho a los universitarios: la situación del Club Pumas de futbol, que amén de sus malos resultados futbolísticos durante la rectoría de Graue, se habla en CU de las malas decisiones futbolísticas y empresariales, además de los “manejos turbios” que se atribuyen a Rodrigo Ares de Parga, quien tiene una relación muy cercana con el rector.

Lamentablemente parece que ninguno de esos temas pesarán en la decisión y el voto de los 15 conspicuos integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM que se apresta a iniciar un proceso de selección que ya parece tener, al menos hasta ahora, una definición clara a favor de la reelección del actual rector. Veremos si en el mes y medio que falta para que en la primer quincena de noviembre salga “humo blanco” en Ciudad Universitaria, cambian en algo las condiciones y si surge alguna candidatura que desafíe el alineamiento de las fuerzas y grupos que hoy están a favor de la continuidad. Si eso no ocurre, entonces ya podría adelantarse una felicitación al rector Graue por su casi segura reelección, aunque lo que él mismo se heredará será una “bomba de tiempo” si su segundo periodo resulta como el primero.


¿Rebelión en el PRI?

Fue solo un saludo que no llegó, pero en la escuela de formas y símbolos del viejo régimen, muchos le atribuyeron un significado más grave. El que el Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, nieto del Grupo Atlacomulco, haya pasado por alto saludar y agradecer al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno, por su asistencia a su segundo informe de Gobierno el martes en Toluca, desató toda clase de lecturas en la clase priista: desde que Del Mazo marcaba distancia del líder nacional, hasta que había un distanciamiento o una ruptura entre los dos políticos. Porque si por algo se caracteriza la clase política mexiquense, es por ser cuidadosa en extremo de las formas políticas, por lo que muchos no creyeron que se tratara de un simple descuido o un olvido por parte del Mandatario del bastión más importante que le queda al priismo nacional. Lo que empezó siendo casi una especulación, comenzó a cobrar sentido cuando lo ocurrido en Toluca se relacionó con la noticia que, dos días antes, un periódico de la CDMX publicó sobre la existencia de una investigación en la Fiscalía General de la República en contra del dirigente del PRI, Moreno Cárdenas, por un presunto “enriquecimiento ilícito”.

Al principio muchos pensaron que la filtración de dicha investigación federal, a partir de una denuncia del también priista Ulises Ruiz, era un “mensaje” enviado desde la cuarta transformación al líder partidista por temas como su discurso crítico al Gobierno o incluso a la posibilidad de alianzas electorales con el PAN en 2021.

“No nos van a callar…Quienes pretendan dividirnos se encontrarán con un partido fuerte…No permitiremos intimidaciones ni revanchas políticas que busquen silenciarnos”, respondió en Twitter el mismo Moreno Cárdenas, en una clara respuesta al Gobierno federal.

Pero un día después, el lunes, el mismo presidente López Obrador confirmó la existencia de una investigación de la FGR, pero se deslindó de cualquier persecución o mensaje político: “No somos como los anteriores gobiernos que usaban a la Procuraduría para perseguir a los opositores, para fabricarles delitos”, dijo el Presidente. Y entonces, si la filtración de la denuncia no fue del Gobierno, ¿quién quiso golpear al líder priista? Y ahí es donde el asunto toma tintes de un “fuego amigo”, pues según se sabe, fue un personaje cercano a Coahuila el que filtró el documento que habla de la existencia de una carpeta de investigación en la FGR contra Moreno Cárdenas. ¿Será que grupos y liderazgos internos del priismo, incluso aliados, quieren desgastar al actual dirigente y le mandan mensajes lo mismo en la prensa que en los informes de Gobierno? Es pregunta, pero sí mueve las aguas dentro del PRI…

Los dados mandan Escalera doble. Semana completa.
26 Septiembre 2019 04:06:00
Ayotzinapa, el principio del fin
Cinco años se cumplen hoy de uno de los casos judiciales más complejos, viralizados, politizados y emblemáticos de la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 13 años. El secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo evidenció en su momento la gravedad de la podredumbre, descomposición y colusión entre gobiernos y el crimen organizado, sino que se convirtió en la pesadilla de dolor para decenas de padres que desde entonces claman -igual que otros muchos miles de padres de familias mexicanas- por conocer el cruel destino y el paradero de sus hijos, y representó también, políticamente, el principio del fin del Gobierno y la figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Aquella noche triste de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, las balas disparadas por los policías locales que detuvieron los camiones donde viajaban los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, no solo rompieron vidrios, metales y huesos; también hicieron añicos la imagen del “Salvador de México”, Peña Nieto, que apenas seis meses antes aparecía en la portada de la revista estadunidense Time, con una foto de cuerpo entero.

Las imágenes de jóvenes golpeados, heridos, sometidos y apilados en camionetas, que fueron entregados por las autoridades que debían protegerlos a los sicarios de Guerreros Unidos -ante la mirada pasiva y complaciente de militares del Ejército Mexicano-, combinadas con la indolencia y la torpeza de un Gobierno federal que confundió y trató el tema como “un asunto local”, fueron el comienzo de una avalancha política que terminaría arrasando a la administración peñanietista.

Cinco años después, con casi la mitad de los presuntos asesinos materiales acusados y procesados puestos ahora en libertad por jueces extremadamente garantistas, seguimos sin saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta masacre. Y seguimos haciéndonos casi las mismas preguntas de hace cinco años: ¿Quién dio la orden de detener, levantar, secuestrar y asesinar a los estudiantes?, ¿Quién es el Patrón al que tanto se refieren en las comunicaciones telefónicas grabadas y transcritas de aquella noche? ¿Qué relación tiene en todo esto el apellido Figueroa, de los caciques históricos de esa región de Guerrero? ¿Cuál fue el motivo real por el que decidieron masacrar y desaparecer a los 43 normalistas? ¿Dónde terminaron sus restos? ¿Qué papel jugó en todo esto el tráfico de goma de opio y heroína desde el sur mexicano a los Estados Unidos? ¿Por qué el Ejército no actuó en defensa de los jóvenes atacados, a pesar de que presenciaron cómo eran perseguidos y heridos varios de ellos? ¿La Policía Federal por qué no actuó al conocer del secuestro masivo?

¿Cuántos de ellos fueron quemados realmente en Cocula y cuántos asesinados en otros lugares?

Si se quiere llegar al fondo, tendrán que empezar por ser realistas con los padres de los normalistas y, sin negarles el derecho a la esperanza, demostrarles de manera fehaciente cómo fue que sus hijos fueron asesinados y sus restos desaparecidos o escondidos en distintos puntos de Iguala.

Lo peor que podría hacer el Gobierno lopezobradorista y el fiscal Gertz es alimentar “falsas esperanzas” y expectativas irrealizables para los doloridos padres y para toda una sociedad. Llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa es un imperativo primero legal y luego moral para cerrar una herida que lleva cinco años abierta y supurando…

Los dados mandan doble serpiente. Descendemos.
25 Septiembre 2019 04:03:00
Los gobernadores, ¿‘fichas de cambio’ en la grilla nacional?
La última vez que el Senado de la República aplicó el Artículo 76 de la Constitución federal para declarar la “desaparición de poderes” en un estado, fue en 1975. Por órdenes del presidente Luis Echeverría Alvarez, la mayoría del PRI destituyó al gobernador de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite, quien se había revelado a los designios del centro y pretendía imponer a su sucesor, en contra de los intereses del grupo echeverrista.

El hidalguense fue el último de una lista de 62 gobernadores destituidos a través de esa facultad constitucional del Senado, entre 1917 y 1975, cuando el mecanismo funcionó como una forma de presión y represión para resolver diferencias entre la Federación y los estados, aunque también para apagar revueltas populares, rebeliones y escándalos de corrupción de los mandatarios locales.

De hecho, entre los presidentes que más desaparecieron poderes en su sexenio está el general Lázaro Cárdenas, que removió utilizando el Artículo 76 a cerca de 18 gobernadores por distintas razones. El otro presidente con más gobernadores removidos es Carlos Salinas de Gortari, quien hizo renunciar a cerca de 17, aunque en el caso salinista se trató siempre de remociones extraconstitucionales que se operaban, también por los mismos motivos políticos y de control del centro, casi siempre desde la Secretaría de Gobernación.

Después de 61 años de haberse aplicado sin una Ley reglamentaria, fue el presidente José López Portillo, quien en un intento de tomar distancia del autoritarismo de su antecesor Echeverría, ordenó la aprobación de la ley secundaria del Artículo 76 de la Constitución, en 1978, para imponer cinco requisitos para hacer más difícil la declaración de desaparición de poderes en un estado, en caso de que los titulares de los poderes constitucionales:
1. Quebranten los principios del régimen federal; 2. Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; 3. Estuvieren imposibilitados para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados por ellos mismos, que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; 4. Prorroguen su permanencia en el cargo fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para nombrar a nuevos titulares; y 5. Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los Artículos 40 y 115 de la Constitución.

Desde el último caso de Sánchez Vite en 1975, la “desaparición de poderes” solo se ha utilizado como forma de amenaza o de presión política. Hoy que el tema vuelve a ser discutido en el Senado, a raíz de que se presentarán en la última semana tres peticiones formales para aplicar el Artículo 76 en igual número de estados de la República, parece que la utilización de esta facultad constitucional no ha dejado de ser eminentemente política, aunque la novedad ahora es que ya no es la Federación amenazando a los estados, sino que la “desaparición de poderes” se invoca como una forma de resolver reyertas políticas entre partidos y fracciones en el Congreso.

Porque primero fue el PAN el que, la semana pasada, anunció que pediría “desaparecer poderes” en Veracruz para remover al gobernador de Morena, Cuitláhuac García, con el argumento de que violentó la Constitución estatal y federal al ordenar la remoción, con su mayoría en el Congreso local, del titular de un órgano autónomo del estado como era el fiscal Jorge Winckler.

Y la reacción vengativa de los morenistas no se hizo esperar. Ayer, Morena pidió formalmente la destitución no de uno, sino de dos gobernadores de Acción Nacional, al invocar la “desaparición de poderes” en Tamaulipas, donde gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusan de haber permitido la ejecución extrajudicial de 8 personas para sembrar sus cuerpos en un montaje de un presunto enfrentamiento; y el otro fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, a quien también responsabilizan de una crisis de seguridad, violencia e ingobernabilidad.

Las reacciones no se hicieron esperar y, tanto en los estados gobernados por el PAN, como en Veracruz, han surgido movimientos que defienden el trabajo de sus gobernadores, especialmente en Tamaulipas, en donde la situación de Cabeza de Vaca parece más endeble por la existencia de investigaciones federales sobre las ejecuciones extrajudiciales, que ahora involucrará a la ONU, además de que el Mandatario panista rinde hoy su tercer informe de Gobierno.

Está claro que, al menos hasta ahora, el duelo entre Morena y el PAN en el Senado parece más un tema de “venganzas y reyertas políticas”, enfocadas a la disputa electoral que se viene en 2021, que una intención real de aplicar el Artículo 76 de la Constitución.

Lo que está claro con todo esto es que en los tiempos de la 4T y su presidencialismo revitalizado, los gobernadores realmente se han devaluado en su papel político; porque pasaron de ser virreyes y mirreyes en sus estados y poderosos alfiles en el tablero nacional, para convertirse ahora en simples peones del ajedrez político y en monedas de cambio de la grilla nacional.
24 Septiembre 2019 04:06:00
No pudo con AMLO con poder, ¿podrá sin poder?
La primera vez que Vicente Fox intentó “darle en la madre” al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, tenía consigo todo el poder de la Presidencia de la República. Y, aprovechando las leyes y el respaldo del Poder Judicial, echó a andar el “desafuero”, basado en un desacato del entonces Jefe de Gobierno del DF; el resultado en aquel 2005 es de todos conocido: ni con toda la fuerza de Los Pinos el entonces Presidente pudo frenar al tabasqueño que, lejos de debilitarse con las amenazas de ser desaforado y encarcelado por no haber cumplido un fallo judicial, el embate político-jurídico del foxismo terminó por hacer crecer el proyecto político de López Obrador, ante la idea popular de que era víctima de un embate y un intento para frenarlo desde el poder.

Catorce años después, ya sin el poder, desgastado y dañado en su imagen pública por sus constantes cambios y desvaríos políticos, Fox intenta nuevamente “darle en la madre” al proyecto de Andrés Manuel.

Y el ranchero guanajuatense se propone repetir la hazaña histórica que lo convirtiera en el primer presidente de la alternancia en México; pero esta vez, en vez de “sacar al PRI de los Pinos” –al que después ayudó a meterlo de nuevo con Peña Nieto– ahora dice que su ambiciosa misión será “sacar a AMLO del Palacio Nacional”.

La primera gran duda que surge, además del poco o nulo entusiasmo que despertó en la oposición el soez llamado del expresidente, es si Vicente Fox será capaz de cometer semejante empresa política para frenar el avance de Morena y de un López Obrador, tan popular o más que el que enfrentó en 2005, en los comicios
intermedios de 2021.

No es lo mismo el Fox presidente que encabezó el “Gobierno del cambio”, que cargaba aún con la estrella de haber sido el primer político capaz de “sacar al PRI de Los Pinos”, que el Fox expresidente que no sólo ayudó de nuevo a meter a los priistas a la antigua residencia presidencial, sino que dilapidó su enorme capital político en los tres lustros desde que terminó su Gobierno.

Porque si con todo el poder de la Presidencia, aún en el último año de su sexenio y con el desgaste de no haber concretado los grandes cambios, ni haber desmantelado el viejo sistema priista con el que prefirió convivir y coexistir, Fox no pudo frenar ni detener el avance del lopezobradorismo y terminó, involuntariamente ayudándolo a fortalecerse, hoy se ve muy difícil, casi imposible, que al guanajuatense le alcance su desgastado liderazgo para unificar a una oposición dividida, fracturada y sumida en sus crisis internas.

En ese sentido parece muy arriesgada la apuesta del PAN y de su dirigente Marko Cortés, de confiarle al expresidente que renegó del panismo y que apoyó abiertamente al PRI, una empresa tan estratégica y necesaria para Acción Nacional, como es convocar a una gran alianza opositora en 2021, que pueda enfrentar y evitar que la hegemonía de Morena y el efecto político de los programas sociales de López Obrador arrasen con la elección de diputados federales y se lleven la mayoría absoluta en la próxima Legislatura.

Un bloque opositor en los comicios intermedios es casi un tema de supervivencia para el PAN y para el resto de las fuerzas opositoras, ¿en serio lo dejarán en manos de una figura como Vicente Fox?

23 Septiembre 2019 04:07:00
Cuauhtémoc y la crisis de gobernabilidad en Morelos
Después de la reciente visita de Cuauhtémoc Blanco a Palacio Nacional, en la que el Gobernador de Morelos se quejó amargamente por la falta de apoyo federal a su estado y hasta amenazó con dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel planteó el tema de qué hacer con la entidad morelense y con el gobernador en una reunión de su gabinete de seguridad.

Las cifras y el diagnóstico que le presentaron hablaba de un estado con serios problemas no solo de seguridad, sino también de gobernabilidad, ante la debilidad e impericia del Mandatario y la existencia de varios grupos que se disputan el control del Gobierno estatal.

Fue tan duro el diagnóstico que le presentaron al Presidente, que uno de sus secretarios planteó incluso la posibilidad de tomarle la palabra al Gobernador y buscar un proceso constitucional para aceptar su licencia y dar paso a una sustitución constitucional, aunque según la Constitución morelense, al no cumplirse aún los primeros tres años del mandato, el sustituto tendría que convocar a elecciones.

Pero la propuesta fue atajada de inmediato por el Presidente con un argumento que dejó claro que, más que la permanencia de Cuauhtémoc Blanco, lo que preocupa en estos momentos en Palacio es el efecto político que tendría su salida: “No podemos mover a Cuauhtémoc porque eso llevaría a que también salga Cuitláhuac de Veracruz”, se dijo en esa reunión, ante lo cual el tema se cerró y la instrucción fue “enviar toda la ayuda necesaria a Morelos”.

El problema para los morelenses no es sólo la inexperiencia y falta de oficio político de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino la indebida intromisión de su medio hermano Ulises Bravo Molina en asuntos públicos.

Sin tener ningún cargo que lo justifique, el medio hermano del Gobernador está generando una grave crisis en los poderes estatales, que puede conducir a un clima de ingobernabilidad.

Hay de hecho una fuerte pugna en el Gobierno en el que se reconocen dos grupos: la llamada “Banda de los Güeros” integrada por el jefe de la Oficina del Gobernador, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Aureliano Mercado; el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, y el director de Comunicación Social, Alexander Ismael Piza Metcalfe.

En el otro grupo, el que encabeza el medio hermano, Ulises Bravo, destacan el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, excolaborador cercano del exgobernador preso de Veracruz Javier Duarte; el director del IEBEM, Eliasin Salgado de la Paz, así como el director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos, el exfutbolista Efrén Hernández Mondragón, quien, según se menciona entre proveedores del Gobierno estatal, pide 20% del importe de las adjudicaciones, para entregárselas al jefe del grupo.

Mientras esto ocurre, Morelos se ubica como uno de los estados más violentos del país, con un homicidio violento cada siete horas en promedio, una entidad de alto riesgo para las mujeres, sin un proyecto consistente de desarrollo económico que impacte en la generación de empleos, en el apoyo al campo, el impulso a actividades productivas o la instalación de nuevas industrias.

En suma, con un gobernador que no gobierna, un Gabinete en pugna y la actuación irregular de familiares y allegados a Cuauhtémoc Blanco, en Morelos no solo no hay gobierno, sino que la ingobernabilida

21 Septiembre 2019 04:08:00
Una fiesta, una grabación y una llamada
Aquella cálida tarde del 18 de mayo de 2019, en el venue de Jajalpa, nadie de los encumbrados invitados del abogado Juan Collado, que celebraba la boda de su hija, se imaginó que aquella fiesta sería el principio del fin para muchos de los que estuvieron presentes.

Fue una reunión de la élite del poder del sexenio pasado en la que, en torno a la figura del abogado que los defendía a muchos de ellos, se reunieron expresidentes, ministros de la Corte, líderes sindicales, gobernadores, congresistas, juristas y toda una pléyade de poderosos que ignoraban el efecto político que aquella reunión tendría para muchos de ellos.

Porque al calor de los brindis y la celebración, cantando canciones de Julio Iglesias, nadie se percató de que había invitados que se dedicaron a grabar no solo la fiesta, sino algunas de las conversaciones sobre temas políticos que se escuchaban en aquella lujosa olla de grillos. Y no faltaron los que, sintiéndose en confianza, se sinceraron y comenzaron a despotricar sobre el nuevo Gobierno, el Presidente y su llamada “Cuarta Transformación”.

Hubo desde críticas lapidarias y comentarios soeces, hasta burlas a la nueva clase gobernante del país y a su líder, todas en voz de algunos personajes del pasado Gobierno, pero también de otros que aún ocupan posiciones importantes en la vida pública.

No pasó mucho de aquel sábado para que algunas de las grabaciones de la fiesta de Juan Collado llegaran hasta el Palacio Nacional y fueran escuchadas con atención en los despachos del poder presidencial. Algunos de los videos incluso se filtraron a la prensa el mismo lunes 20 de mayo y comenzaron a volverse virales en las redes sociales.

Las reacciones políticas y mediáticas no se hicieron esperar. El grupo reunido en aquella boda fue identificado por la gente como la “Mafia del poder” y los comentarios de cómo muchos de ellos celebraban tan campantes, mientras el presidente López Obrador decía que estaba “acabando con la corrupción y con los corruptos”, calaron fuerte en el Gobierno, que comenzó también a reaccionar no solo a aquel encuentro, sino a lo que ahí se dijo en privado, pero sobre todo al mensaje que, a querer o no, mandó la vieja élite, desplazada del poder, a los nuevos gobernantes.

La llamada a Peña
Muchas cosas se activaron después de aquella fiesta. Una de ellas, un mensaje personal del presidente López Obrador a su antecesor Enrique Peña Nieto, con quien hasta ese momento el actual mandatario había sido más que cuidadoso, al grado de que evitaba siempre mencionarlo cuando hablaba de temas de corrupción del Gobierno pasado, lo que alentaba versiones de un presunto “pacto de impunidad” con el expresidente.

A través de una llamada telefónica que salió de una oficina jurídica del Palacio Nacional, el importante mensajero transmitió fiel y comedidamente el mensaje a Peña: “El Presidente le pide, de la forma más atenta y respetuosa, que cuide su perfil, que lo baje y no se exponga”.

Pero la respuesta del mexiquense, lejos de corresponder a la cortesía política, fue seca y cortante: “¿O sea que para no molestar al Presidente yo tengo que abandonar mi vida social? Pues dígale al Presidente que tomo nota”. Y colgó.

No se sabe si Peña Nieto realmente tomó nota, pero lo que sí es evidente –por su comportamiento posterior y sus constantes apariciones en imágenes y actividades en público con su nueva pareja sentimental– es que no tomó muy en serio el consejo que le mandó el Presidente a través de un mensajero de todas sus confianzas.

Quizás el expresidente fue el único de los asistentes de aquella fiesta al que le corrieron la atención de hacerle una cortés llamada. Porque a otros, empezando por el anfitrión Juan Collado, los avisos le llegaron con formas mucho más rudas: primero de una investigación a sus cuentas bancarias y a sus negocios financieros, que lo llevó incluso a salir del país por el temor a ser detenido, y casi dos meses después de la lujosa boda de su hija, en forma de una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que desde el 10 de julio pasado lo tienen preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, junto con algunos de sus socios detenidos el pasado 9 de septiembre en San Luis Potosí.

Otra de las asistentes a esa fiesta fue Rosario Robles, a quien el 29 de julio le activaron también un citatorio para que declarara sobre el expediente judicial, abierto desde el sexenio pasado, por los desvíos millonarios de la llamada “Estafa Maestra” en Sedesol y Sedatu.

A pesar de que ella se presentó a declarar voluntariamente una semana después, el 8 de agosto, en su segunda audiencia en la que le informarían de su vinculación a proceso por el delito de omisión que no ameritaba prisión preventiva, el 13 de agosto el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, decidió consignarla penalmente y ordenó en su contra la prisión preventiva, a petición de la Fiscalía General de la República, en el Penal femenil de Santa Martha, donde se encuentra recluida desde entonces y en la que amenazan con sumarle nuevas acusaciones.

Al ministro Eduardo Medina Mora, que fue uno de los tres ministros de la Corte que asistieron a la fiesta de Collado –junto con el expresidente Luis María Aguilar y el ministro Jorge Pardo Rebolledo– le documentaron semanas después de aquel evento, transferencias millonarias a cuentas del Reino Unido y de los Estados Unidos, en una investigación que fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que corroboró que “recibimos información del Gobierno de Estados Unidos” sobre los movimientos financieros del ministro, además de que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, también confirmó la existencia de una investigación en contra de Medina Mora a petición del Senado de la República.

Muchos otros de los asistentes a aquella boda han tenido que bajar el perfil para no hacer mucho ruido. A otros, como a Peña Nieto, les mandan constantemente mensajes en las investigaciones por corrupción en su sexenio, donde su nombre aparece referido y señalado. ¿A cuántos más de los que departían alegremente aquella tarde de mayo y hablaban de más, veremos involucrados en investigaciones, acusaciones o incluso órdenes de aprehensión?

Notas indiscretas…
A raíz de un video que circuló en redes sociales, donde él mismo anuncia que a partir de enero próximo comenzarán “las elecciones por voto directo y secreto en los comités seccionales de todo el país”, el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, aclaró que él no se va de la Secretaría General del Sindicato y que lo que se va a elegir el próximo año son solo los secretarios de los 60 comités seccionales, comenzando por 26 secciones que acudirán a votar entre enero y marzo de 2020.

En el caso de su cargo de secretario general, Cepeda aclara que no habrá todavía proceso de elección, pues él fue electo para el cargo en 2018 y su gestión dura hasta el 2024. Entre las secciones no se sabe aún si lo harán por voto directo y secreto, tal como mandata la nueva ley laboral, porque hay resistencias de la Coordinadora a abrir sus procesos a una votación directa, con el argumento de que sus líderes ya fueron electos en “asambleas democráticas”.

Eso sí, reiteró el maestro Cepeda Salas, para la elección de un nuevo dirigente nacional del sindicato magisterial “aún falta” y él seguirá al frente del magisterio. Al menos hasta que no haya otra señal…

Algo raro pasa en la ya casi extinta Policía Federal que se estará quedando sin policías, pero lo que no se acaba es la corrupción. Al menos es lo que señalan dos proveedores que habían ganado una licitación de la PF en marzo pasado para abastecerla de neumáticos, tras haber presentado la mejor propuesta.

Pero extrañamente la Dirección General de Recursos Materiales comandada por Raúl Alejandro González Delgado, por medio de la Dirección de Adquisiciones a cargo de Luis Martín Rosas Navarrete, pretenden ahora anularles a la mala la licitación ganada, cuando ya estaban a punto de firmar el contrato.

El argumento para cancelar una licitación ya resuelta legalmente, es que los proveedores adjudicados “nunca se presentaron a firmar el contrato respectivo”, cuando a ambos proveedores les negaron el acceso, con todo la intención de declarar su supuesta ausencia y favorecer a quien perdió la licitación.

Parece que la escoba de la corrupción no ha llegado a esa área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a juzgar por la actitud de estos funcionarios.

Los dados mandan Escalera doble.

Semana redonda.
19 Septiembre 2019 04:02:00
Los desfiguros de Peña Nieto
A un personaje de la vieja guardia le escuché en una ocasión comentar que cuando un político termina un cargo para el que fue electo o es destituido de alguna posición, lo mejor que podría hacer, para su salud mental y política, era seguir el ejemplo del águila calva de Norteamérica y ocultarse del ojo público por una temporada. Explicaba que las majestuosas águilas de cabeza blanca, que habitan en el Norte de México y principalmente en territorio de Estados Unidos, viven hasta 70 años, pero para poder llegar hasta esa edad tienen que enfrentar un difícil proceso de cambio cuando se acercan a los 40 años.

Justo a las cuatro décadas de vida, las águilas calvas experimentan cambios físicos que las obligan a tomar una dolorosa decisión: sus uñas se vuelven flexibles y demasiado apretadas, por lo que les es muy difícil atrapar y sostener a sus presas; su pico crece tanto que se curva hacia su pecho. Sus plumas envejecen y hacen que sus alas se vuelvan más pesadas, lo que les dificulta la capacidad de volar y planear en el aire. En ese momento, el águila se enfrenta a una disyuntiva: morir, porque ya no puede cazar para alimentarse, u ocultarse durante 150 días en los riscos más altos de la montaña para pasar por un doloroso proceso de renovación. En ese tiempo, oculta en un nido cercano a un paredón, el águila empieza a golpear su pico contra la pared de rocas hasta que consigue que se le desprenda y le comience a salir uno nuevo. Una vez que el pico nuevo crezca, con él se arrancará una a una las uñas de sus talones para dar paso al nacimiento de nuevas uñas; cuando estas le crezcan lo suficiente, empezará a desplumarse ella misma, arrancándose las plumas viejas y pesadas, y solo cuando le hayan salido otras nuevas, exactamente a los 5 meses o 150 días de su ocultamiento, podrá salir de su escondite para emprender el vuelo de renovación, con el que celebra que podrá vivir al menos 30 años más, hasta cumplir el promedio de 70 años.

La anécdota que contó aquel político y que después supe también utilizan algunos sicólogos y motivadores profesionales como un ejemplo de superación y crecimiento que nos pone la naturaleza, viene a cuento por el caso de Enrique Peña Nieto. Muy lejos de la sabiduría del águila calva y de su ejemplo que suelen seguir otros políticos no solo en México sino en el mundo, el exmandatario mexiquense no esperó ni siquiera un mes antes de salir nuevamente a la escena pública, de la manera más frívola y escandalosa, con la noticia de un supuesto “nuevo amorío” con la modelo mexicana Tania Ruiz, con la que se dejó ver públicamente, a poco más de un mes de dejar la Presidencia de la República.

Desde entonces el escándalo ha perseguido al exmandatario. Primero fue su costoso divorcio con Angélica Rivera, quien ofendida le exigió millonarias prestaciones y pagos.

En realidad el romance de Peña no era nuevo, pero se manejó en la total secrecía para evitar un escándalo en la Presidencia y mantener las apariencias de su matrimonio con Rivera. Y a partir de que esta hizo público el divorcio entre ambos, los desfiguros de un Peña Nieto que se sintió libre fueron en aumento. Con el pico totalmente encorvado y las uñas inservibles, el mexiquense, lejos de esconderse en su exilio de Madrid, se dedicó a pasear por Europa al lado de su joven novia.

Hoy, como muy pocos expresidentes de México -quizás solo comparado con el penoso caso de Vicente Fox- Peña Nieto no cumple aún un año fuera del poder y su nombre no solo se ha vuelto sinónimo de escándalo y desprestigio, sino que constantemente aparece mencionado en investigaciones por corrupción y hasta en procesos penales de exsecretarios de su gabinete y exgobernadores amigos suyos que están en la cárcel o prófugos de la justicia. Al paso que va, ahora usando pelucas y disfraces para ocultarse de la gente y de los paparazzi en un lujoso restaurante de Nueva York, Enrique Peña Nieto no podrá nunca levantar el vuelo de renovación. Y si se llega a guardar, no será para cambiar de plumaje y alargar su vida política, sino en la sombra de una solitaria y fría celda.
18 Septiembre 2019 04:06:00
Cuauhtémoc y Cuitláhuac, dos gobernantes fallidos
Como si en la etimología náhuatl de sus nombres estuviera marcado su destino, Cuauhtémoc Blanco, que significa “águila que cae”, y Cuitláhuac García, “águila en el agua”, los gobernadores de Morelos y Veracruz que llegaron al poder de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y su 4T, hoy están envueltos en rumores y amenazas de caídas y de juicios políticos debido a su ineficacia y su incapacidad para gobernar y controlar la inseguridad y la violencia en sus respectivos estados.

De un lado Cuauhtémoc, quien -según versiones que le confiaron sus propios colaboradores cercanos a la periodista Martha Anaya- estuvo a punto de “tirar la toalla” y fue a Palacio Nacional a ver al presidente López Obrador para plantearle su dimisión al cargo. El Mandatario morelense, quien ayer salió a negar en conferencia y en mensajes en redes sociales su intención de pedir licencia al cargo, se queja de que no tiene apoyo del Gobierno federal, algo que él ha pedido en reiteradas ocasiones ante los hechos de violencia cada vez más graves en su estado.

No es la primera vez que el exseleccionado nacional confiesa su incapacidad para garantizar la seguridad y la gobernabilidad de su estado. Lo dijo el 8 de mayo cuando en plena Plaza de Armas de Cuernavaca asesinaron de varios disparos a quemarropa al empresario Jesús García, líder de comerciantes en la entidad, y lo repitió el 2 de septiembre cuando sicarios abrieron fuego en plena central de autobuses de la capital morelense. “Necesitamos del apoyo del Gobierno federal, nosotros no podemos solos”.

Por lo que se refiere a Cuitláhuac García, el morenista al que en menos de cuatro meses le asesinaron en dos cruentas masacres a 43 personas, la primera en abril en Minatitlán y la segunda en Coatzacoalcos en agosto pasado, las constantes defensas y espaldarazos abiertos del Presidente no han logrado revertir la imagen de un Gobernador completamente rebasado por la inseguridad y la violencia.

Cuitláhuac -que literalmente parece un águila que hace agua- enfrenta ahora una demanda de juicio político del PAN, encabezada por el senador Julen Rementería, en la que lo acusan de ser responsable de “la espiral de violencia e inseguridad y de la crisis política que se vive en su estado”. En respuesta, el Mandatario, al que una y otra vez ha tenido que acudir en su rescate el presidente López Obrador, dice, muy seguro de la protección federal de la que goza: “Que lo intenten, son libres… no me voy a amparar, y ellos están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes, no soy (Miguel Ángel) Yunes, ni (Javier) Duarte, no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro, y estamos haciendo bien las cosas”.

Uno por académico y el otro por futbolista, pero en los hechos, ni Cuauhtémoc Blanco ni Cuitláhuac García demuestran la capacidad de gobernar sus estados y de garantizar la seguridad. De no ser por el apoyo que tienen desde Palacio Nacional o de que controlan a las mayorías en sus Congresos locales, estos dos gobernantes ya hubieran corrido la suerte de los dos tlatoanis aztecas, el penúltimo y el último de los que gobernaron a Tenochtitlán, y en cuyos reinados sucumbió el gran imperio mexica, superados por las armas de sus enemigos, pero también por sus yerros, su ingenuidad y su dubitativa forma de ejercer el poder que les fue conferido.
17 Septiembre 2019 04:07:00
Grito republicano con mitin político
El primer Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió rigurosamente con todos los protocolos políticos y republicanos. Muy bien pronunciada y mejor estructurada, la proclama independentista en voz del Presidente alejó los fantasmas de sectarismo, polarización y división y mostró a un Mandatario que, muy lejos de su discurso diario de las mañaneras o sus giras por la República, entendió que sí hay algo que nos une a todos los mexicanos, por encima de signos y colores políticos o de visiones distintas y confrontadas del país, eso es la celebración de nuestra identidad e independencia de la Patria.

Hay quienes, incluso entre los más críticos del Presidente, vieron en la forma en que gritó la noche del 15 de septiembre, un punto de partida que el mismo López Obrador podría utilizar para superar divisionismos y confrontaciones entre mexicanos; para dar paso a un discurso más incluyente y conciliador y que promueva más las coincidencias que atizar las diferencias y estigmatizar las disidencias.

Llamar a los mexicanos a celebrar y exaltar no sólo a su independencia, libertad y a los héroes por todos venerados y conocidos, sino también a la democracia, a la soberanía, a las comunidades indígenas, a la insatisfecha aspiración de justicia o a la paz inexistente aún para muchos mexicanos, además de resaltar la “grandeza cultural” de México y a los “héroes anónimos”, fue una forma de recordar, tanto a sus seguidores como a sus críticos o a los que no se ubican de uno u otro lado, que por encima de las muchas diferencias y diversidades políticas, sociales, económicas, raciales, religiosas o sexuales, hay anhelos y aspiraciones mucho más grandes que esas diferencias que nos unifican, nos incluyen y nos hermanan a todos los mexicanos.

Ese fue el gran acierto del primer Grito de López Obrador. Quizá como no lo había logrado desde su primer discurso como ganador de la elección presidencial, la noche del 1 de julio, el tabasqueño volvió a hablarle a todos los mexicanos, sin distingos, sin ideologías y sin ponerles etiquetas de “fifís”, “conservadores” o “chairos”. Incluso en el hecho de aparecer solo en el balcón, acompañado apenas de su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, el Presidente también quiso distinguirse y distanciarse de desplantes o excesos familiares que eran comunes en esas ceremonias.

En donde no se observó esa misma sobriedad ni el mismo ánimo conciliatorio fue en aglomeración humana que abarrotó la plancha del zócalo. Producto del entusiasmo y la curiosidad que despertaba el primer Grito de un Presidente tan popular, la Plaza de la Constitución se llenó a su máxima capacidad y, fuera de manera planeada o espontánea, aquello derivó en una enorme concentración de personas en las que, la fiesta popular y patriótica se mezclaba claramente con el mitin político.

Desde las consignas cantadas a capela por la gran voz de Eugenia León, que volvieron canción una apología de la Cuarta Transformación, hasta los gritos que se repetían con furor antes y después de la aparición del presidente en el balcón central del Palacio: “!Sí se pudo, sí se pudo!” o “es un honor, estar con Obrador”, se volvía difícil distinguir la celebración netamente popular y la festividad patriótica (o patriotera, según se vea) de la arenga política y el fervor y culto al personaje que portaba la banda presidencial.

Al final las dos cosas fueron claramente perceptibles para todos, tanto los cientos de miles ahí presentes en el Zócalo, como para los millones que seguimos la ceremonia del Grito por la televisión. Uno y otro mensaje tienen su motivo y su sentido: el grito unificador y conciliador del Presidente, y el apoyo político y popular que se expresó al líder social que sigue siendo el Presidente. Pero si hubiera que escoger en este preciso momento cuál de los dos mensajes le sirve más al país y quizás al mismo Presidente, sin duda nos quedamos con el llamado a la unión y a la conciliación que se escuchó desde el balcón central del Palacio. A nadie sirve ni conviene seguir atizando diferencias cuando se viven tiempos tan inciertos, aciagos y complicados para la Patria.
16 Septiembre 2019 04:02:00
Morena en Jalisco: sale Lomelí ¿entra Lemus?
Después de la caída estrepitosa del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí –ahora además de despedido también vetado con sus empresas farmacéuticas en el Gobierno federal– Morena y la 4T han comenzado a buscar nuevos prospectos para la estratégica entidad jalisciense, con miras primero a los comicios de 2021 y luego a la renovación de la gubernatura en 2024.

Y en lo que parece ser la respuesta al intento del gobernador Enrique Alfaro por construir un “bloque de oposición” que enfrente a la hegemonía morenista en los comicios intermedios por la Cámara, ahora desde el partido gobernante buscan fracturar a Movimiento Ciudadano en el estado donde es más fuerte. Desde Morena han puesto en marcha una sigilosa operación para arrebatarle Jalisco al rijoso gobernador emecista y estarían hablando con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, aliado desde hace casi cinco años de Enrique Alfaro, para convencerlo de empezar una mudanza silenciosa, pero efectiva a las filas de la cuarta trasnformación.

El expresidente de Coparmex Jalisco ha tenido reuniones por separado con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo (su padrino político), con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, y con Gabriel García, el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo y jefe de los delegados en los estados.

Pablo Lemus le había pedido a Enrique Alfaro sucederle en la gubernatura, pero lo habría rechazado pues su alfil es el joven senador Clemente Castañeda, el gerente que puso al frente de la dirigencia del MC. Un indicio de que el Alcalde prepara un salto a Morena es la posición que tomó en el asunto de las Villas Panamericanas. Alfaro ordenó venderlas en un acuerdo con Lemus, pero éste último lo traicionó y usó el tema de pretexto para romper públicamente con el Gobernador al prohibir los permisos para su habitabilidad.

La trama es simple, Lemus se iría a Morena como candidato a la capital del estado en 2021 y como candidato a gobernador en 2024. Con este movimiento Lemus le daría además la puntilla a Lomelí y pondría a prueba su popularidad contra un debilitado Enrique Alfaro.

Y es que en la lectura de la 4T, Movimiento Ciudadano está muy frágil en Jalisco. Tras las elecciones federales de 2018 apenas pudo conservar su registro al haber obtenido en el cómputo final porcentajes mínimos con un 4.41% de votos en la elección para diputados federales y 4.68% para senadores.

Además, el tema de la seguridad le está haciendo crisis al gobernador emecista Enrique Alfaro.

Otro elemento es la pérdida de popularidad del Gobernador, quien mantiene una tendencia decreciente en sus niveles de aprobación en el estado.

En Jalisco se libra entonces una lucha estratégica con miras a 2021: de un lado Enrique Alfro intentando liderar una gran alianza de partidos de oposición que formen un “bloque opositor” para enfrentar a Morena y a López Obrador en 2021, y del otro lado, Morena buscando sustituir el extraviado liderazgo de Lomelí, con un nuevo prospecto para el 2024 en la persona del actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, con lo que de paso le asestarían un golpe a Alfaro y a MC en el estado. Veremos a quién le sale mejor la operación.
12 Septiembre 2019 04:06:00
¿Autoatentados y montajes en Tamaulipas?
En el Gobierno federal han iniciado una investigación, a través de sus órganos de inteligencia y de seguridad, para acreditar si algunos hechos de violencia reportados recientemente en Tamaulipas y comunicados oficialmente por el Gobierno del Estado realmente ocurrieron o si se trató de montajes, autoatentados o incluso de “ejecuciones extrajudiciales”, tal como ya lo han denunciado organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y como lo investiga también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuentes federales confirmaron que la investigación iniciada en al menos dos áreas de seguridad federal, se refiere al supuesto enfrentamiento reportado el 9 de septiembre por la mañana, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, y en donde según el parte oficial de la policía estatal se enfrentaron agentes del estado contra delincuentes, en la confluencia de las calles 7 y 10, y producto de ese tiroteo hubo ocho presuntos integrantes del cártel del Noreste asesinados, cuyos cuerpos se encontraron en una camioneta blindada en el lugar. Ese “enfrentamiento”, junto con un tiroteo ocurrido ese mismo día en contra de la Torre Bicentenario en Ciudad Victoria, que alberga oficinas del Gobierno estatal, son parte de lo que se investiga, pues se tienen serias dudas y hasta denuncias ya documentadas de que se trató de “actos falseados” por las autoridades estatales.

La hipótesis que indagan las autoridades de inteligencia federal es si, en ambos casos, se trató de “montajes” orquestados por el Gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca, con el objetivo de ejercer presión política y mediática para que la Federación autorizara el envío de la Guardia Nacional a Tamaulipas. Casualmente, dicen las fuentes consultadas, los dos hechos ocurrieron en los días previos (uno el 1 de septiembre y otro el 5 de septiembre) al arribo a la entidad del presidente López Obrador, que realizó una gira de trabajo el sábado 7 de septiembre. El objetivo de “simular” estos enfrentamientos y atentados violentos, tanto en Nuevo Laredo como en Ciudad Victoria, habría sido, dicen funcionarios de inteligencia federal, “crear un clima de inseguridad y violencia latente en el estado para ejercer presión política y mediática para que el Presidente ordene el envío de la Guardia Nacional al territorio de Tamaulipas”.

Parte de lo que sustentan las sospechas federales de que desde el Gobierno federal se hayan “montado” estos y otros hechos violentos, son las declaraciones constantes que el gobernador Cabeza de Vaca ha realizado sobre el tema. Desde que el 27 de agosto, el Mandatario panista solicitó una cita con el presidente López Obrador para tratar el tema de seguridad en su estado, la cual no le fue concedida, ha habido varias menciones del Gobernador en las que culpa directamente a la Federación de la inseguridad en su estado y, al mismo tiempo que acusa que “no está asumiendo su responsabilidad” en la prevención y persecución de varios delitos federales, “solicita y exige el envío de la Guardia Nacional al territorio estatal”.

“Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo”, dijo en un tuit Cabeza de Vaca el 27 de agosto.

Además de la indagatoria federal sobre los hechos recientes de violencia en Tamaulipas, el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó ya que en el caso del supuesto enfrentamiento del 5 de septiembre en la colonia Valles Anáhuac, los ocho presuntos sicarios del cártel del Noreste, que murieron al enfrentarse a policías estatales, fueron en realidad varios habitantes de colonias aledañas de la ciudad fronteriza que fueron asesinados en una “ejecución extrajudicial” por los mismos policías del Estado, que sembraron sus cuerpos, a los que vistieron con uniformes tipo militar y los colocaron en una camioneta blindada y baleada que, según el testimonio del conductor de una grúa, fue arrastrada desde otra colonia y sembrada también en la escena del enfrentamiento montado en las calles 7 y 10 para colocar a bordo los cuerpos de cinco hombres y tres mujeres, varios de ellos jóvenes que previamente fueron sacados por la fuerza de sus domicilios y sin orden judicial de por medio, por los mismos agentes estatales que los ejecutaron y los hicieron aparecer como presuntos sicarios del crimen organizado.

La denuncia del CDHNL ya es investigada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Ese hecho, junto con el tiroteo contra la Torre Bicentenario en Victoria, que habría sido baleada también por policías estatales para simular un atentado, son parte de lo que documenta e investigan en al menos dos áreas de inteligencia federal para saber si todo fue un montaje ordenado por Cabeza de Vaca para acusar al Gobierno federal de no asumir su responsabilidad ante la violencia en su estado y forzar el envío de la Guardia Nacional. ¿Serán capaces en un Gobierno estatal de incluso matar a jóvenes hombres y mujeres para simular enfrentamientos con motivos de presión política? Sería gravísimo. Veremos qué arrojan no solo las investigaciones de Derechos Humanos, sino la del Gobierno federal y si hay responsabilidades en delitos tan graves… Los dados repiten Serpiente. Caída libre.
11 Septiembre 2019 04:04:00
La carrera por Morena y la ventaja de Mario
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a su partido que dejaran de pelearse por la dirigencia nacional y que utilizaran el método de las encuestas para definir quién debía ser el nuevo presidente de Morena, la “sugerencia” fue tomada, literalmente, como una orden, como la “línea” que durante los últimos meses el líder real del partido gobernante no había querido dar, al decidir ausentarse de la vida y las decisiones internas de su partido.

Con su “recomendación”, que fue acatada de inmediato como método oficial para definir quién dirigirá los destinos del partido oficial con miras a las elecciones intermedias de 2021, López Obrador buscaba dos efectos específicos: el primero, poner orden ante el desgarriate y las pugnas desatadas entre grupos morenistas por la sucesión partidista, y el segundo, cortar de tajo y neutralizar una operación puesta en marcha, desde su gabinete, para que la estructura de “servidores de la nación”, los delegados estatales de Programas federales y hasta el Censo del Bienestar con un millón de beneficiarios de programas sociales, se pusieran al servicio de una de las candidatas a la dirigencia nacional, según denuncia que otros aspirantes hicieron en contra de Gabriel García Hernández, coordinador de Programas de la Presidencia, a quien acusaron de “dar línea” a los superdelegados para apoyar a Bertha Luján.

Como el Presidente no quería denuncias de uso de recursos públicos en la contienda interna de Morena, justo cuando él mismo impulsó y apoyó la ley que castiga con cárcel a quien desvíe programas y fondos gubernamentales en elecciones, tenía que ser congruente y no exponerse a que fueran los de su partido quienes violentaran esa ley y se expusieran a las sanciones. Por eso optó por el mismo método que a él le ha funcionado muy bien desde que fundó y dirigió Morena.

El tema es que al decidirse por las encuestas, en Morena casi automáticamente se inclinó la balanza a favor de uno de los candidatos, el diputado Mario Delgado, que es, al menos en el arranque, el aspirante más conocido y por lo tanto el que aparece con ventaja en los primeros sondeos. La única que se acerca al nivel de conocimiento de Delgado es la actual dirigente Yeidckol Polenvsky, quien buscaría continuar por otro periodo en la presidencia morenista, a partir del argumento de que ella nunca fue electa como presidenta, sino como secretaria general que terminó haciendo las funciones de la presidencia, aunque de cualquier modo los estatutos permiten la reelección en el cargo.

Pero la que sí se vio afectada, al menos de inicio, por el método de las encuestas, es Bertha Luján, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, y a quien muchos ubicaban como “la más cercana” a los ánimos del presidente López Obrador.

La ventaja preliminar que mantiene Mario Delgado significa políticamente que los grupos más moderados podrían avanzar en el control de Morena, por la cercanía que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro mantiene con el canciller Marcelo Ebrard y su ya conocida alianza también con el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

Así que queda mes y medio para que los aspirantes, una vez que inicie formalmente el proceso, se muevan para tratar de crecer en las encuestas y ganar la presidencia del partido gobernante, con miras a los dos retos que enfrenta: ganar el estratégico 2021 y ratificar su hegemonía política en el Congreso y en las gubernaturas, y lograr institucionalizar y civilizar su movimiento, antes de que las pugnas y pleitos de poder entre sus grupos dinamiten al partido gobernante y éste “se eche a perder”, con la amenaza de renuncia que ya les hizo públicamente el presidente López Obrador.
10 Septiembre 2019 04:06:00
Quieren armar el ‘bloque opositor’ para 2021
Arrollados en la elección presidencial de 2018, divididos por pugnas de sus grupos internos y copados por la nueva hegemonía de Morena y por la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, que los ve “moralmente derrotados”, los partidos de oposición en México están buscando negociar una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021. Lo que pretenden -y para lo que ya iniciaron los primeros contactos a nivel de cúpulas y dirigencias- es ir juntos en una coalición que represente a un “bloque opositor” sólido y con candidaturas fuertes que enfrente a la ola lopezobradorista en las votaciones para la Cámara de Diputados federal y 13 gubernaturas estatales que se renuevan ese año.

El principal objetivo que se propone la coalición es evitar que Morena vuelva a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, es fundamental para que la oposición en su conjunto pueda generar un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político.

Una de las figuras centrales que busca negociar la formación del bloque opositor es el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, que se propone invitar al PAN a ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. Si esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo buscarían incluir a otros partidos como el PRI, el PRD y hasta algunas opciones locales.

La fórmula que se trabaja con miras a ganar el mayor número de posiciones en San Lázaro, es que cada partido presente un análisis real y documentado de sus fortalezas y debilidades en los 300 distritos federales y en donde se votará por igual número de diputados. Si MC tiene posibilidades de ganar en ciertos distritos, los candidatos serían de su partido, pero si el PAN u otra fuerza tiene capacidad para ganar otros distritos, entonces las candidaturas serían para ellos.

“La idea es no generar una competencia interna que debilite y genere pugnas en el bloque opositor, sino generar solo candidaturas competitivas y con posibilidades reales de triunfo para ganarle a Morena y a López Obrador. No se trataría de un tema de cuotas por partido ni mucho menos de cuates, sino de buscar y postular solo opciones ganadoras, y de ese modo garantizar una alianza altamente competitiva para romper la mayoría absoluta del partido gobernante”, comentó la fuente consultada.

El que hasta ahora solo estén pensando en iniciar pláticas entre el PAN y MC, y no consideren al PRI, es porque aún no ven con claridad si los priistas tienen o no interés en aliarse, especialmente con el PAN. El dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido no descarta alianzas electorales “incluso con los panistas”, pero hay una versión que señala que a la actual dirigencia priista le pidieron, como “única condición” en Palacio Nacional, el que no se aliara con los panistas.

Así que hagan sus apuestas ¿habrá o no bloque opositor en 2021 y qué tanta fuerza tendrá para evitar que los morenos se queden otra vez con una mayoría absoluta que le daría al Gobierno de Andrés Manuel un control político casi total para la segunda parte de su Gobierno y para su proyecto de continuidad en 2021?

10 Septiembre 2019 04:06:00
Quieren armar el ‘bloque opositor’ para 2021
Arrollados en la elección presidencial de 2018, divididos por pugnas de sus grupos internos y copados por la nueva hegemonía de Morena y por la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, que los ve “moralmente derrotados”, los partidos de oposición en México están buscando negociar una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021. Lo que pretenden -y para lo que ya iniciaron los primeros contactos a nivel de cúpulas y dirigencias- es ir juntos en una coalición que represente a un “bloque opositor” sólido y con candidaturas fuertes que enfrente a la ola lopezobradorista en las votaciones para la Cámara de Diputados federal y 13 gubernaturas estatales que se renuevan ese año.

El principal objetivo que se propone la coalición es evitar que Morena vuelva a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, es fundamental para que la oposición en su conjunto pueda generar un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político.

Una de las figuras centrales que busca negociar la formación del bloque opositor es el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, que se propone invitar al PAN a ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. Si esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo buscarían incluir a otros partidos como el PRI, el PRD y hasta algunas opciones locales.

La fórmula que se trabaja con miras a ganar el mayor número de posiciones en San Lázaro, es que cada partido presente un análisis real y documentado de sus fortalezas y debilidades en los 300 distritos federales y en donde se votará por igual número de diputados. Si MC tiene posibilidades de ganar en ciertos distritos, los candidatos serían de su partido, pero si el PAN u otra fuerza tiene capacidad para ganar otros distritos, entonces las candidaturas serían para ellos.

“La idea es no generar una competencia interna que debilite y genere pugnas en el bloque opositor, sino generar solo candidaturas competitivas y con posibilidades reales de triunfo para ganarle a Morena y a López Obrador. No se trataría de un tema de cuotas por partido ni mucho menos de cuates, sino de buscar y postular solo opciones ganadoras, y de ese modo garantizar una alianza altamente competitiva para romper la mayoría absoluta del partido gobernante”, comentó la fuente consultada.

El que hasta ahora solo estén pensando en iniciar pláticas entre el PAN y MC, y no consideren al PRI, es porque aún no ven con claridad si los priistas tienen o no interés en aliarse, especialmente con el PAN. El dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido no descarta alianzas electorales “incluso con los panistas”, pero hay una versión que señala que a la actual dirigencia priista le pidieron, como “única condición” en Palacio Nacional, el que no se aliara con los panistas.

Así que hagan sus apuestas ¿habrá o no bloque opositor en 2021 y qué tanta fuerza tendrá para evitar que los morenos se queden otra vez con una mayoría absoluta que le daría al Gobierno de Andrés Manuel un control político casi total para la segunda parte de su Gobierno y para su proyecto de continuidad en 2021?

09 Septiembre 2019 04:05:00
La CDMX, ¿territorio del CJNG?
La presencia y tentáculos del Cártel Jalisco Nueva Generación han hecho de la Ciudad de México uno más de sus territorios y, desplazando a otras organizaciones, han llegado casi a apropiarse del narcomenudeo y a realizar aquí operaciones que van desde trasiego de drogas, lavado de dinero y hasta el contacto con grupos internacionales como el que representaban los dos israelíes asesinados el 24 de julio en Plaza Artz, con quienes los narcotraficantes mexicanos tenían tratos relacionados con la venta de drogas y de armas.

El viernes pasado, casi mes y medio después del ataque, policías ministeriales de la Procuraduría de Justicia capitalina detuvieron en Guadajalara a Mauricio Hiram, “Mawicho”, que fue el segundo que disparó contra los israelíes Azulay Alón y Ben Sutji, y que logró escapar, a diferencia de su compañera sicaria Esperanza, que fue detenida.

Lo primero que llama la atención en la captura del “Mawicho”, a quien los ministeriales siguieron la pista con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI o antiguo Cisen), es que hayan tenido que ser los policías de la CDMX y no los agentes federales de la Fiscalía General de la República, quienes detuvieran al sicario.

De acuerdo con fuentes federales, en la investigación se documentó que desde el 20 de julio, una célula del CJNG se trasladó de Guadalajara a la CDMX, bajo las órdenes de Mauricio Hiram Suárez Álvarez, quienes se reunieron con otra célula del CJNG establecida en CDMX en una casa de seguridad en la colonia Jardín Balbuena, donde planearon la agresión de los dos israelíes, a quienes tenían órdenes directas de eliminar de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del cártel.

Los sicarios sabían que Sutji y Alón, con quienes el CJNG tenía tratos y “negocios”, se reunirían en un restaurante con una mujer “güera” y solo esperaron cuatro días para tener la confirmación del lugar, fecha y hora. Una vez confirmado el lugar donde se suscitaría la reunión, las células del CJNG se trasladaron en al menos tres vehículos en caravana.

Mauricio Hiram junto con Esperanza, una mujer de su organización, tomaron una mesa al interior del restaurante después de las 3 de la tarde y ahí esperaron la confirmación de la presencia de sus víctimas, así como sus características físicas y de vestimenta. Una vez con esta información las ubicaron y esperaron la distracción planeada, la cual consistió en realizar varias detonaciones de armas largas al exterior de la plaza comercial. A las 5:20 exactamente Hiram y Esperanza se levantaron de su mesa y se dirigieron a la terraza donde se encontraban sentados sus víctimas en compañía de una mujer de cabello rubio, detonando en varias ocasiones sus armas en contra de los dos israelíes.

Fue a solicitud de la Procuraduría Capitalina que el CNI, que encabeza el general Audomaro Martínez, siguió la pista de Mauricio Hiram, a quien se ubicó en Guadalajara. La pregunta es por qué el CNI no dio la misma información a la FGR para que realizara la detención ¿o sí se la dio y a la Fiscalía ya no le interesa detener a narcotraficantes y asesinos a los que ahora el Presidente solo les pide, casi les suplica, que “se porten bien y piensen en sus mamacitas, para no hacer daño a la sociedad”? Es pregunta.
07 Septiembre 2019 04:05:00
La UNAM caliente: entre porros y encapuchados vs Anaya
En esta semana la Universidad Nacional vivió dos hechos de tensión que elevan notablemente su temperatura interna. Los ataques y vandalismos de grupos porriles por el conflicto del CCH Azcapotzalco, el martes, y ahora la irrupción de presuntos estudiantes encapuchados que cerraron el viernes la Facultad de Ciencias Políticas para protestar contra la participación como maestro en un diplomado del excandidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés, ejemplifican muy bien cómo la proximidad de la sucesión en la Rectoría está calentando el ambiente y cómo manos oscuras e intereses ocultos empiezan a meterse a los terrenos universitarios, con miras a buscar algún tipo de influencia o injerencia en la decisión que habrán de tomar en noviembre los 15 integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Ninguno de esos hechos parece aislado y es muy probable que falten todavía por ver más intentos de grupos no visibles para agitar y desestabilizar a la comunidad universitaria. Lo primero que se piensa es que hay quienes quieren golpear y debilitar al rector Enrique Graue, que como todo apunta, se encamina hasta ahora sin competencia interna hacia la reelección de su mandato.

Pareciera que la lógica que mueve a esos grupos y sus burdos ataques es que si no pueden impedir que Graue se reelija, porque no tienen a ningún candidato fuerte que le haga frente, entonces desde ahora intentan debilitarlo para que, aunque logre su reelección, quede como un referente débil a quien desde el Gobierno federal o desde cualquier otro grupo político o de interés, puedan manipular y ningunear.

Y en ese afán cualquier pretexto es válido. Primero fue el aniversario de la golpiza porril a los alumnos del CCH Azcapotzalco, que hace exactamente un año cimbró a la UNAM, a su comunidad y a la misma Rectoría que vuelve a ser objeto de ataques, agresiones y actos de vandalización, mientras se reviven las mismas demandas que desde hace más de un año esgrimían los estudiantes inconformes de Azcapotzalco con una larga carta que esta semana le enviaron al doctor Enrique Graue, en la que acusan al director general del CCH, Benjamín Barajas Sánchez, igual que lo hicieron en su movimiento de 2018, de ser el responsable de los problemas en los colegios de Ciencias y Humanidades y de las agresiones que han costado las muertes de cuatro estudiantes.

Los alumnos insisten en que Barajas no solo ha hecho de la dirección del CCH su centro de poder y corrupción, sino que además lo señalan como autor de “una campaña de guerra sucia” en contra de la Rectoría del propio Graue.

CONTRA ANAYA ¿MIEDO O INTOLERANCIA?
El otro pretexto que esta semana utilizaron los grupos desestabilizadores de la UNAM fue el inicio, programado para el viernes, de un diplomado sobre Política Mexicana Contemporánea, en el que está anunciada la participación, como maestro, de Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, junto con otra veintena de profesores, investigadores, políticos y académicos invitados a ser parte de los cursos que se anunciaron desde hace casi dos meses.

La toma tan organizada de la Facultad de Ciencias Políticas, por parte de un grupo de presuntos estudiantes “encapuchados”, que cerraron las instalaciones universitarias para exigir que se desinvitara al exdirigente panista, no parece un acto totalmente espontáneo y más bien suena a otro pretexto para sembrar la tensión y el conflicto en la Universidad Nacional y de paso en la ruta de Graue Vilches rumbo a la reelección.

Porque desde hace casi un mes el propio Ricardo Anaya, anunció con un mensaje en sus redes sociales que había sido invitado a participar en ese diplomado y celebró la invitación que le hacía la FCPyS y no hubo en todo ese tiempo ninguna protesta o manifestación de rechazo a la participación del panista.

Fue hasta el lunes, cuando en esta misma columna mencionamos que el viernes se produciría el regreso de Anaya Cortés a la actividad económica, como un primer paso para un futuro regreso político el próximo año, cuando Ricardo podría buscar una diputación federal o una gubernatura en el 2021, cuando comenzó a haber reacciones de intolerancia y agresión en las redes sociales, donde grupos identificados como bots de la 4T, se fueron con todo en contra de la reaparición del político queretano, a quien defendieron sus simpatizantes, provocando como resultado que el tema de la columna del martes 3 de septiembre, se volviera “Trending Topic” en Twitter y fuera retomado por medios impresos y de internet.

Por eso el viernes, al ver la forma en que puntualmente desde antes de iniciar las clases, un grupo de encapuchados que se asumen como alumnos, tomaron las instalaciones de la FCPyS para impedir, según ellos, el ingreso de Ricardo Anaya y exigir que se le retire la invitación a participar en el citado diplomado, lo único que se puede interpretar de esta reacción de presuntos estudiantes, son dos cosas: la primera que es una más de las acciones que lleva intención de provocación y debilitamiento a la Rectoría de Graue, y la segunda, que sería aún más delicada, que en la Universidad Nacional están surgiendo expresiones de intolerancia e intentos de uniformar y censurar el pensamiento y la libre expresión de las ideas, y del conocimiento en la que se precia de ser la casa máxima de estudios del país, abierta a todas las corrientes de pensamiento y, por encima de cualquier ideología política, abierta a la universidad y la diversidad de las ideas. Para que quede claro, por encima del interés de afectar al rector Graue y su aparente ya planchada reelección, ¿alguien le tiene miedo a Ricardo Anaya y su regreso no solo a las aulas sino a la política, o solo se trata de la peligrosa intolerancia autoritaria en tiempos de la 4T? Que conste que solo es pregunta.

NOTAS INDISCRETAS… Ahora que a Rosario Robles le crecen las acusaciones y se le van los abogados y hasta los amigos, es muy probable que la extitular de Sedesol y Sedatu pierda la dureza y la lealtad que le caracterizaba y, como muchos otros peñistas que fueron de la cúpula más alta del sexenio pasado, termine por ya no solo hablar, sino despotricar contra el expresidente al que, varios peñistas de los más leales, hoy acusan de haberlos “abandonado y traicionado” y le reprochan, con decepción y hasta con ira, que “mientras él se sigue exhibiendo y dándose la gran vida con su novia por los mejores lugares de España y Europa”, a varios de sus excolaboradores más cercanos aquí los están acosando, cazando y encarcelando. Esta semana que Santiago Nieto –convertido en el “verdugo inclemente” de los peñistas– anunció la existencia de al menos dos acusaciones y denuncias más contra Rosario, relacionadas con operaciones desde la Sedesol y la Sedatu vinculadas a la Estafa Maestra y basadas en las denuncias de irregularidades que documentó el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, hasta los abogados de la exjefa de Gobierno del DF, decidieron hacer mutis y, con el argumento de la “precariedad” en que se encuentra, decidieron abandonar la defensa de la señora Robles.

Y pensar que unos meses antes de que la detuvieran y la encarcelaran con artimañas legales, cuando se presentó voluntariamente a declarar, la expoderosa exsecretaria, que andaba entonces fuera del país, llamó a un amigo suyo para decirle que cómo veía las cosas, y su interlocutor en esa llamada le aconsejó “ya no regreses al país, quédate por allá porque van a ir sobre ti”. Y ella, que entonces estaba todavía envalentonada y se juraba inocente, le dijo lo mismo que les repetía a los medios: “Yo voy a ir y voy a dar la cara, porque no tengo nada que esconder”. Y dio, no sólo la cara, sino su libertad cuando la mandaron al reclusorio femenil de Santa Martha en donde hoy, todas las tardes, a doña Rosario se le escucha lamentarse y comenzar a entonarse, como quien quiere animarse a cantar y a contar todo lo que ella sabe del sexenio pasado. ¿Será que se echa un do de pecho?...

En los últimos jaloneos para definir, el jueves por la noche, la Presidencia de la Mesa Directiva, fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el que se opuso a que Marco Adame la encabezara, tal como lo pedían Morena, PRI, MC y los demás partidos. Desde el miércoles la mayoría morenista, apoyada por los priistas y Movimiento Ciudadano, habían pedido como una “figura de consenso”, que el CEN del PAN propusiera a Adame, por ser con quien transitaban todos los partidos, pero Cortés, al parecer por un temor de que el exgobernador de Morelos le hiciera sombra desde San Lázaro a su cuestionado liderazgo, prefirió insistir hasta el cansancio en su propuesta de la diputada Laura Rojas, y con la bandera de la equidad de género, le pidió a Marco Adame que aceptara repetir en la presidencia y apoyara a su compañera Rojas, lo que finalmente sucedió para dar paso a la presidencia de la panista. Ni hablar, cada quien sus miedos y sus banderas…

Los dados mandan doble escalera.

Semana redonda.
05 Septiembre 2019 04:02:00
Adame, el panista que quiere Morena
La de anoche fue una muy larga noche en San Lázaro. Las diferencias internas entre los panistas impidieron que ayer mismo se votara y aprobara a Marco Antonio Adame como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM le dieran el visto bueno a la propuesta del exgobernador de Morelos y actual vicepresidente de la Cámara, con cuyo nombre incluso transitaban el PRI y MC.

El problema es que en el CEN panista de Marko Cortés no querían ceder a las presiones de Morena, que rechazó ayer en dos ocasiones las propuestas enviadas por la dirigencia nacional, que por estatutos es la encargada de proponer los nombres de los diputados panistas que van a encabezar la Mesa Directiva el próximo año. La primera propuesta, con Laura Rojas como presidenta, fue rechazada porque los morenistas impugnaron al diputado panista Ricardo Villarreal, “El Chícharo”, para la vicepresidencia, a quien acusaron de estar vinculado al escándalo de los “moches” en la legislatura 58, cuando él y su hermano, Luis Alberto Villarreal, fueron acusados de pedir comisiones a alcaldes a cambio de asignarles recursos del presupuesto para obras. Luego, en un segundo intento, el PAN sacó a Villarreal y metió a Adolfo Torres, que también fue rechazado por Morena.

Fue entonces, ya por la tarde, cuando en la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Mario Delgado, se puso sobre la mesa el nombre de Marco Adame para la presidencia y Morena aceptó de inmediato, igual que lo hicieron PRI, MC, PT y PVEM. Pero el problema vino cuando el coordinador de la bancada blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, pidió el aval del CEN del PAN para que Adame encabezara la propuesta y en la dirigencia nacional se trabara la propuesta. Aunque en la bancada había acuerdo, en la cúpula panista se oponían a que fuera desde Morena donde se “sugiriera” o se “impusiera” a quién debían proponer los panistas, además de que el nombre del exgobernador de Morelos y actual vicecoordinador de la Mesa Directiva no tenía el consenso de todos los miembros del CEN.

Hasta pasada la media noche los contactos, las llamadas y las reuniones seguían entre San Lázaro y la sede nacional del PAN en la colonia Del Valle para definir la composición de la nueva planilla que será presentada hoy jueves en la sesión de las 11 de la mañana. Además del nombre de Marco Adame, también se buscaba consensuar la otra propuesta del PAN para la vicepresidencia y varios nombres más de panistas, a lo largo de los cabildeos de anoche fueron rechazados por Morena.

“No es posible que Morena pretenda decirnos quién sí y quién no podemos proponer en el PAN. Eso es como meterse en la vida interna del panismo; la decisión de a quién proponemos para la Mesa es exclusiva de la dirigencia del PAN y de sus diputados, no de Morena ni de sus dirigentes o coordinadores”, decía anoche una fuente del CEN blanquiazul, que confirmaba que la negociación seguiría “a morir” durante toda la noche. Veremos si en el transcurso de la madrugada o esta mañana hay “humo blanco” y se evita una crisis constitucional en la Cámara de Diputados con la designación de la nueva mesa directiva que, todo indicaba anoche, sería encabezada por el panista Marco Adame.

NOTAS INDISCRETAS…No cabe duda de que, si se trata de pasar a la historia, Porfirio Muñoz Ledo lo está logrando. Primero con su gesto político con el que se desistió de ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero luego con su expresión de ayer que lo confirma como figura polémica de la política. “Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan”, dijo Porfirio ante el micrófono llamando la atención de diputados. Luego, sin tomar en cuenta que el micrófono seguía abierto, se volteó hacia su compañera Dolores Padierna y soltó en voz baja, pero en un muy claro francés que registró no solo el micrófono sino el video que grababa la sesión: “Chinguen a su madre, qué manera de legislar”.
04 Septiembre 2019 04:04:00
Un gesto de congruencia frenó a los duros de Morena
La decisión tomada por Porfirio Muñoz Ledo de retirarse de la presidencia de la Mesa Directiva evitó que estallara una crisis política mayor en la Cámara de Diputados y abrió paso a posibles acuerdos y entendimientos entre la mayoría de Morena y sus aliados y la oposición, que anoche estaban negociando una posible salida legal y política para la gobernabilidad de la Cámara.

Porfirio demostró con esto que, en el ocaso de su muy larga trayectoria, no exenta de episodios polémicos, pero también poblada de luchas y faenas en favor de la democracia, le importó más ser recordado como el político inteligente que desoyó el canto de las sirenas y prefirió rechazar seis meses más en una presidencia, a ser calificado de “espurio”, de autoritario o incongruente con lo que él siempre peleó como opositor contra el sistema.

Tuvo que ser un gesto de congruencia como el de Muñoz Ledo, el que de paso evitara, por lo menos hasta hoy, la tentación autoritaria de los grupos más duros y radicales de Morena que, desoyendo incluso a López Obrador, pretendían imponer su mayoría.

Tras el rechazo de Morena a la postulación de Xavier Azuara para presidente, que fue incluso desechada en votación, y de que él mismo decidiera hacerse a un lado, es muy probable que, si no vuelven a imponerse los grupos más radicales de la bancada morenista y del PT, hoy miércoles se anuncie y se vote la nueva Mesa Directiva que podría encabezar la diputada panista Laura Rojas.

Si eso ocurre la operación de los grupos más moderados del oficialismo, en particular del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y también del senador y coordinador morenista Ricardo Monreal, se habría impuesto para desactivar una rebelión de los “duros” en San Lázaro y atender la “recomendación” desde Palacio Nacional.

Porque según varios testimonios de diputados y senadores de Morena que estuvieron en la reunión privada del pasado jueves con el presidente López Obrador, este les pidió expresamente respetar los acuerdos y cumplir con la ley.

Porfirio Muñoz Ledo había dicho en la víspera que él no era ningún “ambicioso reeleccionista” y que si aceptó quedarse en la presidencia terminado el periodo para el que lo eligieron, fue “solo por cinco días y porque así lo votó la mayoría que me eligió no solo a mí sino a toda la Mesa Directiva”. Y parece que esta vez don Porfirio sí cumplió su palabra, porque en Palacio Nacional hay quien asegura que cuando López Obrador iba a tomar protesta el 1 de diciembre de 2018, Muñoz Ledo le pidió “un favor especial” para que le permitiera presidir la Sesión General de Congreso de aquel día en el que tomaría protesta el Presidente: “Yo ya estoy cansado, me voy a morir pronto y quiero tener el honor de ser yo quien te imponga la banda presidencial.

Yo estaré un mes en la presidencia y me voy”, le dijo el diputado al presidente electo y Andrés Manuel, que como casi todos en Morena tiene en un nicho especial al histórico promotor de la Corriente Crítica y del Frente Democrático Nacional, aceptó sin pensarlo.

Muñoz Ledo, se quedó todo un año en la presidencia porque así se lo pidieron; pero ahora, tentado a aceptar quedarse otro medio año, al final mostró estatura política al retirarse con dignidad.

Veremos hoy en qué termina la crisis en San Lázaro, provocada por las pugnas internas de Morena entre los grupos radicales y los más moderados.

¿Quién se impone esta vez, los políticos o los duros? y ¿por cuánto tiempo más Morena, con sus pleitos, venganzas y reyertas entre tribus y facciones internas, seguirá siendo la mayor fuente de conflicto, desgaste, tensión e inestabilidad política para AMLO?…

Lanzamos el tiro. Capicúa de los dados.
03 Septiembre 2019 03:50:00
El regreso minado de Ricardo Anaya
Reconocido oficialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como víctima de una campaña negativa por “uso parcial de recursos” de la extinta PGR del presidente Enrique Peña Nieto, y exonerado por la misma procuraduría antes de su desaparición en diciembre de 2018, Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, prepara su regreso a la política en activo en los próximos meses, luego de un largo silencio en el que se mantuvo tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2018, en las que, de acuerdo con el fallo de los magistrados electorales de mayo pasado, fue afectado en su campaña por el “uso indebido de recursos públicos que alteraron la equidad de la contienda”.

El primer paso para su regreso será la academia, luego de que la UNAM lo invitara a impartir cátedra en un diplomado sobre Política Contemporánea que inicia este viernes 6 en la Facultad de Ciencias Políticas, según informó él mismo en sus redes sociales. Pero el siguiente paso que tiene previsto el excandidato y exdirigente panista, es volver a hacer presencia y trabajo político activo en su partido con miras a buscar una candidatura a un cargo de elección popular en el 2021.

Según comentan allegados al llamado “joven maravilla”, Anaya se plantea dos opciones para su regreso político definitivo a partir del próximo año: la primera sería ser candidato a diputado federal y la segunda buscar ser candidato a la Gubernatura de Querétaro.

Hasta ahí todo pinta bien para Anaya, que ni legal ni políticamente tiene impedimento alguno para volver a hacer política y a buscar cargos de elección, e incluso sigue teniendo una presencia importante en las posiciones partidistas a través de políticos de su grupo que controlan áreas estratégicas del PAN como el dirigente nacional Marko Cortés, una buena parte de los integrantes del CEN y varios senadores y diputados de las bancadas blanquiazules en el Congreso.

Sin embargo hay un tema que aún obliga a Anaya a manejarse con tiento y a no acelerarse. Porque en la Fiscalía General de la República se maneja información de que, a pesar de la exoneración pública que hiciera la antigua Seido, en un comunicado firmado el exsubprocurador, Alonso Israel Lira, el 28 de diciembre de 2018 por el delito de lavado de dinero, todavía quedan abiertas algunas partes de aquel expediente judicial que se le abrió al excandidato presidencial y esos expedientes ahora son parte de las investigaciones que la PGR de Peña Nieto heredó al fiscal Alejandro Gertz Manero. Y aunque nada indica, por ahora, que el fiscal Gertz o el Gobierno de López Obrador tuvieran interés en retomar una indagatoria contra Anaya, sobre todo a partir del fallo del TEPJF, los abogados del queretano aún tratan de cerrar cualquier resquicio legal y judicial en contra de su representado.

Veremos pues si Anaya puede volver a ser una figura política de primer nivel en el PAN y si, el liderazgo y el control que hábilmente construyó en el panismo, aún a costa de excluir y golpear a otros grupos tradicionales del panismo, puede volver a retomarlo en un escenario político muy distinto al del sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde el joven diputado Anaya Cortés pasó de ser un “consentido y cercano” de Los Pinos y de figuras del peñismo como Luis Videgaray y el mismo expresidente, a convertirse después, por diferencias y traiciones políticas, en un “aborrecido traidor” y perseguido por el grupo político mexiquense, entre otras cosas porque se negó a cumplir un pacto para renunciar a su candidatura para apoyar al candidato del PRI en 2018, José Antonio Meade.

02 Septiembre 2019 03:58:00
AMLO confirma ruta y golpea a sus adversarios
Nadie esperaba algo distinto en el mensaje del Presidente con motivo de su Primer Informe, aunque sí hubo algunas novedades que, sin ser totalmente sorpresivas, marcaron diferencia con sus antecesores. Porque si bien el discurso de hora y media fue una reiteración de los mismos conceptos ideológicos que el Presidente ha repetido durante sus 9 meses de Gobierno, el mensaje más claro y contundente que salió del Palacio Nacional es la confirmación de que Andrés Manuel López Obrador, congruente y firme hasta la necedad en sus convicciones, seguirá conduciendo en la ruta que él ha trazado para la “Transformación” del país: con proyectos, acciones, programas, cambios y decisiones, que aunque no siempre tengan total respaldo ni en la técnica ni en la economía y a veces tampoco en la realidad, seguirán adelante porque son su visión personal de lo que México necesita.

Es como si el capitán del barco, con las aguas agitadas, decide no solo confirmar la ruta porque está convencido de que él no puede estar equivocado y, confiado en su infalibilidad, dice a los pasajeros y tripulantes: “Voy derecho y no me quito. La turbulencia y algo de tempestad es porque estamos avanzando en una nueva ruta, pero estoy seguro de que los voy a llevar a buen puerto”. De paso, a aquellos que se dicen aterrados “nerviosos y fuera de quicio” porque no confían en el capitán, los llama conservadores “que están moralmente derrotados” y les minimiza como sus opositores que “no han podido crear un grupo o facción” que amenace su autoridad para conducir el agitado barco.

Esa fue una de las novedades mayores en un informe presidencial: que el Presidente utilizara la tribuna de un “mensaje a toda la nación” para atacar y denostar a sus “adversarios” al declararlos, “moralmente derrotados” y, parafraseando a Juárez, una “reacción” cuyo triunfo es imposible.

La otra sorpresa fue una mención directa, con agradecimiento incluido, a empresarios. El primero y más importante, Carlos Slim, a quien ni siquiera los mandatarios más neoliberales que ayudaron e impulsaron al ingeniero hasta convertirlo en el hombre más rico de México, le dedicaron nunca una mención tan elogiosa en un informe presidencial.
Los otros dos empresarios aludidos fueron Carlos Salazar, el casi militante de la 4T desde el Consejo Coordinador Empresarial, y un Antonio del Valle que, aunque es impensable ubicarlo a la izquierda, hoy representa el reencuentro de Andrés Manuel con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Fue un primer informe que se propuso ser tan distinto que se autonombró “Tercero”. Y que cambió paradigmas como el manejo solemne del lenguaje y el uso de los datos técnicos, cifras y porcentajes habituales en ese tipo de discursos, que este domingo fueron sustituidos por conceptos y definiciones ideológicas.

Al mismo se enumeraban leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, fraude electoral y austeridad republicana, se vendía como logro haber “detenido la caída de la producción petrolera” que aún no aumenta, pero lo hará en diciembre.

Pero al final, aunque distinto en las formas y los estilos, el mensaje terminó siendo igual que los de sus antecesores: autocomplaciente y carente de autocrítica y a veces hasta insensible. Porque si bien el tema de la inseguridad y la violencia fue reconocido como el único con “no buenos resultados” y como un “desafío”, tampoco hubo una mención, aunque fuera simbólica ya no de los 20 mil muertos de los últimos tres trimestres, sino de los 29 mexicanos brutalmente asesinados en Coatzacoalcos.

En fin, que fue la reconfirmación de que López Obrador no sólo ve un pueblo “feliz, feliz, feliz”, sino un “cambio no de Gobierno sino de régimen” que ya está en marcha y un “país con pleno estado de derecho”. Por esa misma ruta seguiremos, porque es de la que está convencido el Presidente, aunque algunos no la vean tan clara y viable como él, y muchos todavía confíen ciegamente en la habilidad del capitán para llevar el barco a puerto sin naufragios.
31 Agosto 2019 03:52:00
Morena, una carga para AMLO
Camino a su Primer Informe de Gobierno este domingo, Andrés Manuel López Obrador parece todavía -por sus niveles de popularidad y aprobación entre los mexicanos- un gigante. Pero aun con toda su fuerza y arrastre popular, ese gigante llega a esta primera aduana cargando a cuestas graves problemas, como una economía en la incertidumbre y el estancamiento, una crisis de inseguridad y violencia que se agrava con terroríficas masacres, tiroteos y un crimen organizado fuera de control; un campo incendiado por organizaciones agrarias que no aceptan el nuevo esquema de relación con el Gobierno y un sistema de salud pública que, entre desabasto por recortes, austeridad y transformaciones, ha sacado a los enfermos y sus familias a protestar en las calles.

En contraparte, la imagen presidencial se mantiene y fortalece en las encuestas con niveles de 73% de aprobación (7 de cada diez mexicanos) por temas como el combate a la corrupción y la investigación, persecución y encarcelamiento de personajes y casos emblemáticos del saqueo del sexenio peñista al erario federal, como Emilio Lozoya, Rosario Robles o el abogado Juan Collado, y por el reparto de apoyos económicos directos en sus programas sociales emblemáticos, que empiezan a permear en sectores fundamentales de su base social: los adultos mayores, los grupos más vulnerables y los jóvenes.

Pero el titán político que aún es López Obrador, con su lenguaje repetitivo pero certero de las mañaneras y su estilo directo y fresco de contacto con la población, también lleva sobre su espalda a la mayor parte de su gabinete, que salvo muy contadas excepciones (Marcelo Ebrard, Arturo Herrera, Rocío Nahle, Julio Scherer, Luisa María Alcalde, Alfonso Romo e Irma Eréndira Sandoval) parecen fardos que cada vez le pesan más al Presidente y a los que -parte por el excesivo control que a él le gusta ejercer de todos los temas y parte también por la incapacidad, impericia o de plano la opacidad- Andrés Manuel tiene que ir jalando, cuidando y hasta defendiendo, cuando debieran ser sus colaboradores los que hicieran eso por el jefe del Ejecutivo.

Y para colmo, otra carga que lleva encima en estos primeros nueve meses de ejercicio el Presidente es su partido. Morena no solo se ha convertido en un problema, por sus constantes pugnas intestinas, pleitos, venganzas y reyertas, sino que las encuestas reflejan claramente que, mientras López Obrador mantiene sus niveles de aceptación y aprobación entre los mexicanos, su partido, si bien hegemónico y mayoritario, ha bajado en sus niveles de aceptación e identificación y aunque mantiene el primer lugar en intención del voto a nivel nacional, eso se debe más al efecto de la popularidad presidencial y a una oposición aún muy débil y desarticulada, que al trabajo político y partidista de los morenistas.


AMLO-MORENA: ENTRE ADVERTENCIAS, REGAÑOS Y TRIBALIZACIÓN

Esta semana afloró el porqué de la distancia, cada vez más notoria y pública, que Andrés Manuel López Obrador le ha impuesto a su partido. Lo que ya era un comentario que circulaba entre las cúpulas de la 4T, que el Presidente estaba cada vez más “desencantado y decepcionado” del comportamiento y la actuación pública de su partido, se confirmó plenamente cuando el mismo Mandatario, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, cuestionó a los dirigentes y a las élites de Morena, al señalar que “no están a la altura de la transformación que estamos encabezando en el país”, y tras reprochar los pleitos y ataques entre sus mismos integrantes y la pérdida de “ideales”, les lanzó una advertencia que sonó también a amenaza: “Si Morena se echa a perder, yo me voy y los dejo. Renuncio a mi militancia y hasta les quito el nombre”.

Y es que, tras los conflictos agudizados entre grupos y corrientes internas, lo mismo en la fracción de Morena en el Senado que en la disputa ya abierta y encarnizada por la dirigencia nacional, el Presidente tuvo que llamar al orden y romper con el compromiso que él había hecho de no meterse en los temas internos del partido que fundó y con el que llegó al poder. “Por eso nos salimos del PRD y ahora aquí en Morena muchos se empiezan a comportar igual… al carajo los ambiciosos y oportunistas”, les dijo López Obrador a las fracciones parlamentarias de su partido y a los dirigentes nacionales en una reunión a puerta cerrada el pasado jueves.

AMLO se refiere a la tribalización que ve en Morena y a las dinámicas de pleitos internos entre los grupos y corrientes, que fueron exactamente la causa por la que abandonó al PRD y terminó desfondándolo para fundar a su nuevo movimiento político. En particular, el Presidente se refirió en ese “regaño” a las élites morenistas, a la elección que viene por la dirigencia, la cual ha confrontado a tres grupos del gabinete y el partido: por un lado Marcelo Ebrard-Ricardo Monreal, con Mario Delgado, por el otro Yeidckol Polevnsky-Martí Batres, y por otro Claudia Sheinbaum-Gabriel García-Irma Eréndira Sandoval-Luisa María Alcalde, apoyando a Bertha Luján para la dirigencia. Para detener el caos y la confrontación que están secuestrando al partido, propuso una elección “por encuesta”, algo que fue aceptado por la mayoría de los presentes. A cambio el Presidente se comprometió a que “nadie de su gabinete se meterá en la elección interna de Morena”, esto por las denuncias que se escuchaban contra Gabriel García, el coordinador de Programas de la Presidencia, al que acusaron de dar “línea” a los superdelegados de los estados para apoyar a Bertha Luján y de poner a favor de la candidata el padrón de un millón de beneficiarios censados en el Censo del Bienestar de los programas sociales del Gobierno federal.


EL HOMBRE Y EL CULTO

¡El problema que enfrenta el hoy partido gobernante es un problema estructural. Morena nació alrededor de un solo hombre y entonces ahora todos piden señales de ese “hombre”, que el “hombre defina”, pero él no quiere ya definir, porque lo que quiere es que se democratice, que se civilice y se institucionalice el partido. Y al no decidir “el hombre” que lo formó, varios personajes de la cúpula se sienten con derecho a decidir y buscan llenar el vacío de liderazgo. Es una contradicción totalmente estructural, propia de los partidos de izquierda basados en el culto al liderazgo de un solo hombre.

“Él formó una gran coalición política donde hay desde neoliberales y conservadores como Alfonso Romo, hasta radicales como Taibo, priistas nacionalistas como Manuel Bartlett o la izquierda ceuísta de Claudia Sheimbaun y Martí Batres, constitucionalistas liberales como Olga Sánchez Cordero, hasta activistas duros como Fernández Noroña; todo ese coctel molotov de corrientes y expresiones van a causar la implosión de Morena, si se sienten, como hasta ahora, carentes de un liderazgo que no reconozcan ni acepten todos esos grupos ideológica y políticamente disímbolos”, dice un colaborador del gabinete y cercano a las cúpulas morenistas.

El problema es que si López Obrador llegara a cumplir su amenaza de irse de Morena y abandonar el partido que él fundó, eso plantea no solo un problema para el proyecto del lopezobradorismo y de la Cuarta Transformación y sería como un balazo en el pie; la escalera por la cual AMLO subió al poder le puede ahora tirar en su proyecto de continuidad, pero el riesgo mayor es para la gobernabilidad del país. Sin el partido que hoy tiene las mayorías en el Congreso federal, en los congresos locales, en una parte importante de las alcaldías y en una tercera parte de las gubernaturas, lo que vendría sería un caos y una anarquía que podría volver ingobernables a algunos grupos de poder en Morena y afectar la estabilidad de regiones del país o incluso áreas del Gobierno.

El escenario que plantea la frase del Presidente de “Me voy y les quito el partido y me llevo la marca”, sería la muerte porque en seis años no va a consolidarse ni a institucionalizarse su partido, lo que pone en riesgo la continuidad de su proyecto

Eso es lo que se está jugando en el llamado a la estabilidad y la unidad que le hace AMLO a su partido, justo en la víspera de su Primer Informe de Gobierno: la continuidad de su proyecto de transformación nacional. ¿Cuánto tiempo puede durar el nuevo modelo que se propone la 4T si tiene el respaldo y la solidez de una fuerza política civilizada e institucionalizada? El cambio de modelo, que el Presidente define como “la separación del poder político del económico”, no lo va a poder hacer en seis años, requiere de más y para trascender, ir más allá del sexenio, va a necesitar de un partido sólido e institucional; pero si como se ve hasta ahora que ese partido se le está “echando a perder”, ¿entonces qué opción le quedaría a López Obrador para dar continuidad a su proyecto transexenal? ¿Intentar la reelección presidencial, a través de la prolongación del mandato, no necesariamente por una reforma constitucional, mediante la consulta ciudadana al estilo Baja California?

29 Agosto 2019 03:58:00
Si te matan en EU, ‘terrorismo’; si te matan aquí, ¿‘venganza de cárteles’?
¿Qué diferencia hay entre un loco supremacista blanco que entra armado a un centro comercial y dispara contra la multitud matando a 22 personas, entre ellas a 8 mexicanos a los que dice odiar, y cuatro o cinco sicarios, no menos locos, que entran a un bar disparando también a la multitud, luego rocían gasolina en el lugar y lanzan bombas molotov para incendiarlo y se salen sellando las puertas para que todos los ahí presentes, más de 28 mexicanos a los que también odian, mueran quemados, intoxicados y calcinados, cuando no asesinados por las balas? El acto de crueldad extrema, terror e inhumanidad es exactamente el mismo, la única diferencia es que los primeros 8 mexicanos murieron en El Paso, Texas, territorio de Estados Unidos, y los 27 baleados e inmolados en una venganza en Coatzacoalcos, Veracruz, territorio mexicano.

¿Por qué entonces el Gobierno de México reacciona de forma tan distinta ante la muerte de los mismos mexicanos? Cuando ocurrió la masacre de El Paso, con toda su carga de violencia y odio racial, la Administración del presidente López Obrador alzó de inmediato la voz no solo aquí sino en los Estados Unidos y mandó al canciller Marcelo Ebrard a la frontera con Texas para exigir castigo a los responsables de la masacre, denunciar el atentado contra los 8 mexicanos como “un deleznable y condenable acto de terrorismo” y pedir de inmediato que la Fiscalía General de la República iniciara una carpeta de investigación contra el asesino con miras a extraditarlo y juzgarlo en México; mientras que hoy el Presidente solo reaccionó cuando los reporteros le preguntaron en su conferencia mañanera lamentando la masacre y pidiendo a la FGR “que participe en la investigación” y que “se investigue a autoridades si se detuvo antes a estas personas (los brutales asesinos) y se les dejó en libertad”.

No hubo en la declaración del Presidente una condena a lo que, quizás por motivos distintos pero con el mismo nivel de crueldad y saña, también es un acto de terror y de terrorismo contra mexicanos civiles indefensos. Mucho menos hubo reacción ya no digamos del canciller Ebrard, que interviene en asuntos ocurridos en el extranjero, sino del gris y anodino secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien ni siquiera se pronunció sobre el tema ni subió ningún video condenando el hecho o acusando el acto de terror cometido contra los habitantes de Coatzacoalcos y menos se trasladó a Veracruz para atender personalmente el asunto y dirigir las primeras acciones para capturar a los responsables; igual que los de El Paso, estos 28 mexicanos asesinados cruelmente, junto con otros 11 heridos en condiciones de gravedad, estaban en una actividad meramente recreativa y no tenían conflicto alguno ni estaban vinculados a ningún tipo de actividad delictiva. ¿Cuál fue su error o su fatalidad? El mismo que los que murieron en el Walmart de la ciudad texana: estar en el momento y el lugar equivocados y ser el blanco de una violencia y un odio irracional y cruel contra su humanidad.

Y vendrán los expertos y los estudiosos de estos temas a decir que no se puede hablar de “terrorismo” en las constantes masacres que vivimos en todo el territorio nacional, bajo el tecnicismo de que “no hay en estos atentados crueles e inhumanos motivos ideológicos, raciales o políticos”. Pero el odio y el desprecio que se manifiesta contra la vida de civiles inocentes, sacrificados en aras de una venganza o de reivindicar la pertenencia a uno u otro grupo delictivo, es exactamente el mismo para los 8 mexicanos asesinados en El Paso o las decenas de muertos en ataques con bombas en Siria o Afganistán, que el que mueve a los terroristas asesinos que ayer condenan a morir calcinadas a estas 28 personas en Coatzacoalcos, o los cinco sujetos que antier entraron armados a una fiesta, dispararon ráfagas de armas de grueso calibre contra los asistentes y mataron a tres niñas de 14, 13 y 4 años y a un adulto; o antes contra nueve sujetos torturados, asesinados y colgados en un puente o contra miles (20 mil en total de enero a julio de este año) que mueren diariamente de manera violenta en el país, hombres, mujeres, niños.

Le pueden llamar como quieran, pero el nivel de crueldad e impunidad con el que están actuando los grupos del crimen en México es de terror total y absoluto y sus acciones son por tanto de terrorismo contra la población civil de este país. Todo ante un Estado que desaparece y que, totalmente ausente, apenas le alcanza para “condenar”, “lamentar”, “ofrecer investigar”. Es la segunda gran masacre que ocurre en Veracruz en los últimos meses, desde que el estado es gobernado por un mandatario de Morena como Cuitláhuac García, en múltiples ocasiones defendido y reivindicado por el presidente López Obrador. La primera fue Minatitlán con sus 13 muertos apenas en abril pasado, entre ellos un niño de un año.

Ayer fueron 28 vidas inocentes que se suman a las más de dos decenas de miles de muertes que ya pueblan este primer año del gobierno de la Cuarta Transformación Y surgen dos dudas: ¿cuántas muertes violentas más para que tome forma la estrategia contra el crimen hoy difusa y casi inexistente? ¿y de estos muertos, sus muertos, también hablará el Presidente en su primer informe “no por presumir”?

NOTAS INDISCRETAS… La violencia sigue en Nuevo Laredo, donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha acusado “responsabilidad del Gobierno federal” en el recrudecimiento de los enfrentamientos que están ocurriendo en la estratégica ciudad fronteriza entre grupos del crimen organizado. Y es que a la muerte en una emboscada del policía estatal Raúl M., atacado junto con otros agentes locales mientras dormían en un hotel el viernes pasado, se suma un ataque ayer por la noche de sicarios al cuartel militar de Nuevo Laredo en el que, entre ráfagas y tiroteos, se reportó la muerte de siete presuntos delincuentes en un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales. Lo delicado es que detrás del señalamiento del gobernador García Cabeza de Vaca sobre negligencia en la responsabilidad federal que ha agravado la violencia entre grupos rivales en la frontera tamaulipeca, hay hechos concretos y verificados como el hecho de que el Ejército retiró, por instrucciones de sus mandos, un retén que mantenía en la localidad de Los Guerra, que servía como raya para evitar el paso de grupos criminales en la zona de la llamada Frontera Chica. Al eliminarse ese retén empezaron los enfrentamientos fuertes entre grupos en Ciudad Mier y Ciudad Miguel Alemán para disputarse el territorio para trasiego de drogas y personas. En paralelo, informes señalan que los soldados asignados al cuartel de Ciudad Mier no estaban acudiendo a las instalaciones militares o evitaban enfrentarse a los grupos criminales cuando estos chocaban en la zona. “La prioridad en estos momentos que se ha dado a los militares es el tema migratorio”, dice una fuente tamaulipeca que confirma que de todos estos hechos se advirtió a los mandos militares desde las autoridades del Estado, y que incluso el gobernador García Cabeza de Vaca alertó a las autoridades federales durante una sesión del Grupo de Coordinación Estatal para la Paz celebrada en Ciudad Mier y posteriormente en una reunión del gabinete federal.
Finalmente fue restituido el retén en Los Guerra y se están reforzando los operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad estatal y miembros del Ejército, lo cual ha provocado la reacción de los grupos delictivos. Pero lo que queda de fondo en todo este tema es que a los soldados parecen estarles instruyendo desde “el centro” que bajen la guardia y eviten los enfrentamientos con el crimen organizado, lo cual aumenta el margen de agresividad e impunidad con el que actúan las células armadas del narcotráfico… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
28 Agosto 2019 03:51:00
AMLO y Morena ¿sana distancia o distancia a secas?
Aunque muchos no creyeron y otros aún lo dudan, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se está metiendo en los asuntos internos de Morena y cada vez es más claro que, contra la tradición del sistema –lo mismo en la era priista que en la panista– el Ejecutivo morenista renunció a su papel de “jefe máximo” del partido que él mismo creó y que hoy Gobierna al país. El inquilino de Palacio Nacional ni siquiera arbitra las pugnas y pleitos surgidos entre los grupos que quieren controlar al partido gobernante, y por momentos incluso parece distante y desencantado del rumbo de la fuerza oficialista.

Hay dos versiones que comentan en las élites de Morena para explicar el alejamiento que López Obrador le ha impuesto a su partido. La primera, y la más dura, dice que AMLO “se desencantó de Morena”, que ya no tiene mucho y que hasta ha llegado a comentar a sus más allegados que el movimiento “ya no sirvió porque no supo estar a la altura de la transformación que estamos haciendo”. La otra versión dice que Andrés Manuel, una vez en el poder, decidió no replicar viejos modelos de control político en los que el jefe de la Presidencia era también el jefe máximo y cacique de su partido que decidía todo, desde candidatos, hasta dirigentes y su vida interna.

¿Cuál de las dos versiones explicaría mejor la distancia que el presidente López Obrador le ha impuesto a Morena? Y la duda que todo genera es si podría funcionar y subsistir Morena sin el liderazgo y la guía del lopezobradorismo que le dio origen y sentido.

Los ejemplos de que el presidente ha dejado a su partido en el libre albedrío están a la vista: desde la estridencia en las recientes decisiones de las bancadas del Congreso, como la definición de la presidencia del Senado, donde el encontronazo y la división entre Ricardo Monreal y Martí Batres se agudizó por el berrinche y el capricho reeleccionista del líder ceuísta, hasta la actual definición de la mayoría morenista en la Cámara, donde los grupos más duros no quieren ceder la presidencia de la Mesa Directiva al PAN y analizan la reelección del actual presidente Porfirio Muñoz Ledo en algo que se define este próximo sábado en la sesión previa de la Cámara.

Y si en las decisiones de la bancada no pone orden, López Obrador tampoco interviene en la ruda disputa que ya comenzó por el control de la dirigencia de Morena. Son cada vez más fuertes e intensos los enfrentamientos entre al menos tres grupos que se alinean y que ya sacan las armas para intentar quedarse con la presidencia del partido: la dupla Ebrard-Monreal, con Mario Delgado como su candidato; el grupo de Bertha Luján con el apoyo de varios secretarios del Gabinete y del supercoordinador de los superdelegados y de los padrones sociales, Gabriel García Hernández, y por supuesto Yeidckol Polevnsky con el rebelde Batres y otros personajes que buscarían la reelección de la dirigente.

El Presidente propuso al inicio de su Gobierno que cualquier funcionario, federal o local, que se meta a una elección, tendría que castigarse con cárcel. La pregunta es si, en su decisión de no meterse en la vida interna de Morena ¿aplicaría esta disposición a colaboradores suyos y morenistas que se están metiendo en la pelea interna? Porque, según afirman en Morena, uno de los hombres más cercanos a AMLO, Gabriel García, el poderoso coordinador de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia, está apoyando a Bertha Luján y, según afirman morenistas, da línea a “superdelegados” en los estados de apoyar a la candidata. Incluso, aseguran que a más de un millón de personas registradas en el Censo de Bienestar los metieron al padrón de Morena.

El Presidente citó ayer a su Gabinete y le dejó claro que no se metan a la elección. El problema es que varios se están yendo por la libre. Será la primera prueba para saber si se va a aplicar la ley que impulsó Morena, para castigar a cualquier servidor que se involucre indebidamente en asuntos de los partidos o se meta en procesos electorales.

Por lo pronto, la distancia que Andrés Manuel López Obrador le ha impuesto a su partido –que por momentos recuerda la famosa “sana distancia” que Ernesto Zedillo le aplicó al PRI– se ve y se siente cada vez más real. Veremos si Morena es capaz de consolidarse como partido político sin el liderazgo del caudillo que le dio origen o si, como empieza a verse hasta ahora, se hunden en sus pugnas internas.
27 Agosto 2019 03:58:00
El costoso acuerdo de los gasoductos
Como si se tratara de una mala broma o de una negociación hecha para sangrar más a las finanzas federales, el Acuerdo que hoy se anunciará con bombo y platillo entre el Gobierno federal, la CFE y cuatro empresas constructoras de gasoductos nacionales y extranjeras, le va a costar casi 700 millones de dólares más al Gobierno mexicano que, en principio había impugnado estos contratos por considerarlos “leoninos” y amenazó con ir a un arbitraje internacional, lo que motivó que las autoridades y los empresarios se sentaran a negociar, pero al final la negociación, en términos reales, le va a costar a los mexicanos pagarle 40% más de las tarifas que se habían negociado en los contratos que se firmaron en el sexenio anterior.

Esto significa que hoy que se anuncie, en Palacio Nacional por el presidente López Obrador, el “gran acuerdo” en el que intervino directamente el Mandatario junto con el empresario mexicano Carlos Slim, para mediar en la amenaza de pleito legal internacional abierta por el director de la CFE, Manuel Bartlett, con las empresas canadienses IEnova y Transcanada, además de las mexicanas Carso Energy y Fermaca, por la operación de siete nuevos gasoductos en la República Mexicana, lo que se estará aceptando por parte de la administración lopezobradorista será un nuevo contrato, cuyas condiciones, además de que alargan el tiempo de duración de los convenios originales, de 30 a 35 años, también se elevará el monto de las tarifas y las cantidades que, en un mayor tiempo de operación, tendremos que pagar los contribuyentes mexicanos a esas empresas por operar los gasoductos.

O sea que, después de tanto escándalo y de los berrinches del señor Manuel Bartlett, que metieron ruido y nerviosismo a las inversiones nacionales e internacionales, cuando amenazó primero con desconocer los contratos y luego con ir a un arbitraje internacional de más de 900 millones de dólares, no sólo vamos a terminar pagando más por tiempo y tarifas, sino que de “leoninos”, el Gobierno de AMLO terminó negociando y aceptando condiciones que enriquecerán aún más a las cuatro empresas que son las grandes “ganonas” de esta negociación.

Un análisis de expertos a lo que trascendió ayer lunes del acuerdo que hoy se hará público, luego de varios días de negociación entre los funcionarios federales y los empresarios constructores de los gasoductos, explica por qué son peores las condiciones que terminó aceptando la CFE en la operación de estas siete instalaciones: 1. Al nivelar las tarifas de transporte de gas natural y darle un descuento de entre 10% y 5% a la CFE (se saca un promedio de las tarifas en los años que dura el contrato, se le resta el nuevo descuento y ese promedio con descuento será la tarifa que se cobrará desde el primer año y hasta el último del contrato) 2. Se amplían en 5 años los plazos de los contratos, de 30 a 35 años.

El problema con esta propuesta radica en que: 1. Si bien en valor nominal el Gobierno mexicano ahorrará más de 600 millones de dólares, en realidad el valor presente será negativo por cerca de 300 millones de dólares para el gobierno de nuestro país (por cierto, parece que este gobierno no entiende el concepto de “valor presente”, tal como lo denunció Carlos Urzúa a su salida de la Secretaría de Hacienda) 2. Tan solo en los primeros 10 años (tiempo que tarda en nivelarse la tarifa) la CFE pagará cerca de 700 millones de dólares adicionales.

En el sexenio de AMLO, la CFE pagará tarifas aproximadamente 40% más caras por el funcionamiento de los gasoductos. Se amplían los plazos de los contratos a cinco años más, a pesar de que el Gobierno mexicano se ha quejado de la duración de estos por tener los gasoductos subutilizados. Además, no se tiene previsto en el mediano plazo, la construcción de nuevas centrales eléctricas que pudieran utilizar los gasoductos para generar energía. Es una incongruencia total ampliar los plazos. Pero básicamente el problema es que no entienden el valor del dinero en el tiempo.

Así que hoy, que nos digan como un “gran anuncio” que finalmente “ganamos los mexicanos” con las nuevas condiciones de operación que aceptaron las empresas concesionarias de estos siete gasoductos, en realidad lo que estará haciendo el Gobierno federal, quizás sin darse cuenta ni entenderlo, facturando a los mexicanos y a los futuros gobiernos de los próximos 30 años, un costo mucho mayor de lo que originalmente se había proyectado en la operación de esos gasoductos. Quizá López Obrador y Manuel Bartlett no resentirán en los cinco años que les quedan de su Administración el aumento de esos costos que están aceptando y es muy probable que ninguno de ellos vivirá para verlo, pero las futuras generaciones sí tendrán que pagar por un capricho y un berrinche político y un desconocimiento total, técnico y financiero, de los actuales gobernantes.
26 Agosto 2019 03:50:00
Del ‘Comandante Borolas’ a ‘El narco es pueblo’
La tragedia que vive México por la violencia, descomposición y muerte que hemos sufrido en los últimos 13 años ya no puede atribuirse a los errores de un solo gobernante.

Si bien a Vicente Fox y a Felipe Calderón les debemos, al primero el vacío y debilitamiento del poder del Estado y al segundo la sangrienta guerra que acabó con la tranquilidad de los mexicanos, a Enrique Peña Nieto se le reclama el agravamiento de la violencia homicida y la corrupción que expandió a todo el territorio la atomización y diversificación de cárteles de drogas, huachicoleo, extorsión y control territorial; ahora a Andrés Manuel López Obrador ya se le puede y se le debe reclamar la inacción que mantiene contra el crimen organizado y a una estrategia federal errática y confusa que no deja claro si el Gobierno federal persigue, negocia o tolera a los criminales.

Este fin de semana esa inacción y la fallida estrategia federal contra la delincuencia se observaron nuevamente en Michoacán, tanto en la extraña muerte de un coronel comandante de caballería del Ejército mexicano, Víctor Maldonado Celis, baleado en circunstancias aún no aclaradas en Ziracuaretiro, como en los hechos indignantes registrados en un video que se difundió en las redes sociales, donde se ve a un grupo de hombres de Los Reyes Michoacán agredir, ofender y humillar a soldados que son bajados de dos camionetas militares, arrinconados y sometidos en la carretera Zitácuaro-Los Reyes.

Y si a esos dos casos se suma lo ocurrido el viernes en Nuevo Laredo, donde emboscaron y mataron al policía estatal Raúl M. e hirieron a otros agentes locales, crece la percepción de un Estado que parece inerte y débil frente al despliegue cada vez más sangriento y armado de los cárteles del narcotráfico.

Para colmo, después del apodo de “Comandante Borolas” que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pusiera a su antecesor en el cargo, Felipe Calderón, porque “el saco militar le quedaba grande”, ahora también en las redes circula un video que genera duros cuestionamientos al valor y a la política de seguridad del actual Mandatario, pues en ella se escucha decir al jefe del Ejecutivo que no mandará al Ejército a una población para actuar contra los criminales que “también son pueblo”.

“No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho, manden al Ejército inmediatamente, no tenemos armas”, le dicen pobladores hombres y mujeres desesperados a López Obrador durante un trayecto de una gira.

“El Ejército no se usa para reprimir al pueblo”, les contesta el Presidente a bordo de su camioneta. “¡Carajo! ¿el narco es pueblo?”, le pregunta un hombre indignado.

“Sí es pueblo, todos son seres humanos”, le dice enérgico el titular del Ejecutivo federal.

Si esa es la visión y la lógica que mueve a López Obrador y a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su estrategia contra el crimen, entonces se puede entender por qué a 10 meses de iniciado este Gobierno no sólo se han incrementado los homicidios violentos sino también que a pesar de que la Guardia Nacional lleva casi dos meses de que comenzó a ser desplegada no hay una disminución real ni perceptible de la violencia.

Si tomamos la palabra al Presidente, que dijo que ya no va a culpar de todo “a los gobiernos anteriores”, tendríamos que exigir que López Obrador y su gabinete de seguridad demuestren si tienen las agallas y la capacidad para enfrentar a un crimen cada vez más organizado, armado y
sanguinario.

Y, sobre todo, si saben o no saben cómo hacerlo, más allá del discurso de que “violencia no se combate con más violencia”. ¿Cómo los van a combatir si tampoco están aplicando la inteligencia o el desmantelamiento de sus finanzas? Está bien que AMLO y su cuarta transformación quieran cambiar el combate al narcotráfico y al crimen, pero ese cambio hoy no se ve ni se siente. Lo que sí se ve, y se empieza a generalizar, es la percepción de un Estado, y por ende un presidente, débil ante criminales y que confunde “represión” con su obligación primaria y apremiante, de dar seguridad a los mexicanos y pacificar al país, como prometió en campaña.
24 Agosto 2019 04:03:00
El operador de la 4T con los jueces
En el Poder Judicial ya es un secreto a voces que comentan y confirman que varios jueces y hasta magistrados han recibido la visita o la llamada del personaje que les transmite “consignas” o “recomendaciones” de parte del Gobierno federal en casos que guardan importancia especial para el Ejecutivo. Actúa de manera muy comedida y nunca con malos modos o formas rudas, sino con comentarios que, en forma de “comedida sugerencia”, pretenden hacerle saber a los funcionarios judiciales “lo que quieren en el Gobierno” cuando se trata de asuntos que tienen un alto impacto ya sea en términos sociales, económicos o políticos.

El personaje en cuestión, a quien se refieren por su nombre en tribunales y juzgados como “el operador de la 4T” para los casos relevantes, es el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, quien de acuerdo con el testimonio de jueces y magistrados a esta columna, es cuidadoso de no pedir nada por escrito o dejar constancia de sus “amables sugerencias” cuando pregunta la opinión de los juzgadores sobre asuntos que tienen relevancia política especial. “No hay presiones ni amenazas, mucho menos exigencia, pero sí hay comunicación verbal sobre lo que él considera que debería hacerse en un determinado caso o que es lo que verían mejor en ciertas oficinas gubernamentales”, comenta un juez federal que pidió el anonimato.

La operación del consejero y sus “visitas” a los juzgados y tribunales se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, en lo que va del actual Gobierno, y aunque es cuidadoso de las formas, no deja duda del mensaje que quiere transmitir.

Su activismo al parecer tiene que ver con que Pérez Daza está próximo a concluir su encargo en el Consejo de la Judicatura al terminar en las próximas semanas el periodo de cinco años para el que fue electo en septiembre de 2014 por mayoría de votos del Senado de la República.

Una versión que se escucha en el propio Poder Judicial asegura que a Alfonso Pérez Daza alguien, desde el Gobierno del presidente López Obrador, le dijo que habría interés en impulsar una propuesta con su nombre para presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la terminación del primer periodo del actual presidente, Luis Raúl González Pérez, en noviembre próximo.

Y aunque González Pérez tiene derecho a buscar su reelección, cada vez es más clara y abierta la animadversión que no solo desde el Gobierno, sino desde el propio Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, han expresado hacia el actual ombudsman federal, con pronunciamientos abiertos en su contra y de su actuación, lo mismo del Presidente que de los senadores que han hablado públicamente de “buscar nuevos perfiles para la CNDH”.

Pérez Daza, según la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, tiene entre sus estudios un diplomado sobre Valores y Habilidades del Defensor de Derechos Humanos en el Tec de Monterrey, además de haber obtenido su doctorado en Derecho “con mención honorífica” en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Esa sería una explicación del activismo del consejero federal en favor de la 4T: la de hacer “méritos” para la postulación que le ofrecieron para convertirse en el próximo ombudsman nacional de una CNDH que no moleste ni incomode tanto al Gobierno ni al Presidente con sus “vergonzosas” recomendaciones.

En ese activismo del consejero también podría haber una explicación de por qué a los “casos importantes” para este Gobierno, en temas como el combate a la corrupción o algunos otros procedimientos judiciales, cada vez les va mejor con los fallos y resoluciones de los jueces, quizás a excepción de los que tienen que ver con juicios de amparo para algunos personajes o en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, con los más de mil 200 juicios de suspensión promovidos por el colectivo #Nomásderroches, en donde figuran varias organizaciones no gubernamentales.

En cuestión de semanas se abrirá la convocatoria para la elección de un nuevo presidente de la CNDH. Veremos si entre los nombres que se inscriben y que avanzan en el proceso de selección del Senado de la República está el del consejero “operador de la 4T”; de ser así le habrán cumplido y su activismo no habrá sido en vano. En caso contrario, veremos qué sucede con el experimentado exconsejero de la Judicatura.

¿Y EL DINERO DE ZHENLI YE GON?

El caso contra Zhenli Ye Gon ha vuelto a la palestra mediática y de la opinión pública, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzara a hablar del empresario chino-mexicano y ordenara la venta, en un proceso judicialmente impugnado por Ye Gon y sus abogados, de su mansión ubicada en Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, que fue subastada y vendida en 102 millones de pesos al empresario Carlos Bremer. Además de vender la propiedad, a pesar de un amparo interpuesto por la defensa de Zhenli que alegaba la propiedad de la mansión para su cliente porque nunca fue oficialmente confiscada por el Gobierno, el Presidente también cuestionó ¿a dónde fueron a parar los 203 millones de dólares que en el año 2007 el Gobierno de Felipe Calderón le decomisó al empresario chino?

La respuesta del expresidente Calderón fue automática: “El dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país”. Sin embargo, entre exfuncionarios de la PGR y de la Agencia Federal de Investigaciones que participaron en el decomiso de aquellos 203 millones de dólares el 16 de marzo de 2007, circula otra versión sobre el destino final que tuvo esa fortuna hallada en una habitación de la mansión de Las Lomas: “El dinero de Zhenli Ye gon -dice un exfuncionario de muy alto nivel que estuvo al frente de aquellas indagatorias- fue entregado casi en su totalidad al Gobierno de Estados Unidos que lo reclamó como suyo. Fue el banco del Ejército el encargado de asegurar y transferir el dinero a cuentas del Gobierno estadunidense”.

Zhenli Ye Gon está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde 2016, y su proceso aún no cuenta con sentencia judicial en ninguno de los 12 delitos que le imputó el Gobierno mexicano, a través de la desaparecida PGR, al traerlo extraditado desde los Estados Unidos. Los fiscales estadunidenses, que lo intentaron enjuiciar desde su detención en 2007 también por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, no pudieron probarle ningún delito y terminaron desestimando las acusaciones en su contra.

El pasado 12 de agosto, en una carta que le dictó a su abogado durante una visita al penal del Altiplano y que dirige a la periodista Adela Micha, Zhenli Ye Gon alega su “inocencia de todos los cargos” que le imputan las autoridades mexicanos; dice ser “una persona honesta” y que “hice una gran fortuna de dinero no solo en México, sino en varios países siempre con respeto a la ley”. El empresario naturalizado mexicano niega “haber traficado con sustancias de pseudoefedrina” o tener conexión con ninguna organización criminal. Pero lo más importante de su carta es que argumenta que “respecto a los bienes de fortuna que dice el Gobierno fueron asegurados y subastada mi casa, mi fábrica, mi dinero y otros bienes, nunca fui debidamente notificado y menos aún he ratificado alguna firma. Yo desconozco esa situación y ningún juez o autoridad mencionó esa situación (el aseguramiento de sus propiedades y bienes) porque tampoco tienen conocimiento. Me reservo el derecho para reclamar mis propiedades en el momento oportuno”.

Con base en ese último argumento esgrimido por Ye Gon en su carta, sus abogados presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura por presuntas violaciones legales cometidas por el Gobierno federal en la venta de su mansión, bajo el argumento de que nunca existió un documento de aseguramiento de la propiedad en la fecha de que se le libraron las primeras órdenes de aprehensión en 2006. El recurso fue aceptado por la Judicatura que iniciará la revisión del caso y de la actuación del juez que, sin atender la solicitud de amparo del empresario chino-mexicano y retrasando la revisión de la suspensión promovida, autorizó la subasta y venta del inmueble de Las Lomas.

No se ve fácil la situación para Zhenli Ye Gon y sus alegatos legales y de “inocencia”, cuando el aparato judicial no lo ha condenado, pero sí lo ha hecho el aparato político y la opinión pública en un juicio mediático en el que, sin existir una sentencia condenatoria en su contra que lo declare culpable de los 12 delitos que le imputan, el chino-mexicano ya es señalado como culpable de narcotráfico, su dinero extrañamente desaparecido y sus bienes subastados para apoyar deportistas... Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.
21 Agosto 2019 04:00:00
Olga y la amnistía a ‘grupos armados’
Cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo ayer agosto que el Gobierno federal estaba “conviniendo” y “negociando” el desarme y la pacificación con “grupos que se han estado combatiendo unos a otros, y se han estado cometiendo los homicidios de un grupo contra otro”, lo primero que vino a la mente fue la propuesta de amnistía a criminales hecha en campaña y aun como presidente electo por Andrés Manuel López Obrador.

“¿Están negociando con grupos del crimen organizado?”, le preguntaron los reporteros apenas salió del evento donde pronunció ese discurso. “No, estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos, y están de verdad, nos han manifestado ya, que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”, respondió.

Pero antes, en el discurso oficial que pronunció en la reunión de alto nivel Cuarto Plan de Acción 2019-2024 Alianza para el Gobierno Abierto, dijo textual: “Compartirles también que hemos estado en zonas de Guerrero, Tamaulipas y La Huacana en Michoacán, tratando y conviviendo para poder avanzar en la pacificación del país que, entre otras cuestiones, es muy importante ya que estos grupos, que al final del día se han estado combatiendo unos a otros, se han estado cometiendo los homicidios de un grupo contra los otros, pues ya no quieren más muertes, ya quieren avanzar hacia la paz y no quieren estar en esta situación que actualmente se encuentran”.

¿Grupos que se combaten unos a otros y que cometen homicidios contra rivales? Suena a una descripción de cómo actúa el crimen organizado. Sin embargo, cuando la noticia circuló como reguero de pólvora en los portales de internet y en las redacciones de los diarios, la Secretaría de Gobernación, aclaró en un comunicado difundido en sus redes sociales, que su titular no se refirió a negociaciones con grupos criminales para el desarme y pacificación, sino a grupos de autodefensa.

Después en un tuit, acusarían que la confusión “fue producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación”.

Para haber sido un lapsus de la secretaria Sánchez Cordero, según la explicación posterior de la dependencia, fue demasiado específico, detallado y sobre todo delicado porque al hablar de estados como Tamaulipas y de grupos “que se están combatiendo unos a otros” y provocando homicidios, claramente refiere al modus operandi de los cárteles de la droga.

Por la noche el subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta, aclaró que las reuniones que él sostiene en La Huacana, en Hidalgo, Tamaulipas y en algunas partes de Guerrero son “exclusivamente con población de esos lugares con los que se dialoga y se negocia un acuerdo de paz con dos fines: la instalación de fábricas y plantas industriales que lleven empleos y la entrada de la Guardia Nacional con cuarteles en esos territorios. En algunos casos sí hay grupos de autodefensas que participan en las pláticas y que ofrecen dejar las armas, pero en ningún caso nos reunimos ni nos reuniremos con grupos criminales. Este gobierno no negocia con grupos de crimen organizado ni con quienes delinquen y violan la ley”, aseguró Peralta.

¿Y entonces, nos quedamos con que todo fue un lapsus linguae de la secretaria Sánchez Cordero? O ¿será que la exministra habló de más y dijo lo que no debía?
20 Agosto 2019 03:47:00
El ‘pueblo feliz, feliz’ de AMLO
Por decreto mañanero del Presidente, la felicidad ha inundado al país. No importan en la realidad presidencial el enojo de madres trabajadoras de escasos recursos porque desmantelaron las estancias donde dejaban a sus hijos mientras trabajaban, ni el de los enfermos y sus familias porque les restringieron tratamientos y medicinas; tampoco existe el coraje de campesinos y productores que bloquean carreteras y avenidas por los recortes y modificaciones en los apoyos al campo; y es una ficción el inmenso dolor de miles de madres, hijos, hermanos y familiares de víctimas desaparecidas, secuestradas, asesinadas por la violencia del crimen organizado en casi toda la República. Y por supuesto, no hay lugar en el “pueblo feliz” de AMLO para las miles de mujeres que, hartas e iracundas de ser violentadas, acosadas, abusadas y asesinadas, salieron a las calles de varias ciudades a gritar “¡ya basta!” y a pintar, romper y destrozar como recurso desesperado para ser escuchadas.

“Se dan estos casos (las manifestaciones recientes), pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe. El pueblo está feliz, feliz, feliz, hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. Entonces, no hay mal humor social”, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador que, fiel a su estilo, no proporcionó ni presentó ningún estudio, indicador o medición en la que base su afirmación de la felicidad plena y total de los mexicanos.

Esa visión idílica del Presidente, obedece a la percepción personal alimentada por lo que él ve y percibe en sus giras, recorridos y eventos por la República. Es claro que su imagen popular y cercana a la gente provoca todavía, un año después de su triunfo histórico, que la gente se arremoline en torno a él cada que se aparece en un aeropuerto, en un restaurante o en cualquier lugar público para decirle algo o tomarse una fotografía con él. De eso a medir con ese tipo de expresiones el nivel de felicidad de la gente, hay un tramo. Y si se refiere a sus actos y eventos públicos, no es un secreto que, como en los de cualquier jefe de Estado, hay un control y un filtro para saber quién entra y a quién se permite participar.

Si el presidente López Obrador realmente quisiera saber qué tan felices estamos los mexicanos y qué tanto su Gobierno ha avanzado en la meta de lograr la “felicidad social” que proclama desde que llegó al Gobierno, no estaría mal que tomara la referencia y el ejemplo del primer país del mundo en medir la felicidad de sus habitantes con un índice de Felicidad Nacional Bruta (FNB), similar y más importante incluso que el PIB. En Bután, un pequeño país de Asia, la medición de la felicidad, a través del FNB, está constituido por cuatro pilares básicos: la buena gobernanza, el desarrollo socioeconómico sostenible, la preservación cultural y la conservación del medio ambiente. Esos cuatro conceptos fundamentales –construidos a partir de más de 100 subindicadores y 33 indicadores– son presentados y monitoreados por el Centro de Estudios de Bután.

En todo caso, López Obrador nos está dando en esa frase, y sería su único valor, un adelanto de lo que dirá en su Primer Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre, en el que, tal como su antecesor Peña Nieto, se organizará un acto en Palacio Nacional para informarle a los mexicanos lo realizado en sus primeros 10 meses de Gobierno, mientras manda al Congreso a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para cumplir con lo que marca la ley en materia de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. Y si ese será el tono de lo que nos dirá el Presidente en su primer informe, un mensaje complaciente, triunfalista y basado solo en sus “otros datos” y no en la realidad que viven y perciben la inmensa mayoría de los mexicanos, lo que escucharemos, más que un balance real sobre el estado que guarda el Gobierno y el país en este lapso, será un discurso destinado dirigido solo a sus fieles seguidores y no a la sociedad en su totalidad.
19 Agosto 2019 03:59:00
Peña Nieto: solo y sin bolas que corran
En el dorado exilio voluntario que vive actualmente en el exclusivo desarrollo de La Finca en Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto tiene todos los lujos a los que se acostumbró en la Presidencia: seguridad permanente, asistentes personales, camionetas y autos de lujo, la mejor comida, vinos y hasta un campo de golf en el que puede practicar el deporte de los ricos del que tanto gusta. Lo único que no tiene, y lo que más le pesa en estos momentos, son amigos que le acompañen y le digan, como en los últimos seis años, que es la hora que él quiera.

Un español de edad mayor, su vecino en el lujoso fraccionamiento a las afueras de Madrid, es el único que le acompaña en sus largas jornadas diarias por el green, ante la ausencia de la mayoría de sus amigos y colaboradores que cada vez lo visitan menos en su residencia española. Ni Luis Miranda, su polémico compadre mexiquense, ni el empresario José Miguel, que solían ser sus compañeros de juego cuando jugaba golf en Ixtapan, Punta Mita, Los Cabos o cualquier otro destino que se le antojara para lanzar sus “draws” o “swing”, están ahora para jugar con él ni para elogiarle sus jugadas, aunque no fuera nunca un gran jugador.

Cuenta una anécdota del expresidente Miguel Alemán, que cuando solía ir a jugar golf, y con frecuencia le pegaba mal a la pelota, siempre había cerca un amigo, un colaborador o un caddie que lo animaba: “Esa corre, licenciado, esa bola corre”, le decían cuando ante un golpe fallido del presidente, la pelota apenas recorría una corta distancia y se quedaba muy lejos del siguiente hoyo. Hoy Peña Nieto está tan solo que ni siquiera tiene bolas que corran.

Aunque la imagen que se ha generalizado entre la opinión pública mexicana, derivada de sus fotografías y videos en fiestas, bailes y paseos con su novia Tania Ruiz por Madrid, un par de personajes cercanos al expresidente, que los han visto recientemente en la capital española, aseguran que Peña está “preocupado por lo que está pasando” en el ámbito judicial con varios de sus colaboradores. Los casos de Emilio Lozoya Austin, su muy cercano exdirector de Pemex, y de la exsecretaria Robles, a la que solía decirle “no te preocupes, Rosario”, son seguidos muy de cerca por el exmandatario. Y es que Peña sabe del riesgo real de que, al verse acosados, perseguidos, acusados o encarcelados, varios de sus antiguos leales colaboradores terminen señalándolo o acusándolo a él de haber autorizado o haber estado al tanto de algunos de los desvíos, compras o pagos con recursos públicos de los que hoy se acusa a los exsecretarios de su gabinete.

“No está tranquilo y sabe todo lo que pasa acá, pregunta constantemente sobre la situación de los procesos de los integrantes de su gabinete y sí está preocupado por cómo evolucionan los casos”, dice una fuente cercana al expresidente, quien también afirma que, además del golf, los vinos españoles y otras bebidas espirituosas también son parte de lo que relaja al exgobernante, quien vive solo en La Finca, a donde la modelo Ruiz solo llega por breves temporadas.

¿Y no piensa regresar pronto a México?, le preguntamos a la citada fuente que pidió el anonimato. “No por el momento, él se siente más seguro allá y prefiere observar qué sucede en esos dos casos que le preocupan y le ocupan”, respondió el político cercano a Peña Nieto.

Veremos cuánto tiempo más dura el exilio dorado y solitario del expresidente, quien por ahora no extraña los lujos y las frivolidades que caracterizaron su presidencia. Eso sí, el estar solo y sin amigos, cuando se acostumbró por casi 12 años, entre Toluca y Los Pinos, a que siempre hubiera alguien que le diera la razón, que le pagara la cuenta o que le elogiara sus tiros en el golf, no debe ser fácil para el ego de un hombre que tuvo tanta atención y poder y lo dilapidó de tal manera que hoy, prácticamente, no solo sus antiguos colaboradores, correligionarios y amigos, sino la inmensa mayoría de la sociedad que gobernó, toma distancia de él, lo cuestiona duramente, cuando no lo repudia.
17 Agosto 2019 04:00:00
Rosario y Ahumada, la telenovela continúa
La detención anoche en Buenos Aires de Carlos Ahumada Kurtz, por un presunto fraude fiscal a la Hacienda mexicana por 1 millón 400 mil pesos, revive viejos lodos de la política nacional, ahora en tiempos de la 4T.

Aunque la cifra de un supuesto incumplimiento de ISR por parte del empresario argentino, que no informó de una venta de un terreno al fisco, parece un tema menor, en realidad lo importante es el trasfondo político de esta captura y las repercusiones y los efectos que un posible regreso a México de Ahumada, en calidad de detenido, pudiera tener en estos momentos en otros casos judiciales en marcha por temas de corrupción, como el de su expareja sentimental Rosario Robles Berlanga.

De entrada, en medio de la lucha anticorrupción de López Obrador, con la acción directa y contundente de la Fiscalía General de la República (FGR), la detención y posible extradición a México de Carlos Ahumada, con la colaboración del Gobierno de Mauricio Macri, es un nuevo golpe mediático y político espectacular para la Cuarta Transformación, que además se produce a solo dos semanas del primer informe de Gobierno del Presidente, que no tendrá muchas cifras ni datos duros para presumir, con obras públicas detenidas, una economía en caída y una inseguridad creciente, pero sin duda llegará a su primer ejercicio de rendición de cuentas ante la sociedad y el Congreso, con una popularidad que vuelve a repuntar, producto de las detenciones, juicios y órdenes de aprehensión en contra de personajes de primer nivel de los sexenios anteriores.

Ahumada no vendrá a México, si es que lo traen, para responder por un impago de 1.4 millones en impuestos; si es extraditado y por segunda ocasión encerrado en una prisión mexicana –algo que debe ser toda una pesadilla para cualquiera y por supuesto para el argentino– llegará para otros objetivos que seguro forman parte de la inocultable estrategia política que se opera detrás de la fulminante actuación de la FGR y de su titular Alejandro Gertz Manero.

Un pez como Carlos Ahumada tal vez no tenga en este momento valor por sí mismo, ni siquiera por la tormentosa e intrincada relación que tuvo con Rosario Robles, pero sí por sus nexos políticos y económicos con otros personajes de primer nivel en los que tiene puesta la mira la 4T: el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su abogado, financiero y amigo, Juan Collado. Es ahí donde el argentino puede volverse una pieza clave para otras investigaciones en curso, como la del preso Collado, o para futuras acusaciones y expedientes contra Salinas.

EL SEDUCTOR Y LA JEFA DE GOBIERNO
Para entender cómo un personaje como Ahumada Kurtz, protagonista de los videoescándalos de 2004, encaja ahora en el rompecabezas de la lucha anticorrupción o los cobros de viejas facturas del lopezobradorismo, vale la pena remontarse al origen de la historia de romance, política y traiciones que volvió famoso al empresario galán de Córdoba, Argentina, que hoy podría volver al país donde se incrementó su fortuna, sus negocios y sus vinculaciones políticas.

Era el año 1999 cuando Carlos Ahumada conoció, por intermediación de Ramón Sosamontes, hoy solicitante de amparos, a Rosario Robles Berlanga, entonces dirigente nacional del PRD. Ahumada tenía ya varios años de hacer negocios en México, a donde llegó procedente de Argentina en los años 80 en busca de aumentar la fortuna que ya poseía. En los años 90 incursionó en el sector de las obras públicas a gobiernos como pavimentación, bacheo y edificaciones.

Fue así como se conectó con los gobiernos del PRD en la Ciudad de México, durante la Administración de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando empezó a trabajar con varias delegaciones, y cuando Rosario asumió la jefatura de Gobierno en sustitución de Cárdenas, la relación entre ambos se volvió más estrecha.

Por esas fechas, siendo Robles aún jefa de Gobierno, viajó a Berlín, a una gira de trabajo, durante la cual una noche, al llegar a la habitación del hotel donde se hospedaba, la encontró llena de rosas rojas. Carlos Ahumada había mandado inundar el cuarto de las aromáticas flores y había dejado una tarjeta en donde la invitaba a cenar esa misma noche. Ahí la empezó a seducir y Rosario, una mujer que venía de la izquierda y que estaba en la cúspide del poder, cayó rendida ante los encantos del carismático empresario argentino.

Llegó la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de Gobierno, junto con la tercera campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario se volvió una pieza clave para ambos políticos desde la Jefatura de Gobierno.

Como líder partidista, Robles no sólo acrecentó su estrella política, que había despegado al ser la primera mujer en gobernar el entonces Distrito Federal. En esa etapa, cuando su figura brillaba más que nunca, Rosario, junto con Sosamontes y Ahumada, comenzaron a formar un grupo político que miraba hacia el futuro no muy lejano del 2006: la Presidencia de la República con la primera mujer como candidata. Si ya había sido la primera gobernadora de la capital ¿qué le impedía ser la primera presidenta?

EL OTRO SEDUCTOR DE ROSARIO Y LA CONFRONTACIÓN CON AMLO
Pero la idea y el proyecto de “Rosario, presidenta”, no había nacido por generación espontánea ni por una ocurrencia. En el 2003, siendo dirigente perredista, Rosario Robles conoció a Juan Collado, el abogado personal de los políticos más encumbrados de México, comenzando por

Carlos Salinas de Gortari.
Collado era amigo de Carlos Ahumada y este los conectó a ambos, que a su vez llevaron a Robles con el expresidente Salinas. Por esas fechas hubo una cena en la casa de Salinas en el Bosque de Tlalpan en la que el exmandatario elogia a Rosario y le dice que ella puede hacer grandes cosas si se decide.

Se traza así todo un plan estratégico para posicionar a Rosario Robles como candidata presidencial, al mismo tiempo que se busca debilitar al único obstáculo que podía impedir el ambicioso proyecto: López Obrador.

Se armaron así los videos que Carlos Ahumada comenzó a sacar de su videoteca personal, junto con otro producto del seguimiento del Cisen a figuras como Gustavo Ponce, el ludópata secretario de Finanzas del Gobierno del DF, a quien grabaron jugando en Las Vegas.

En marzo de 2004, en el programa televisivo de Brozo, estallaron los ya célebres videoescándalos con René Bejarano, estelarizando el papel del “Señor de las Ligas” y Ahumada entregándole fajos de billetes que no le cabían en la maleta.

Rosario y Ahumada terminarían salpicados y su proyecto político exhibido y destrozado, luego de que, desde el Gobierno del DF, López Obrador iniciara una investigación para destapar lo que llamaría el “compló” en su contra, con los videos con los que intentaron frenar su carrera política ascendente. El argentino terminaría huyendo de México a refugiarse en Cuba.

Todavía después de que a Ahumada lo detuvieron y extraditaron desde La Habana y lo metieron al reclusorio en la Ciudad de México, Rosario llegó a visitarlo en varias ocasiones. Pero ante el embate judicial y político, la relación entre ambos terminaría y ella se diría “seducida y engañada” por el argentino preso y reconocería como un error la relación que sostuvo con él.

Defenestrada, Robles renunció al PRD y se tomó un tiempo fuera, hasta que después del 2005, su amigo el expresidente Salinas la recomendó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Ahumada, después de dos años en prisión, se regresó a Argentina y él y Rosario no volvieron a cruzar palabra hasta que en 2014, él reapareció en México para cobrarle una deuda de 520 millones de pesos. La osadía del argentino provocó la ira de Robles que no sólo negó la deuda sino que comenzó a defenderse de la “extorsión” de su antigua pareja. Pero Ahumada tenía un as bajo la manga: un pagaré en blanco que Rosario le había firmado en garantía, y con ese documento inició una demanda penal en Argentina.

Pero Rosario Robles ya tenía poder y en 2015, aprovechando un viaje que Ahumada hizo con su familia a Las Vegas, la secretaria pidió el apoyo de sus amigos en Gobernación y, en una escala que el avión del empresario hizo en México, Migración detuvo al argentino, junto con su familia, para informarle que había una denuncia penal en su contra en el país por presunta extorsión, de la que lo acusaba Rosario Robles Berlanga. Al final se le dejó marchar a Ahumada a Argentina.

Desde entonces nunca más se vieron ni cruzaron palabra la mexicana y el argentino. Hoy, que podrían volver a coincidir, ya no personalmente sino en su situación jurídica, toda esa historia de romance, intrigas, traiciones, venganzas y política, queda sólo como antecedente.

¿A que traería la FGR y el Gobierno de AMLO a Carlos Ahumada de regreso a México? ¿Lo van a extraditar realmente por 1.4 millones de pesos en impuestos? Todo indica que el empresario argentino, tal como lo fue en 2004, volverá a ser un peón y un alfil en una jugada de ajedrez que lleva ya casi 30 años y en donde los dos jugadores que mueven el tablero se llaman Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. La diferencia esta vez es que el tabasqueño parece tener preparado un jaque mate.
15 Agosto 2019 03:59:00
Meade, el miedo de la FGR y el juez Padierna
En el mismo fallo en el que decidió vincular a proceso a Rosario Robles, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna también le requirió a la Fiscalía General de la República que sea ella la que determine si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, exsecretario de Desarrollo Social y excandidato presidencial del PRI, por las mismas condiciones imputadas a Robles, por el delito de “ejercicio indebido del servicio público” en forma de omisión al no haber actuado ni sancionado los desvíos millonarios cometidos en la Sedesol, a pesar de que fue enterado de ellos.

De acuerdo con el fallo del Juez de Control del Reclusorio Sur, la decisión de proceder o no a acusar a Meade Kuribreña quedaría en manos del fiscal Alejandro Gertz Manero, aunque también podría ser la Auditoría Superior de la Federación, la que en su condición de víctima exija que se inicie una investigación contra el también exsecretario de Hacienda, que según el dicho de su antecesora Robles, conoció de los citados desvíos documentados por la ASF, durante el acto de entrega recepción de la Sedesol, y no interpuso la denuncia correspondiente. Por lo que no sólo Gertz Manero, sino también el auditor federal David Colmenares, tendría en sus manos la decisión de ordenar una investigación contra el consejero de HSBC.

En lo que respecta a Robles y la orden para que fuera encarcelada y se le dictara la prisión preventiva oficiosa, la tomó el juez por la petición de la Fiscalía, que dijo tener “temores fundados” de que la exsecretaria peñista se diera a la fuga, por las inconsistencias en sus comprobantes de domicilio, el que no tuviera un empleo fijo y otras formalidades que argumentaron los fiscales. La realidad es que la orden de que no se dejara a Rosario en libertad llegó de muy arriba y, fue concedida por el juez, ante el miedo que existía en la FGR y el Gobierno de AMLO, de que, igual que lo hizo en su momento Emilio Lozoya Austin, Robles intentara fugarse, a pesar de que ella misma le juró y perjuró al juez que no era su intención y que seguiría “dando la cara”.

Rosario pagó por el escape de Lozoya que tomó desprevenida a la Fiscalía porque cuando le dictaron las primeras órdenes de aprehensión por el caso de Agronitrogenados, el 29 de mayo pasado, el exdirector de Pemex tenía ya casi un mes de haber salido del país, según una versión difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su semanario Eje Central, en el que asegura que desde el 30 de abril pasado, Emilio Lozoya Austin abandonó el territorio mexicano, para refugiarse en Alemania, alertado por los malos tratos y las torpezas cometidas por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, en la investigación administrativa en su contra, que lo pusieron sobre aviso de que no tendría garantías si se quedaba a enfrentar las acusaciones.

Pero la obsequiosidad con la que se comportó el juez Delgadillo Padierna ante las peticiones de la FGR, ha hecho que también se resalte el parentesco familiar que este joven juzgador tiene con la morenista Dolores Padierna Luna, de quien es sobrino. Coincidentemente, el mismo juez, también lleva otros casos estratégicos para la Fiscalía y para la estrategia anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el caso contra el mismo Emilio Lozoya Austin y el de Carlos Ahumada, el empresario argentino que estuvo relacionado precisamente con Rosario Robles. Es decir, sin presuponer que eso afecte su calidad de juzgador, no deja de llamar la atención que un juez que es sobrino político de René Bejarano, sea quien haya ahora ordenado la prisión preventiva y la vinculación a proceso de Robles, confrontada política y judicialmente con el matrimonio Padierna-Bejarano, desde el caso de los videoescándalos y los financiamientos ilícitos de Carlos Ahumada a personajes del PRD durante la dirigencia de Rosario Robles.

El único guiño que ayer miércoles recibió Rosario, al despertar en el penal femenil de Santa Martha, fue la declaración del presidente López Obrador que desmintió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la existencia de una nueva investigación en contra de la exsecretaria por 800 convenios firmados con universidades públicas dentro de la misma Estafa Maestra. Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
14 Agosto 2019 03:52:00
Peñistas vs. peñistas, sálvese quien pueda
El jurista, filósofo y profesor, Hans Kelsen, decía en su Teoría del Derecho Puro, que “la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en la mano”, y así es como el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Fiscalía General de la República, está ejecutando las investigaciones y acusaciones de corrupción contra el sexenio pasado. El encarcelamiento ayer de Rosario Robles representa el primer golpe real en la estrategia de combate a la corrupción y el primer “logro contra la impunidad”, según lo definió el Presidente.

Con cuatro investigaciones emblemáticas: el caso Odebrecht, la Estafa Maestra, la compra de la Planta de Agronitrogenados y el lavado de dinero en la Caja Libertad la cuarta transformación ha comenzado a jalar los hilos de la enorme madeja de corrupción del gobierno anterior y tiene contra las cuerdas, sea en la cárcel o en calidad de prófugos de la justicia a personajes clave de la administración de Peña Nieto, desde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el empresario Alonso Ancira, el abogado Juan Collado y la primera exsecretaria de Estado peñista en pisar la cárcel, Rosario Robles.

Y un primer efecto del embate judicial, resultado de la presión y la persecución que están ejerciendo contra los personajes investigados, es que en el que fuera hasta hace unos meses el grupo gobernante, los peñistas empiezan, en un intento por salvarse de la acción de la justicia, a acusarse unos a otros y a acusar varios de ellos al jefe político del grupo: el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya ocurrió ayer con Rosario Robles, que buscó un salvavidas y afirmó: Sí informé a mi sucesor en Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña, y al mismo presidente Peña Nieto, a través de mensajes y comunicaciones por la llamada “línea roja”.

Pero Rosario no es la primera que apunta para arriba. Ya lo había hecho Lozoya, quien ha lanzado acusaciones a través de su abogado, Javier Coello, contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Muy distinto es el caso de Alonso Ancira, el dueño de AHMSA. Hay un dato muy bien documentado: que la mayor parte de los fondos que financiaron las “campañas negras” y los ataques contra el candidato presidencial de Morena en las elecciones de 2018, salieron de las cuentas personales de Ancira.

Y finalmente, el caso de Juan Collado, el abogado defensor de Carlos Salinas y de Peña Nieto. Su caso tiene un doble efecto: acusarlo de lavado de dinero por las transferencias que realizaba desde Caja Libertad, pero al mismo tiempo cortar una de las fuentes de financiamiento de los dos expresidentes, y por el otro romper por completo la estrategia de defensa que pudieron haber tenido los peñistas.

Y así, como lo dijo Kelsen, llámese justicia o llámense venganza, la cacería de los peñistas ha comenzado “con la ley en la mano”. Y todos los caminos llevan a Peña Nieto.

NOTAS INDISCRETAS... Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se entregará, en una ceremonia a las 12 del día, un reconocimiento al Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años al frente de El Universal. Aprobado por todas las fracciones legislativas en un Punto de Acuerdo, la ceremonia reconoce la labor periodística y la contribución a la libertad de prensa y la pluralidad democrática que durante medio siglo ha realizado El Gran Diario de México bajo la conducción del Lic. Ealy Ortiz como presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de esta gran casa editorial. La libertad de crítica y la existencia de un periodismo a favor de la pluralidad y la investigación no se entendería sin la presencia en estos 50 años de El Universal como testigo y actor fundamental en las causas democráticas y del derecho a la información de los mexicanos. Enhorabuena por este reconocimiento a nuestro presidente por estos 50 años de conducir y consolidar a uno de los medios más objetivos y plurales de la prensa mexicana y latinoamericana... Los dados mandan Serpiente Doble. Repetimos el tiro.
13 Agosto 2019 03:59:00
Ana Gabriela o el oportunismo
Que la polémica directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, aproveche el logro histórico de la delegación mexicana y sus 136 medallas en los Panamericanos de Lima para apersonarse en Palacio Nacional y tratar de quedar bien al entregarle una medalla simbólica al presidente López Obrador se entiende; que trate de sacar raja política de esta hazaña de los deportistas nacionales para sus aspiraciones por la Gubernatura de Sonora, molesta, pero pasa.

Lo que resulta inaceptable es que la funcionaria y exdeportista intente apropiarse ella sola de un logro que pertenece a muchas personas e instituciones: desde los deportistas hasta sus familias y desde los institutos estatales, las federaciones deportivas y la organización olímpica mexicana.

Una cosa es que a Ana Gabriela le haya tocado cosechar el nuevo récord de medallas del deporte mexicano en Lima, donde se logra superar a Cuba después de 24 años y también ganarle a Canadá, y otra muy distinta que eso se haya construido en los ocho meses que ella lleva en el cargo; el éxito en los Panamericanos es resultado de varios años de trabajo, inversión y esfuerzo de esta nueva generación de deportistas mexicanos.

Y esa mezquindad –que parece tan propia de la 4T– de no reconocer nada de lo hecho en el pasado y creer que todo en la Administración Pública se inventó y creó a partir del 1 de diciembre de 2018, es la que hace ver muy mal a la directora de la Conade y a su jefe el Presidente, al tratar de capitalizar políticamente un logro que no es solo suyo y no darle crédito a todos los demás involucrados.

“Fue una labor titánica en estos ocho meses mover al elefante reumático, a pesar de la grilla previa y del ‘huachicoleo’ deportivo que hubo dentro de la Conade”, dijo ayer lunes Guevara en su aparición en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

¿Es decir que la sonorense se arroga todo el mérito de la hazaña que, en principio y antes que a nadie, le corresponde a los deportistas y a su pasión, entrega y esfuerzo personal, y después a todos aquellos familiares, directivos, dirigentes y funcionarios locales y federales que los apoyaron? ¡Cuánto protagonismo!

Nadie mejor que Ana Gabriela Guevara, que compitió y representó a México en varias justas deportivas nacionales e internacionales y que logró también sus medallas como corredora, sabe lo mal que se ve que un político o funcionario –sobre todo con aspiraciones y motivaciones políticas como es su caso– se apropie del logro de otros y busque obtener un beneficio del trabajo de muchas otras personas.

Lo único que se le debe reconocer al presidente López Obrador, y ni siquiera fue idea de la señora Guevara, es el apoyo mensual que otorgará a todos los deportistas que ganaron medalla con 20 y 40 mil pesos mensuales y a sus entrenadores.


Eso sí es algo que decidió e hizo este Gobierno; pero el trabajo conjunto y compartido de muchas personas e instituciones, el proceso de tiempo que se llevó formar y preparar a todos estos deportistas, es lo que verdaderamente está detrás del éxito de las 136 medallas obtenidas por México en la competencia continental.

Ni los 37 oros, ni las 36 platas, tampoco los 63 bronces y menos los 14 lugares que se ganaron para Tokio 2020 se le deben a la actual directora de la Conade y a sus ocho polémicos meses en el cargo. Aunque ella diga lo contrario en un lamentable acto de oportunismo y mezquindad.

NOTAS INDISCRETAS…
En el sonado y extraño robo a la Casa de Moneda, una hipótesis que las autoridades no deben desdeñar es la de un “autorrobo” o una abierta colusión interna desde la institución con los ladrones que se llevaron mil 600 centenarios y diversas monedas y relojes de colección con un valor que supera los 60 millones de pesos.

Lo primero que deberían hacer es citar a declarar al director Jorge Raygoza, el actual director de la Casa de Moneda, que fue designado por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y es que hay demasiadas cosas extrañas en este robo.

Por ejemplo, alguien tendría que explicar, primero, cómo es que había mil 600 centenarios en la bóveda cuando el protocolo dice que nunca debe haber más de 500 monedas en ese lugar por seguridad. Luego, la bóveda estaba abierta cuando los manuales de seguridad dicen claramente que siempre debe permanecer cerrada y que después de cada operación en que se abre debe cerrarse inmediatamente.

Los dados mandan Serpiente doble. Mal tiro.
27 Julio 2019 04:01:00
El peligroso israelí que mataron en Artz
Detrás del violento ataque armado en la exclusiva Plaza Artz y de la infantil primera versión de “crimen pasional” que manejaron las autoridades de la CDMX, hay una truculenta historia que involucra a uno de los criminales más peligrosos del estado de Israel. Benjamín Yeshurum Hutchi, el principal objetivo de este ataque en el que murió junto a su socio Alon Azulay, ingresó ilegalmente a México en marzo de este año, con un pasaporte europeo falso y luego de haber sido liberado de la cárcel por las autoridades hebreas, tras purgar una condena de más de 14 años por varios delitos.

Según las autoridades vinculado a mafias internacionales de tráfico de armas, drogas y de los casinos en México, no era la primera vez que Hutchi estaba en nuestro país, en donde ya había radicado desde el 2003 cuando vino por primera vez al país traído por miembros de la poderosa comunidad judía en la Ciudad de México, que lo contrataron para que los ayudara en la prevención e investigación de secuestros que por esas fechas se dispararon entre los empresarios judíos en la zona de Tecamachalco y Polanco. Benjamín Yeshurum, que había pertenecido al Mosad, en donde tuvo entrenamiento especial, llegó a nuestro país procedente de Venezuela, a donde se había escondido después de que en 2001 escapó de una cárcel de Israel, con ayuda de un policía corrupto, tras haber sido sentenciado en los años 90 a 17 años de prisión por haber estado involucrado en el asesinato de Many Aslan, hijo del delincuente israelí Ezequiel Aslan.

Así llegó a nuestro país, donde trabajó apoyando y cuidando a miembros de la comunidad judía, pero en el camino comenzó a desarrollar actividades delictivas y extralegales, como el cobro de deudas para ellos mismos, con métodos de intimidación y violencia. Para el 2005 ya se había convertido en un “empresario independiente” y, aprovechando sus habilidades bélicas y de seguridad, montó su propio negocio de “extorsión, tráfico de drogas y venta de protección” a negocios, bares y restaurantes de Polanco donde se movía habitualmente. Para entonces, hasta los mismos miembros de la comunidad israelita que lo habían traído, comenzaron a ser víctimas de sus extorsiones y amenazas. Por esas fechas la Interpol ya había girado una ficha roja a su nombre a petición del Gobierno de Israel.

Cuando fue ubicado en México, la Interpol y el Cisen pidieron apoyo a la Policía del entonces Gobierno del Distrito Federal, bajo el argumento de que Hutchi había comprado protección de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, por lo que no podían solicitar su detención a los agentes federales del entonces Gobierno de Vicente Fox. La Secretaría de Seguridad Pública del DF montó un operativo de seguimiento y vigilancia en la zona de Polanco, a cargo del entonces subsecretario de Seguridad, Gabriel Regino. El 28 de junio de 2005, fue detenido con 43 dosis de cocaína. Lo llevaron al edificio de la SSP en la calle de Liverpool. Ahí recibieron una llamada de la Embajada de Israel que pedía que lo tuvieran “muy bien vigilado” y en una zona segura. Al día siguiente, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Benjamín Yeshurum Hutchi fue trasladado al aeropuerto Benito Juárez, donde fue entregado a dos soldados del Mosad.

En Israel permaneció en prisión hasta febrero de 2019, cuando fue liberado, para luego arribar a nuestro país con un pasaporte falso. Fuentes de la FGR aseguran que Benjamín Yeshurum reactivó en estos meses las relaciones que desde 2005 trabó con integrantes del cártel de Los Beltrán Leyva, en específico con Édgar Valdés Villarreal “La Barbie”.

Su asesinato en Plaza Artz se produjo justo unos días después de que fuera detenido en nuestro país Erez Akrishevsky, otro delincuente que fue quien escapó con él de la cárcel israelí en 2001. ¿Qué cuentas pendientes tenía Benjamín Sutchi con los cárteles de droga y crimen organizado mexicano que mandaron a sus sicarios a matarlo justo en un restaurante concurrido y a plena luz del día en la plaza comercial más exclusiva de la Ciudad de México? Eso es lo que nos tendrán que decir ahora las autoridades capitalinas.



LO QUE NO EXPLICA NI DICE LA MAGISTRADA OTÁLORA

En relación a las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación a los contratos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial otorgó en los tiempos de la presidencia de la magistrada Janine Otálora, fuentes internas de dicho tribunal aseguran que el denominado “diagnóstico integral para el desarrollo del plan estratégico institucional”, que Otálora le asignó de manera directa su elaboración al Cide, fue un proyecto que el magistrado Reyes Rodríguez le vendió a Janine justo cuando empezó su alianza hace casi dos años.

Otálora sometió la elaboración de ese diagnóstico a una decisión colegiada, en una sesión de la Sala Superior del Tribunal, y los magistrados Mónica Soto y José Vargas manifestaron su desacuerdo por el monto que se pretendía pagar (9 millones de pesos en sus dos etapas) y por el procedimiento de adjudicación directa por el que pretendía encargarse al Cide. Inconformes decían tener información de que su compañero Reyes utilizó al Cide por haber trabajado ahí y por conocer a personas con influencia (entre ellos su mentor, Benito Nacif).

En ese estudio se puso como “experta” a Andrea Foncerrada, una chica sin experiencia en ese tipo de estudios de planeación institucional. Es esposa de Alejandro Trelles, amigo íntimo de Reyes Mondragón y excompañero de trabajo suyo en el IFE, a quien el mismo magistrado había llevado al tribunal como “asesor externo” que trabajaría a distancia, con el argumento de que “podía ayudar en múltiples temas y que estaba estudiando su doctorado en la Universidad de Pittsburgh y necesitaba recursos para concluir”. Como los demás magistrados rechazaron la contratación de Trelles, por considerarlo un politólogo sin experiencia jurisdiccional, “se inventaron esas dos asesorías de casi 11 millones de pesos, que consistían en hacer entrevistas a través de cuestionarios básicos”, comenta uno de los magistrados.

“Posteriormente tuvimos información que en realidad Andrea fungió como fachada entre Alejandro Trelles y Reyes, quienes se repartieron el monto cobrado al Tribunal, y que gran parte del trabajo se maquiló desde la ponencia de Reyes. Lo peor del caso es que, debido a nuestra oposición a ese proyecto, el diagnóstico es un fracaso porque varios magistrados no lo contestamos, con lo cual no se pudo terminar con la visión de todo el Pleno ni la totalidad de las áreas a nuestro cargo. El documento está archivado y nunca se volvió a citar ni a aplicar”, añade el magistrado.

El facilitador de la adjudicación directa fue Jorge Mata, anterior secretario de Administración y gente de Otálora. Hoy Mata sigue ahí protegido por la magistrada, a pesar de que está siendo investigado porque tenía diversos negocios con el Tribunal, entre ellos la cafetería, la venta de alimentos a los comedores institucionales y los servicios de banquetes para eventos de la institución.

Por cierto que otra cosa en la que la magistrada Otálora mintió en su carta enviada a este diario, es que el acta de asignación directa del primer contrato que le dio al Cide, por la primera parte del citado “diagnóstico integral”, no está firmada por la Contraloría Interna. Según una copia de ese primer contrato por 5.3 millones de pesos, en poder de esta columna, en el documento aparecen cerca de seis firmas, pero ninguna corresponde al titular de la Contraloría Interna. Sí aparece, por cierto, la firma de Gustavo Meouchi, quien fue el coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública durante la presidencia de Otálora, y quién además es exyerno del ministro Luis María Aguilar, quien fuera presidente de la Corte. Meouchi fue separado de su cargo cuando cambió la presidencia del TEPJF.

Además, el entregable del diagnóstico contratado por 5.3 millones de pesos que corresponde al acta mencionada, fue un documento de 17 cuartillas en el que ni siquiera entrevistaron a todos los ministros (como estaba contemplado), sino solo a los afines de Otálora: Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y la propia Otálora.

En el documento se establece que “no pudieron realizarse” las entrevistas con el resto de los magistrados: Indalfer Infante González, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿O sea que se pagaron casi 10 millones de pesos por un documento incompleto y por un diagnóstico que ni siquiera tenía las opiniones y visión de todos los magistrados del TEPJF? Con razón lo está investigando la Auditoría Superior…
25 Julio 2019 04:01:00
Sucesión en la UNAM:  la mano de Narro
En la Universidad Nacional hay en estos momentos un poder formal y un poder real. En la ruta por definir la próxima sucesión en la rectoría universitaria, el poder formal, en manos del rector Enrique Graue, está supeditado en los hechos al poder real, que detenta el exrector José Narro, quien opera para tener un control de las distintas opciones de personajes y grupos que empiezan a moverse con miras a la elección de un nuevo rector en noviembre próximo.

Tras su efímero intento de buscar la dirigencia nacional del PRI, el exrector se refugió en la UNAM con miras a apoyar la reelección de su sucesor Enrique Graue, y enfrentar un posible embate de Morena y de la Cuarta Transformación para hacerse del control de la rectoría universitaria. Graue le ha permitido seguir moviendo los hilos y el exrector priista sigue controlando los destinos de la institución: desde la burocracia de alto nivel hasta la grilla de alcantarilla, por lo que si el rector se reelige con su apoyo, el margen y la influencia de Narro Robles crecerá aún más.

Pero la posibilidad de la reelección se empieza a complicar por la falta de resultados del médico Graue que, entre otras cosas, prometió al llegar a Rectoría la recuperación del Auditorio Justo Sierra de Filosofía y Letras. Hoy el espacio sigue en manos de una pandilla de delincuentes que comercian ilegalmente todo lo que pueden y cobran derecho de piso a los ambulantes. Durante su gestión ha habido un sinnúmero de crisis de seguridad, asesinatos no aclarados, disparos, venta de droga, inseguridad y violencia en las instalaciones universitarias, mientras los conflictos estudiantiles no han dejado de ocurrir.

Todo esto aumenta el rechazo de la comunidad universitaria a que Graue se reelija porque lo acusan de mantener intacta a la burocracia universitaria que heredó de su antecesor. Por ejemplo, de acuerdo al organigrama de la UNAM, su secretario general se llama Leonardo Lomelí, pero en la práctica quien ejerce las funciones es Enrique del Val, operador de Narro. La secretaria particular de la Rectoría y la mitad de directores y secretarios administrativos de la Universidad se cuadran con Del Val.

A su vez en los caminos de la universidad de pie, el operador de Narro Robles se llama Jaime Vázquez. Formalmente Vázquez es coordinador en la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, pero en los hechos maneja, con cargo al erario de la casa de estudios, una amplia red de personas y jóvenes que le pasan información “confidencial” de la institución, que él maneja discrecionalmente. También controla a grupos estudiantiles de presión con los que Vázquez crea y apaga conflictos. Eso le ha permitido subsistir por más de una década. Pero su trabajo ya deja muchas dudas porque con su gran aparato no ha podido advertir a sus superiores de ninguna problemática previa a que ésta suceda. Y así, con Del Val en las alturas y Vázquez en los subsuelos, Narro ejerce un control casi total sobre la rectoría de Graue.

Pero si el rector actual se le desinfla y no gana la reelección, el exrector Narro prepara otros candidatos como el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, quien aunque es bien visto en la UNAM, no lo quieren en la Presidencia de la República y costaría trabajo convencer a la Junta de Gobierno de que es el candidato idóneo.

Y aún en el escenario más adverso, el exrector también tiene un “Plan B”. Si en la Junta de Gobierno se impusiera la candidata de Morena a la rectoría, Angélica Cuéllar, directora de Ciencias Políticas y Sociales; Arturo Chávez, el secretario general de la Facultad y quién es la mano derecha de Cuéllar, tiene una estrecha relación con Jaime Vázquez, el operador de tierra de Narro, con lo cual, en caso de que el grupo de Morena llegara a controlar la rectoría, Narro tendría sus conexiones de protección.

Sin embargo, ese es el último escenario que el exrector considera y para evitarlo fue que dejó su fallida candidatura en el PRI y abandonó el partido en donde militó para pelear desde la trinchera universitaria e intentar regresarle la “cortesía” al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responsabiliza de su descarrilamiento en el proceso priista. De ser así, la UNAM podría convertirse en el campo ideológico para iniciar la guerra contra la Cuarta Transformación. Ese es el plan de Narro y para ello maneja sus cartas desde tres meses antes de que se reúna la Junta de Gobierno para deliberar sobre la elección del nuevo rector; pero como dicen los viejos universitarios, la Junta es tan impredecible que puede elegir a cualquiera… Capicúa de los dados. Se repone el tiro.
24 Julio 2019 04:03:00
Baja California en rebeldía; desprecian a la Federación
En una sesión extraordinaria, convocada casi en secreto, con fuertes dispositivos de seguridad y en una sede alterna, 16 diputados del Congreso de Baja California, de un total de 26, validaron anoche la reforma al Artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplió de 2 a 5 años la próxima gubernatura del morenista Jaime Bonilla, en una acción en la que los diputados locales rechazaron e ignoraron el “exhorto” que la semana pasada les hizo el Congreso de la Unión para que retiraran su reforma, a fin de evitar un enfrentamiento entre la Federación y el Estado.

“Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente (del Congreso federal) en asuntos que únicamente competen a la soberanía de los bajacalifornianos”, dijeron los diputados locales.

En la misma línea de defender la ampliación de mandato como un tema “de autonomía y soberanía de Baja California”, que ha esgrimido el gobernador electo, quien incluso ha exigido “que lo entiendan en el centro, que aquí manda el Congreso del Estado”, los 16 diputados que hicieron mayoría, incluidos seis panistas que ayer renunciaron públicamente a Acción Nacional, además de legisladores de Morena, PRI y PT, se encerraron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, habilitado como sede alterna del Congreso local, ante las protestas ciudadanas que les impidieron ocupar su sede de Mexicali, en una sesión a puerta cerrada en la que incluso, con seguridad y escoltas de la alcaldesa panista Mirna Rincón, se impidió el paso no sólo a los ciudadanos inconformes, sino también a la prensa.

Y mientras el estado se divide entre los que apoyan la ampliación de mandato y los grupos políticos y empresariales que ya promueven las primeras controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría del Congreso local desafía los llamados de todos los partidos, incluido Morena, hechos desde el Congreso federal:

“Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se inicie el trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, dice el dictamen aprobado este martes por los diputados locales y leído por el priista Alejandro Arregui, en el que se defiende el decreto 112 aprobado por 21 legisladores de todos los partidos.

Está claro que el tema tendrá que resolverse en la Suprema Corte donde, la lógica dice que el decreto 112 que amplió el mandato de una gubernatura después de las votaciones estatales será rechazada, por los precedentes que los mismos ministros han aprobado en esa materia. Sin embargo, por la falta de operación política desde el Gobierno federal y las posiciones ambiguas y divididas que han asumido las cabezas del Ejecutivo, ya no queda muy claro si los diputados locales y el electo Jaime Bonilla están actuando totalmente “por la libre” en su abierta rebeldía a la Constitución y a los poderes federales.

Sobre todo porque ayer, ante una nueva pregunta sobre el tema, el Presidente dice que para él “la no reelección es un tema de ideales, no de leyes”, con lo cual López Obrador siembra más dudas que certezas sobre algo que desde su llegada al poder le han cuestionado sus críticos y que una y otra vez ha negado tener afanes o intenciones reeleccionistas.

Porque se entiende que para él el tema sea de convicciones e ideales políticos, pero no se puede ignorar que la “No reelección”, que fue la bandera de Francisco I. Madero que dio pie a la Revolución de 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, es mucho más que un tema de ideales, y es un principio constitucional vigente, con motivaciones y razones históricas.

¿Es decir que si López Obrador no estuviera convencido o en algún punto modificara sus ideales, se modificaría también la Constitución para eliminar la prohibición de reelección presidencial? El tema es delicado y no es por desconfianza del Presidente, pero ayer, ante una solicitud de Transparencia, la Presidencia de la República negó que exista en sus archivos el documento que públicamente firmó López Obrador el 19 de marzo en Palacio Nacional, en el que se comprometió a no reelegirse ni a buscar modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.

“El documento no existe”, respondió la Presidencia. ¿Y entonces, el compromiso es real? No vaya a ser que, ante la falta de condena tajante y de operación desde la Presidencia para frenar la reforma reeleccionista en Baja California, los ideales y las convicciones vayan a cambiar “porque el pueblo me lo pide”, tal como dice Jaime Bonilla que se lo pidieron los bajacalifornianos.
23 Julio 2019 04:00:00
Monreal, el Gabinete y la crisis política en la 4T
Ricardo Monreal volvió a poner ayer el dedo en la llaga de la 4T, al hablar de la ausencia de operadores políticos en el Gabinete que no acompañan al presidente ni le resuelvan los problemas, reclamos y crisis que le están estallando, todas, al Jefe del Ejecutivo.

El diagnóstico del senador, que por segunda vez habla de “ausencias” en el equipo presidencial, parece confirmarse en los últimos días, cuando a López Obrador le estalla una crisis constitucional desde Baja California, por un gobernador que no entra en funciones y ya se está brincando las trancas, además de manifestantes en San Luis que casi se le meten a la habitación de hotel y lo hacen ver intolerante, o campesinos que le toman carreteras y se le plantan en el Zócalo porque nadie escucha sus reclamos presupuestales.

No hay operación política en las áreas responsables, como la Secretaría de Gobernación y otras dependencias y secretarios que no atienden ni resuelven las problemáticas de sus sectores. Los filtros históricos que solían proteger al presidente no funcionan y todos los problemas le llegan a Palacio Nacional.

Nadie habla, por ejemplo, con los gobernadores, que no hacen nada o casi nada en seguridad pública y solo esperando que les envíen a la Guardia Nacional para resolverles un problema que también es suyo; tampoco nadie opera con la oposición sobre temas críticos o importantes para este gobierno o ya no digamos con los líderes empresariales y los inversionistas, que siguen hablando de “incertidumbre” y cuestionan la política económica, mientras prometen inversiones millonarias solo de saliva y que no fluyen por la desconfianza en el manejo de la economía y las decisiones radicales de un ala del Gabinete.

Estas crisis recurrentes en las que siempre tiene que dar la cara López Obrador, lo mismo para calmar a ciudadanos enardecidos que lo sorprenden en su hotel, que para atender a campesinos que exigen “diálogo directo con el presidente porque el secretario no resuelve”, han hecho que ya se analice un cambio necesario en Gobernación, ante la realidad inocultable de que la secretaria Olga Sánchez Cordero y su equipo, han sido rebasados y desplazados incluso de varias de sus funciones constitucionales por decisión del propio Presidente.

Aunque el tema no está aún decidido y el propio López Obrador ha estado analizando “opciones” y fecha para hacer un cambio en la Segob, la semana pasada la filtración de este tema, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que habló del relevo de Olga Sánchez, pareció un intento del experimentado político por entorpecer o retrasar cualquier decisión que se pudiera tomar en ese sentido. “¿Que ya renunció Olga Sánchez?”, preguntó fingiendo ignorancia Muñoz Ledo, que en realidad estaba vacunando a su amiga, la secretaria, de un cambio que ocurrirá tarde o temprano.

El Presidente, dicen en Palacio Nacional, tiene previsto nombrar a un nuevo titular de Gobernación entre septiembre y diciembre, tal vez en ocasión de su primer informe de Gobierno, bajo la lógica de que la posición de la exministra se ha desgastado y que se necesita una “figura fuerte”, un operador que retome la parte política y de búsqueda de negociación y consensos con los distintos actores políticos y públicos que se ha dejado de hacer en Bucareli.

Como jefe de Gobierno del antiguo DF, Andrés Manuel siempre gustó de hacer cambios previos a sus informes de Gobierno, por lo que se piensa que estaría esperando para esas fechas para madurar bien su decisión.

Se habla en los corrillos del Palacio de tres pesos pesados que estaría considerando López Obrador para el tema de la gobernabilidad y la operación política: Marcelo Ebrard, que está demasiado ocupado en estos momentos con la política exterior y la relación con EU; el mismo Ricardo Monreal, que es un operador clave en el Congreso y que tiene la confianza del Presidente, y Julio Scherer Ibarra, que aunque se encarga más de los asuntos jurídicos, también opera temas políticos para el Presidente y tiene la cercanía y la confianza del Mandatario.

Sería cuestión de ver por quién se decide el Presidente y de qué tanto, Monreal, Ebrard o Scherer, quisieran ocupar el despacho de Bucareli, que aunque sigue siendo la posición más importante del Gabinete en materia de operación política, también es una dependencia a la que le quitaron demasiadas funciones y, en los hechos, la achicaron en este Gobierno.

Pero lo que es cierto es que, en cuanto el Presidente se decida y le pida a alguno de ellos que se vaya a pararle problemas y manejarle crisis en su Gobierno, López Obrador no tendrá que estar, un día sí y el otro también, dando la cara a cuanto problema e inconformidad surge, porque tendría, ahora sí, a un “hombre fuerte” en Bucareli. ¿Cuándo? Eso sólo él lo decide.
22 Julio 2019 04:00:00
El asesor ‘externo’ del canciller
Viaja siempre junto al canciller Marcelo Ebrard CasaubÓn, lo mismo a misiones diplomáticas oficiales en otros países, que a eventos oficiales dentro de la República, como una especie de “asesor externo”. Se encarga igual de contratar servicios para eventos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagados con recursos públicos, como catering y transportación local, que de la logística de reuniones importantes, tal como lo hizo en el reciente US México CEO Dialogue en Mérida, el 12 de abril pasado, o en el encuentro de los alcaldes de Norteamérica que tuvo lugar en Los Cabos del pasado 6 al 8 de junio, ambos encuentros a los que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se llama Javier López Casarín y aunque oficialmente no tiene un cargo ni aparece en el directorio o en la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni tampoco en el del Gobierno federal, le fue expedido un Pasaporte Diplomático a su nombre “López Casarín Javier Joaquín”, en el que se ostenta como “director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, un cargo que no existe en la estructura ni el organigrama de esa dependencia federal. El número de dicho Pasaporte Diplomático es D00058887, y fue expedido el 17 de enero de 2019, con vigencia de un año, por lo que caduca hasta el 17 de enero de 2020, y está firmado por el director general de Delegaciones, Carlos Alfonso Candelaria López.

Públicamente Javier López Casarín se ostenta en entrevistas con medios y en sus perfiles de redes sociales como “Innovador, Empresario y Emprendedor Social” y también como Presidente de la Fundación Reinventando a México y nunca menciona ser funcionario de Relaciones Exteriores. Se define él mismo como “Luchador social incansable, de pensamiento claro y firme” y se dice a favor de promover la “innovación en México”, materia sobre la que incluso ha publicado un libro titulado Innovación, una actitud, publicado por Editorial Miguel Ángel Porrúa, en el que propone “atreverse a hacer las cosas de manera distinta… abandonar la inseguridad y dar un paso a la curiosidad, al riesgo; y dejar de lado el conformismo en el que nuestra sociedad se ha estancado”.

El Reglamento de Pasaportes vigente, señala que el Pasaporte Diplomático sólo lo otorga y refrenda la SRE al Presidente de la República y a los expresidentes; presidentes de las Cámaras de Diputados y senadores; gobernadores de los estados, ministros de la Corte y secretarios de Estado, entre otros.

A pesar de que no ocupa ninguno de los puestos mencionados, López Casarín viaja con su Pasaporte Diplomático y ha acompañado al titular de la SRE en viajes oficiales. Se le vio junto a Marcelo Ebrard en Nueva York, el 21 de enero pasado, cuando el canciller viajó como parte de la comitiva enviada por el presidente López Obrador para comprar las 571 pipas que el Gobierno de México adquirió para transportar gasolinas a todo el país, durante la crisis de los gasoductos. Según testimonios de funcionarios que estuvieron en Nueva York, Javier López acompañó a Ebrard en reuniones con las secretarias de Economía, Graciela Márquez, de Función Pública, Irma Sandoval y la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. Incluso, como Buenrostro no dejó decidir al canciller sobre la compra, éste se regresó a México pero dejó a Casarín para que le informara de la compra.

Sería muy bueno que, en aras de la transparencia y la legalidad, en la Cancillería mexicana explicaran exactamente qué función desempeña el empresario Javier López Casarín, por qué organiza eventos oficiales de la SRE y contrata servicios y, lo más delicado, por qué le fue expedido un Pasaporte Diplomático Oficial si no tiene un cargo público que lo amerite. Puede ser que Marcelo Ebrard tenga mucha confianza en él y que, según afirman funcionarios que pidieron el anonimato, tenga “algunos negocios” con López Casarín y con su madre Gisela Casarín, que tiene una empresa de Relaciones Públicas, pero nada de eso justifica que viaje con él en comisiones oficiales o que tome decisiones y hasta contrataciones en Relaciones Exteriores ¿o sí?
20 Julio 2019 04:05:00
Elba y su bioserie: la traición de Videgaray
Ahora que a Javier Duarte se le ha soltado la lengua y ha empezado a declarar y a revelar detalles de cómo negoció su captura con el Gobierno de Peña Nieto y cómo fue engañado y extorsionado, la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo no quita el dedo del renglón sobre producir y promover una “bioserie” en la que narre su historia, desde sus orígenes en Chiapas, hasta su caída y persecución, su lucha legal y su posterior liberación y exoneración.

Hay un pasaje inédito de toda esa historia que a Elba Esther Gordillo le interesa particularmente contar y que comenta en confianza a sus cercanos. Aquella tarde del 26 de febrero de 2013, cuando los agentes federales de la PGR se subieron al avión privado que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Toluca, la maestra se habría esperado todo, menos que fueran a detenerla a ella, que venía “invitada a dialogar” con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Gordillo Morales ya sabía que en cualquier momento le iban a asestar un “manotazo” desde la Presidencia pues había desafiado a su antiguo amigo, Enrique Peña Nieto, al oponerse a una Reforma Educativa. Tan lo sabía que dio aquel discurso en Tlalnepantla el 6 de febrero de 2013, donde dijo que “ni amenazas, ni nada me van a intimidar; para morir nací, quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace unaguerrera, como guerrera murió’”, pues pensaba que la querían asesinar.

Tras ese discurso se fue a San Diego y no pensaba regresar a México hasta que recibió una llamada de su amigo, Luis Videgaray. El poderoso secretario de Hacienda la citó a una reunión personal con él en la Ciudad de México “para dialogar y llegar a un entendimiento”.

Confiaba en Videgaray y decidió jugar su última carta para ver si podía convencer al presidente Peña Nieto de modificar su reforma educativa. Por eso tomó el jet privado para acudir a la cita el miércoles 27 por la mañana. Cuando el Lear Jet aterrizó en Toluca, apenas al abrir la puerta entraron por ella agentes encapuchados que la detuvieron todavía medio dormida y le leyeron sus derechos.

Nunca vio venir “la traición de Videgaray” que al invitarla “a dialogar” ya tenía lista toda una investigación de lavado de dinero, las cuentas del SNTE, de su familia y de ella, que en ese momento ya tenía una orden de aprehensión. ¿Será que el proyecto trunco de su serie, que en su momento le pararon con una “sugerencia” desde Palacio Nacional, volverá a retomarlo “la guerrera” a la que nomataron pero sí la tuvieron un sexenio en la cárcel?



Un crimen, dos inocentes y un exilio político

La historia comienza en Tamaulipas e involucra a dos políticos del PAN que, por cuestiones personales y familiares, siempre rivalizaron y compitieron: Francisco García Cabeza de Vaca y Carlos Cantú Rosas.

Los dos de la frontera, el primero en despuntar fue Cabeza de Vaca que en 2004 fue electo alcalde de su natal Reynosa y para 2012 sería senador; mientras Cantú Rosas logró en 2013 ser alcalde de Nuevo Laredo.

Mientras eso pasaba en Tamaulipas, en enero de 2015, en Tlaxcala un policía estatal, Juan Carlos Yáñez Osornio, fue detenido y acusado de cuatro secuestros cometidos en Apizaco. El agente corrupto Yáñez nombra como sus abogados a Natanael Castelán Iturria y Jorge Alberto Lara Rivera, exfuncionarios de la PGR que colaboraron con Irving Barrios Mójica contra lavado de dinero.

En ese mismo 2015, en Tamaulipas el PAN buscaba candidato a la Gubernatura y los precandidatos eran García Cabeza de Vaca, Cantú Rosas y Maki Moreno. Mientras que en Tlaxcala, en abril, detenían a José Aguilar por robo y en Cereso conoce al policía Yáñez. En Tamaulipas, en tanto, se designa candidato a gobernador a Francisco García Cabeza de Vaca y en marzo de 2016 inicia su campaña.

Carlos Domínguez, reportero tamaulipeco, se une a la campaña de Cabeza de Vaca, quien busca en mayo de 2016 a Carlos Cantú Rosas y lo invita a sumarse a su campaña, a cambio de nombrarlo secretario de Desarrollo Social, lo que Cantú acepta.

Francisco García gana la elección y a Cantú Rosas le informan de la oficina del gobernador electo que será el próximo secretario del Trabajo, ya no de Desarrollo Social; pero cuando el gobernador toma posesión del cargo, otro está en la Secretaría del Trabajo.

Cabeza de Vaca designa a Irving Barrios Mojica como procurador general de Justicia del Estado, quien a su vez designa a Natanael Castelán, abogado del policía corrupto de Tlaxcala, como director de Procesos Penales. En el Cereso de Tlaxcala, David Mejía Bravo visita a su amigo de nombre José Aguilar y por él conoce al policía secuestrador Yáñez.

Por esas fechas, agosto de 2017, Morena busca al panista Cantú Rosas. Eso no gusta en Ciudad Victoria y la situación se vuelve tensa, mientras en Tlaxcala liberan al policía secuestrador Juan Carlos Yáñez. Y aquí viene el hecho que vincula las dos historias: el 13 de enero de 2018 es asesinado el reportero Carlos Domínguez.

En Zacatecas, los jóvenes David Mejía y Adrián Montes se encontraban laborando. La Fiscalía no tiene pistas y ofrece 2 millones de pesos de recompensa por información. Dos reporteros, Luis Valtierra y Jesús González, declaran haber visto a Carlos Domínguez a bordo de su auto, al salir del restaurante Arturo.

La presión social y política crece y el director de Averiguaciones, Natanael Castelán, ordena traer la carpeta a Ciudad Victoria. Para febrero de 2018, el secretario de Gobierno estatal busca nuevamente a Cantú Rosas y le ofrece integrarse al Gabinete.

Por esas mismas fechas, Natanael, presionado por el fiscal y el gobernador ante la falta de resultados en el caso de Domínguez, se comunica con su excliente, el policía Yañez, a quien le pide “buscar a dos personas que se presenten a ser detenidas como responsables del homicidio del periodista y así cobrar la recompensa”. Yañez contacta a David Mejía en Zacatecas y le explica en qué consistiría el trabajo: dejarse detener por el crimen del periodista, ser presentado ante los medios, durar 6 días detenido y salir libre y cobrar 500 mil pesos de la recompensa. David acepta y le proporciona sus datos y los de Adrián Montes, a quien nunca le informan del plan.

En marzo de 2018, Cantú Rosas se reúne con el coordinador del Gabinete. Le ofrecen de nuevo ser secretario del Trabajo y el propio Cabeza de Vaca le pide que no se vaya con Morena; pero el partido le pide a Cantú ser su candidato a la Alcaldía de Nuevo Laredo y él acepta. Cuando Cantú dice que no irá al Gabinete, la respuesta es una advertencia: que “no olvide que ellos tienen a la Procuraduría así como a la Contraloría y no le permitirían contender por ningún otro partido”.

Una semana después, el policía tlaxcalteca y secuestrador Yáñez se presenta a la Fiscalía del Estado a declarar “que el día 17 de enero de 2018, estando en Pachuca, conoció a David Mejía y a Adrián Montes, quienes confesaron haber asesinado al periodista por órdenes del tío de Carlos Cantú Rosas, el señor Rodolfo Cantú García”.

Con ese solo testimonio, sin mayor investigación, se libran órdenes de aprehensión el 20 de marzo contra Rodolfo Cantú, los tres reporteros y los dos hombres de Zacatecas. Los cuatro primeros sondetenidos el 24 de marzo en Nuevo Laredo, mientras que a David y Adrián los capturan el 27 de marzo en Zacatecas y se inicia el proceso penal contra los 6 detenidos. Casi al mismo tiempo se da carpetazo a la investigación NUC 151/2018, donde se indaga la muerte de los dos sicarios a quienes les hallaron los pasamontañas y el arma homicida.

Para complicar la defensa, a los dos zacatecanos los trasladan al Cereso de Altamira, al sur del estado, en mayo de 2018, mientras que a Rodolfo Cantú, en represalia por una entrevista a los medios que concede su sobrino Carlos, lo mandan al Cefereso de Tepic, Nayarit, en febrero de 2019.

El pasado 14 de abril, el periodista Gabriel Garza, injustamente acusado, fallece al interior del Cereso de Nuevo Laredo por un mal cardiaco; mientras que el 14 de mayo en la Ciudad de México, la esposa de Adrián Montes presenta demanda de juicio político contra el gobernador Cabeza de Vaca y su fiscal, Irving Barrios Mójica.

El otro acusado, David Mejía Bravo, presenta denuncia penal contra Natanael Castelán por “fabricación de culpables”, aunque no se ha investigado su denuncia. A ninguno de los dos jóvenes de Zacatecas les dieron nunca los 500 mil pesos prometidos por inculparse y menos los libraron de la cárcel donde todavía hoy están recluidos por un crimen que no cometieron.

El juicio oral de este caso, en el que se muestra burdamente la fabricación de acusados y chivos expiatorios en el asesinato del periodista Carlos Domínguez, será el próximo 31 de julio. ¿Qué dirán los jueces ante esta historia que parece de ficción pero es totalmente real y comprobable en documentos y denuncias en poder de esta columna?

¿Cárcel para los jodidos e inocentes e impunidad para los poderosos y corruptos funcionarios? Los dados mandan serpiente.
18 Julio 2019 04:06:00
El fin del ‘Chapo’ Guzmán y su leyenda
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera terminará sus días como en su peor pesadilla y como nunca hubiera querido hacerlo: preso y lejos de su país, en la frialdad de una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, donde purgará una cadena perpetua y 30 años más, por lo que nunca podrá regresar en vida a territorio mexicano. Se extingue así la leyenda del narcotraficante más famoso del mundo, el campesino sinaloense que empezó sembrando mariguana y llegó a ser, por su astucia y complicidad con políticos y jefes policiacos de México, uno de los capos más poderosos y sanguinarios del crimen internacional.

Hoy “El Chapo” Guzmán, traicionado por su socio y compadre Ismael “El Mayo” Zambada y por su hijo y su hermano que testificaron en su contra, desconocido por los políticos mexicanos que lo cobijaron y protegieron por casi 30 años, convertido en “monstruo” y en “trofeo” para la justicia y la adicta sociedad estadunidense, es un hombre bajito y vulnerable que, olvidando el dolor y la violencia que él mismo infligió, se queja de “crueldad y tratos inhumanos” en el sistema carcelario norteamericano.

Sólo su familia, sus hijos y su madre a los que ya no podrá ver y que permanecen en Sinaloa, aislados y resentidos por las traiciones, desde donde se proponen recuperar el emporio criminal que llegó a construir su padre, y su inseparable esposa Emma Coronel, que lo acompañó por los más de tres meses que duró su juicio sin perder nunca el porte y el estilo, parecen hoy ser lo único que le queda a un reducido y condenado Guzmán Loera.

La cárcel que espera ahora al capo que conquistó no solo México sino a buena parte del mundo con el tráfico de mariguana, cocaína, heroína y anfetaminas, es una “súper prisión” al pie de las montañas del condado de Fremont en Colorado. Ahí purgan sus condenas más de 300 hombres considerados “las peores amenazas para la seguridad de los EU”. En este complejo súpervigilado, con francotiradores que apuntan día y noche desde 12 torres y en donde pasará 23 horas del día aislado e incomunicado en una celda de 3.5 por 2 metros cuadrados, con solo un excusado, una cama, un escritorio y un banco, “El Chapo” tendrá como compañeros a peligrosos terroristas y pandilleros.

En Fremont están recluidos Ramsey Josseff, condenado por el ataque a las Torres Gemelas en 1993 que dejó 6 muertos; Zacarías Mousaui, que tuvo un rol principal en el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas; Tehodore Kaczinsky el “Unabomber”, señalado por 16 ataques con bombas enviadas en paquetería y correo; Dzhocar Tsarnaev, señalado junto a su hermano como autor material del atentado en el maratón de Bostón en 2013, y José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, líder de la pandilla de “La Línea”, el brazo armado del cártel de Juárez.

Ya durante el juicio, Joaquín Archivaldo, con sus 62 años, se quejó de “trastornos sicológicos, maltratos y padecimientos” provocados por el total aislamiento al que fue sometido, como medida de seguridad, en el que incluso se le restringieron las reuniones con sus abogados y se le prohibió ver a su esposa, a pesar de varias solicitudes que hizo a la justicia estadunidense. Ahora, en la prisión de Fremont, donde la altura de 2 mil 074 metros sobre el nivel del mar lo convierte en el estado con más altitud de la Unión Americana, y las temperaturas suelen ser cambiantes y extremosas, con calor intenso de hasta 40 grados centígrados en el verano y fríos y tormentas de nieve en el invierno, veremos cómo pasa sus días el narco mexicano que escapó dos veces de prisiones mexicanas “de máxima seguridad”, que corrompió a todo un sistema político y de justicia, y que después de ser considerado por las autoridades como “un criminal muy astuto” y como uno de los millonarios con más dinero en el mundo, por la revista Forbes, hoy se consumirá, junto con su leyenda, en una pequeña celda al pie de las montañas Rocallosas.

NOTAS INDISCRETAS… Fuentes de la Auditoría Superior de la Federación aseguran que se investiga una serie de contratos firmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la presidencia de la magistrada Janine Otálora. Concretamente se adjudicaron entre 2017 y 2018 y en forma directa al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para la ejecución de 2 proyectos por 9 millones 674 mil 310 pesos, de los cuales se pagaron 4 millones 295 mil pesos por un Diagnóstico Integral para el Desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020, y 5 millones 379 mil 310 pesos por un Diagnóstico a Profundidad y Propuesta para el Fortalecimiento del Centro de Capacitación Electoral, ahora Escuela Judicial. En ambos casos, se argumentó que el CIDE era “la única institución que podría realizar los servicios a satisfacción del Tribunal, a pesar de que se trata de productos sobre los que se pudo realizar una licitación para buscar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. El supuesto de excepción, por el que investiga la ASF, es el de “servicios que se pueden contratar con instituciones públicas” es exactamente el mismo mecanismo que se utilizó como justificante en la llamada “Estafa Maestra”, donde también se argumentó eso para contratar a universidades públicas. Lo más grave del asunto, y lo que tendrá que explicar Janine Otálora a la ASF, es por qué no hay resultados concretos y relevantes de ambos estudios pagados al CIDE, y la Auditoría revisa también los fondos que otras instituciones le pagaron al organismo académico por conceptos similares… Los dados mandan Serpiente doble. Descendemos.
17 Julio 2019 04:06:00
Cuando los vecinos se encuentran
En el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por donde han desfilado infinidad de criminales y procesados por la justicia, conviven toda clase de personajes: desde peligrosos delincuentes confesos y sentenciados, narcotraficantes famosos, inocentes y pobres acusados sin dinero para defenderse, hasta políticos investigados por corrupción que llegan a purgar parte de su proceso judicial o su condena en la cárcel más sobrepoblada, hacinada y conflictiva de la capital del país.

Ahí ha coincidido en tiempo y espacio lo mismo Rafael Caro Quintero y “Don Neto”, acusados por el caso de “Kiki Camarena”, que Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex acusado de corrupción y desfalco a la petrolera nacional por su amigo José López Portillo o más recientemente, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, que acudió por su propio pie a entregarse a esta cárcel, confiando en el consejo de sus abogados de que le fijarían una fianza y seguiría su proceso en libertad, pero una vez que entró por la puerta del famoso “Reno”, fue declarado consignado penalmente, sin derecho a fianza por delitos de corrupción y posteriormente trasladado al Reclusorio Oriente.

Hoy, en esta tristemente célebre cárcel del Norte de la Ciudad de México, han vuelto a coincidir dos personajes de la política nacional, uno que lleva ya dos años preso por delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa, y otro que apenas ingresó al penal el 9 de julio, acusado por dos de esos mismos delitos, el abogado Juan Collado Mocelo.

Conocidos de la política y con varios “amigos” comunes, uno de ellos el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, el exgobernador de Veracruz y el ínclito abogado de los poderosos no solo se han encontrado en sus ratos libres en el Reclusorio Norte, donde están ubicados en la misma zona, un área reservada y apartada de las secciones del penal donde se ubican los delincuentes comunes y más peligrosos, sino que además son vecinos de celda, por lo que han tenido tiempo de platicar en estos pocos días en los que han coincidido.

Curiosamente, el mismo día que detuvieron a Collado, la tarde del jueves 9 de julio, también fue el mismo día que a Javier Duarte le dio un ataque de memoria y se le soltó la lengua y el puño, cuando comenzó a mandar cartas y a conceder entrevistas a los medios de comunicación para denunciar “los abusos, las extorsiones y traiciones”, de que fue objeto durante el Gobierno de Peña Nieto, en el que lo mismo fingieron haberlo capturado en Guatemala –cuando él realmente fue quien se entregó a cambio de un “pacto para no molestar a mi familia”– que recibió “dinero de Peña” que después le cobró Alberto Elías Beltrán, el encargado de la PGR, al extorsionarlo.

Dicen que del mismo lado donde dieron la orden de capturar aquella tarde a Collado, justo el día que había renunciado Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, también salió un “mensaje de autorización” para que Duarte hablara y dijera todo lo que tenga que decir sobre lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto. Y desde ese día el veracruzano no ha parado de hablar, en una diarrea de denuncias que lo ha llevado no solo a dar “exclusivas” y filtraciones a medios y periodistas, sino también a ofrecer a la Fiscalía General de la República “toda la información que tengo sobre varios integrantes del Gabinete de Peña Nieto”.

Y ahí viene lo más interesante: que en estos días de convivir y compartir sus penas y sus cuitas en el Reclusorio Norte, Javier Duarte y Juan Collado han hablado de cómo “en la cárcel se conoce (o ¿se desconoce?) a los amigos” y como “cuando llega la desgracia afloran las traiciones”. Y, según comentan políticos que los conocen bien a ambos, han hecho en poco tiempo tan buena relación, que ya hasta el exgobernador le ha propuesto al famoso abogado que considere “colaborar” con la Fiscalía General de la República con información que les pueda interesar, a cambio de obtener beneficios legales para su proceso.

¿Será que Juan Collado cantará en el Reno? Ya lo vimos hacerlo a dueto con Julio Iglesias, en la lujosa boda de su hija, y la verdad no cantaba mal. Lo malo es que si Collado canta, a muchos afuera no solo les van a doler los oídos, también les temblarán las piernas.
16 Julio 2019 04:06:00
El mapache detrás del ‘Bonillazo’
En el entuerto reeleccionista y fraudulento de Baja California, además de la mano ejecutora de Jaime Bonilla, el gobernador electo morenista y sus pactos inconfesables para darle impunidad al Mandatario saliente del PAN, Francisco “Kiko” Vega, también está la autoría intelectual y jurídica del abogado priista Amador Rodríguez Lozano, exsenador de la República y afamado “mapache”, un operador electoral, que además de ser cercano a priistas bajacalifornianos como Jorge Hank Rohn y Fernando Castro Trenti, también colaboró como “socio-asesor” de los tres últimos gobernadores de Chiapas: Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines y Manuel “El Güero” Velasco.

Amador Rodríguez Lozano, hoy operador cercano de Bonilla y a quien se menciona como su próximo secretario de Gobierno del estado, fue quien ideó, diseñó y redactó la reforma constitucional que, a la medianoche del 8 de julio, y en una sesión extraordinaria del Congreso local, hizo modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de Baja California para ampliar la duración de la Gubernatura que inicia este 1 de noviembre, de dos años, como se votó en las urnas, a cinco años de duración.

Rodríguez Lozano dice ser originario de Tijuana. Fue senador y diputado por el PRI, cercano a Jorge Carpizo, con quien colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En Baja California buscó ser candidato a gobernador por el PRI en 2001, pero alegando falta de equidad, renunció al priismo y fue candidato del PT; en 2006 fue candidato de la Coalición por el Bien de Todos al Senado y también perdió. A partir de su fracaso en BC se fue a Chiapas invitado por el gobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía.

Asumió como coordinador general de gabinete y representante del Gobierno del estado de Chiapas en el DF. Se encargaba de redactar proyectos legislativos y lo presentaban como “estratega electoral”. Fue autor del polémico proyecto que desapareció la Gran Comisión de Congreso del Estado para crear la Comisión de Régimen Interno, con la cual el gobernador Salazar le quitó el control a la mayoría del PRI. El proyecto fue desechado por una controversia constitucional.

Al finalizar el sexenio de Salazar, fue enviado a coordinar la campaña de Juan Sabines, pero este se opuso y prefirió nombrar coordinador a su amigo, Ángel Córdova Toledo. El resultado fue un desastre: en varios distritos aparecieron “casillas zapatos” adjudicadas al PRD-CIOAC, y ante el caos, la mano de Rodríguez Lozano y sus oficios políticos en el centro, impidieron el recuento de votos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio el triunfo a Sabines por diferencia de 0.5 por ciento.

En premio, Sabines lo ratificó como coordinador del Gabinete y Representante en el entonces Distrito Federal. A sugerencia de Amador, Sabines reformó la Constitución estatal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia por Ministerio de Justicia y él mismo fue nombrado “Ministro de Justicia”.

En esa época protagonizó un hecho bochornoso: apareció en los medios de comunicación hablando del decomiso de “varias toneladas de cocaína”. Una semana después tuvo que salir a aclarar que “era lactosa en polvo”. Después de eso renunció y le regresaron su nombre a la Procuraduría.

Pero continuó como gurú electoral y en 2009 impulsó una reforma para suspender los comicios de 2010 para elegir ayuntamientos y en su lugar proponían que los legisladores asumieran como presidentes municipales y estos de diputados. Una controversia constitucional revirtió el burdo y absurdo proyecto.

Después de esos ridículos desapareció un tiempo y volvió en 2012 como asesor del Gobernador del PVEM, Manuel Velasco Coello, que lo nombró presidente del Instituto de Administración Pública del Estado.

En la campaña del morenista Rutilio Escandón volvió a hacer de “gurú electoral” y operador tras bambalinas, lo que le valió ser ratificado en el IAP, aunque tras la llegada de su amigo Castro Trenti a la campaña de Bonilla, renunció para regresar como “mapache” a su tierra natal. Y ahora, cuando se enfila a la Secretaría de Gobierno, volvió a hacer de las suyas al diseñar y operar el “Bonillazo”. ¿Volverán a tumbarle su adefesio jurídico en la Suprema Corte?
15 Julio 2019 04:03:00
El ‘bonillazo’ en Baja y la vergüenza de AMLO
Después de una semana de que guardó silencio y esquivó el bulto, el presidente López Obrador finalmente se deslindó, el pasado viernes, de la burda maniobra legaloide aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar de 2 a 5 años la gubernatura que iniciará el próximo 1 de noviembre. “A mí no me consultaron nada y no tengo injerencia en esos asuntos… Legisladores de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, toman una decisión en un sentido. Imagínense si a mí me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado como era antes, se me caería la cara de vergüenza”, dijo el presidente.

Y para despejar dudas de que lo de Baja no fue un “ensayo reeleccionista” –como el que algunos ya comparaban con el de 1992, cuando Gonzalo Martínez Corbalá intentó reelegirse en la gubernatura, lo que se interpretó como una “prueba” ordenada por Carlos Salinas– López Obrador recurrió a la máxima priista de que “no hay línea y la línea es que no hay línea” en esta reforma a la Constitución bajacaliforniana que terminará impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy posiblemente declarada inconstitucional.

Habrá quienes le crean y quienes tomen con reservas el deslinde del Presidente, pero lo que empieza a quedar claro son dos cosas: primero, que la mano que sí movió el asunto fue la del gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla, quien maniobró para alargar su gubernatura y compró los votos de los 11 diputados de la mayoría del PAN y 5 del PRI, a cambio de un “pacto de impunidad” para el Gobernador saliente, el cuestionado y enriquecido Francisco Kiko Vega. Y segundo, que dentro de Morena el tema provoca diferencias y hay dos visiones: una, que condena tajante el albazo “que rompe el pacto constitucional” y pide sanciones mayores, como la “desaparición de poderes”, como expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y otra que la defiende, con argumentos pueriles y falaces, que “no se puede hacer elecciones cada dos años y la gente no quiere estar votando a cada rato”, como señala la dirigente nacional morenista, Yeidckol Polevnsky.

En medio de esas dos visiones extremas, está otro bloque de Morena, más mesurado, que pide que el tema sea resuelto en el Poder Judicial para determinar su constitucionalidad y si hubo o no violación del Congreso de Baja California. En esa posición parece estar el líder del Senado, Ricardo Monreal, quien sin negar la gravedad de lo que hizo el Congreso de Baja California, rechaza que la “desaparición de poderes esté sobre la mesa del Senado”, que es finalmente el órgano al que corresponde discutir las condiciones para declarar el desconocimiento de los poderes locales, algo que hoy no ve cercano Monreal.

Y mientras las reacciones se multiplican y el rechazo al “bonillazo” crece en sectores políticos y académicos, en Baja California el propio Jaime Bonilla, tratando de salvar la “vergüenza” que no tuvo, intenta dos posibles salidas a esta crisis provocada por su ambición de poder: una, la vía jurisdiccional, que la SCJN defina si la aprobación del Congreso local fue o no constitucional; y la otra, que impulsan también diputados locales de BC del PAN y de Morena, que es una “consulta popular” a nivel estatal en la que se le pregunte a los bajacalifornianos “si están o no de acuerdo en que se amplíe la gubernatura de dos a cinco años”. Y si la gente se pronuncia a favor, estarían no sólo legitimando su decisión sino también le darían elementos al Poder Judicial para su análisis, aunque si resulta que la mayoría rechaza la ampliación del mandato, no habría manera de sostener el “bonillazo”.

En cualquier caso no es un buen mensaje el que manda la nueva clase gobernante y la llamada cuarta transformación, al permitir que un Gobierno que aún no inicia formalmente ya tome acciones y decisiones que generan dudas sobre su legalidad y ponen de relieve una ambición desmedida de poder. Es el costo de revivir, como candidatos de Morena y de la 4T, a personajes como Bonilla, expriista que no dudó en llevarse con él a todo el PRI de Baja California, incluido su pacto político con Jorge Hank Rhon y el apoyo del compadre del Mayo Zambada, Jesús Vizcarra, con tal de asegurar la gubernatura, y que aún sin tomar el poder, ya demuestra, con estos sucios manotazos, su verdadera esencia y que en Baja California no habrá ningún cambio.
13 Julio 2019 04:04:00
Las redadas de Trump, el error de Marcelo y la primera ‘prueba’
Este fin de semana Donald Trump y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzarán a ejecutar redadas masivas antinmigrantes en al menos 10 ciudades de Estados Unidos, algunas de ellas autoproclamadas como “santuarios para los migrantes”, con lo que miles de mexicanos que viven ilegalmente en territorio estadunidense podrían ser detenidos y deportados, además del peligro que enfrentan de ser violentados en sus derechos humanos y agredidos o separados de sus familias por la nueva ofensiva de Trump contra la migración ilegal.

El Gobierno de México, que hasta ahora solo ha ofrecido “información a los migrantes sobre sus derechos” a través de la red consular, promete defender a los connacionales que sean objeto de detenciones arbitrarias o violatorias de su dignidad y derechos ante la nueva ofensiva de Trump, y para ello, el canciller Marcelo Ebrard dice estar dispuesto a trasladarse a operar desde la Unión Americana, algo que volvería a poner a Ebrard en los reflectores y en el papel de “supercanciller”, en el que el titular de Relaciones Exteriores se ha instalado con la complacencia del Presidente y aprovechando la apatía, desinterés y desconocimiento de López Obrador sobre la política exterior.

El mismo Marcelo que hoy se multiplica y abarca áreas del gabinete que superan sus facultades constitucionales e invaden funciones de otros secretarios, como la de la migración, que le quitó a Olga Sánchez Cordero y Gobernación; la del cabildeo para la ratificación del T-MEC en Estados Unidos, donde junto con Jesús Seade, desplazaron a la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y ahora hasta la de la promoción turística del país, donde ya instaló su Consejo de Diplomacia Turística, con el que busca recursos para sustituir al desaparecido ProMéxico y quitarle la promoción del país a Miguel Torruco, de Turismo.

En todas esas pistas se mueve el secretario de Relaciones Exteriores, quien, además, tendrá que presentar en 10 días, el próximo 25 de julio, un “examen” ante el Gobierno de Donald Trump para que desde la Casa Blanca evalúen y aprueben o modifiquen la endurecida política migratoria de México, a partir de los acuerdos que el mismo Ebrard aceptó y firmó el pasado 7 de junio en Washington, en donde prácticamente cedió la soberanía de la política migratoria de México, a cambio de que Trump no impusiera los aranceles de 10% a las importaciones mexicanas.

El día que Marcelo aceptó ser ‘tercer país seguro’

Y aunque parece que con tanta actividad e injerencia cada vez mayor en el gabinete y su papel como interlocutor directo con Estados Unidos y la administración Trump, Marcelo le hace un gran favor al país y al Presidente, en realidad Ebrard solo trata de enmendar y salir lo mejor librado posible de un grave error que él mismo cometió cuando, durante la transición de gobierno, sin tener aún el nombramiento oficial de secretario de Relaciones Exteriores ni haber sido ratificado por el Senado, le dijo “sí” a la pretensión de Estados Unidos de convertir a México en su “tercer país seguro” y destino para sus migrantes indocumentados o peticionarios de asilo.

Fue el 15 de noviembre de 2018, siendo apenas canciller designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando Marcelo Ebrard Casaubón aceptó reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la entonces secretaria del Homeland Security, Kirsjten Nielsen, en un hotel de Houston, Texas. Ahí, a puerta cerrada y con su inseparable amigo y operador, el empresario Javier López Casarín, Marcelo escuchó por primera vez la intención del gobierno de Trump de que México aceptara ser “tercer país seguro” y recibiera en su frontera a todos los migrantes ilegales que pretendieran llegar a Estados Unidos, mediante la instalación de 11 puntos de recepción de migrantes en igual número de ciudades de la frontera norte mexicana.

En ese encuentro, según confirman fuentes tanto de México como de EU, el futuro titular de Relaciones Exteriores aceptó implementar, gradualmente, la exigencia de la Casa Blanca para convertirnos en el país-depósito de la migración indeseada de los estadunidenses. Todavía no tomaba posesión el presidente López Obrador ni él era formalmente canciller, cuando ya Ebrard había cedido a los caprichos y exigencias de Trump, parte por su protagonismo y ambición y parte por su necesidad de legitimarse y ser aceptado por Washington como un interlocutor válido, luego de sus andanzas con los demócratas en la política estadunidense y su fervoroso y apasionado activismo en contra del candidato Trump en las campañas de 2016.

Cuentan que fue “tan fácil” para Pompeo y Nielsen que Ebrard aceptara el inicio de un acuerdo para hacer de México “tercer país seguro”, que cuando salió del hotel de Houston, el secretario de Estado de la Casa Blanca no podía creer que un “gobierno de izquierda” como el que estaba a punto de tomar el poder en México, hubiera cedido y entregado mucho más ante EU de lo que nunca les entregó ni la derecha del PAN ni el gobierno priista de Peña Nieto.

Aún incrédulo, Mike Pompeo llamó al todavía canciller en funciones, Luis Videgaray, para comunicarle lo que acababan de obtener del nuevo gobierno lopezobradorista, sin mayor esfuerzo y ante la condescendencia del futuro canciller: “Too good to be true”, le dijo el secretario de Estado a Videgaray.

Por eso fue que después, en febrero de 2016, cuando Olga Sánchez Cordero y Tonatiuh Guillén fueron a reunirse en Miami con Kirsjten Nielsen, se encontraron con la exigencia de que “el Gobierno de México tiene que cumplir el acuerdo que ustedes hicieron en noviembre” para aceptar instalar 11 puntos receptores de migrantes en la frontera con EU. Cuando la secretaria de Gobernación, que nunca fue enterada de los “compromisos de Marcelo”, negó tajantemente que el gobierno de López Obrador haya aceptado ese acuerdo, la señora Nielsen tuvo que darles detalles del encuentro de Houston, el 15 de noviembre de 2018, para que finalmente la delegación mexicana tuviera que ceder y aceptar abrir tres depósitos para recibir a los migrantes ilegales de Estados Unidos en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Y por eso, cuando México dejó de cumplir esos acuerdos, no hizo nada para sellar la frontera sur y evitar el paso de los migrantes centroamericanos y se negó a recibir más y a abrir nuevos puestos fronterizos, Donald Trump enfureció, corrió a Nielsen y amenazó a México con imponer aranceles a sus exportaciones. Y fue entonces que Marcelo tuvo que ir nuevamente a Washington, donde ya lo habían desairado varias veces por incumplir su palabra, y en una “supuesta negociación complicadísima”, simplemente tuvo que aceptar las órdenes y dictados de Washington para abrir dos nuevos puntos receptores de migrantes en San Luis Río Colorado y Nuevo Laredo (disfrazando la cesión con la aplicación de la Ley 245 de Estados Unidos, conocida como “Remain in México”), mandar la Guardia Nacional a la frontera sur y aplicar mano dura con el Ejército y las policías a los migrantes centroamericanos, a fin de retenerlos o deportarlos para evitar que siguieran cruzando la frontera estadunidense.

Luego, el canciller volvería y le mentiría al presidente López Obrador y a todo el país diciendo que “logramos el único acuerdo posible para evitar los aranceles y el caos en la economía”, cuando realmente solo fue a ratificar lo que él mismo había aceptado y cedido desde aquel 15 de noviembre de 2018. Y sería recibido como “héroe” por un ingenuo Presidente y una masa incondicional aquel 8 de junio en Tijuana, donde el primer gobierno de izquierda en la historia del país celebraba, con un mitin, que le había entregado a Estados Unidos la soberanía y la política migratoria y que convertirían a México en la policía migratoria y el anhelado “muro” de Trump en la frontera sur.

Y ahora en 10 días, el “supercanciller”, que al mismo tiempo que detiene a migrantes indocumentados en México, irá a defender a migrantes indocumentados en Estados Unidos, volverá a Washington a que lo evalúen a él y al país en sus “compromisos” para frenar la migración. ¿Qué más cederá esta vez, en nombre del país, Marcelo Ebrard en la ambición de avanzar en su proyecto político de futuro y de obtener el reconocimiento y la indulgencia de Washington?... Los dados mandan Doble Escalera. Semana de altibajos.
11 Julio 2019 04:05:00
Collado, de distractor a golpe estratégico
El que haya sido una investigación que inició apenas el pasado 7 de junio la Fiscalía General de la República, atraída desde Querétaro, que se armó y documentó en menos de un mes entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y los investigadores de la FGR, que se presentó ante un juez apenas los primeros días de julio la petición de la orden de aprehensión y que se decidió ejecutarla justo la tarde del día en que el secretario de Hacienda cimbró al Gobierno federal con su estridente renuncia, no significa que el caso contra Juan Collado no sea un expediente armado con toda la solidez para convertirse en un golpe letal y estratégico no sólo al abogado, sino contra sus principales amigos y clientes.

Porque nadie duda que la decisión de detener a Collado Mocedo la tarde del martes obedeció a una orden directa “desde arriba” y a una maniobra para restarle presión a la incertidumbre y el nerviosismo que provocó en la sociedad y en los mercados financieros la dura renuncia de Carlos Urzúa a la Hacienda pública. Pero eso no quita que detrás de la acción judicial contundente de la FGR se haya calculado quirúrgicamente el impacto político y mediático que esa detención y el proceso penal al que ayer miércoles fue vinculado tendrá en el grupo político del que forma el acusado.

Los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri aparecen mencionados en al menos dos ocasiones como “los verdaderos propietarios” de Libertad Servicios Financieros y como socios con “participación accionaria” (propiedad disfrazada) en la denuncia que presentó Sergio Hugo Bustamante Figueroa y también en la orden de aprehensión que otorgó el juez de Distrito Jesús Eduardo Vázquez Rea apenas el 6 de julio pasado a las 18:00 horas con base en la causa penal 269/2019, por los delitos de delincuencia organizada y pperaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es decir, que este caso no se agotará con la detención del abogado Juan Collado, sino que podría escalar a un citatorio o incluso una posible investigación a los dos expresidentes de la República y al gobernador de Querétaro y el líder del PAN en el Senado, por los manejos y transferencias financieras irregulares, algunas que se sospecha son con “recursos de procedencia ilícita” y la creación de “empresas fachada o fantasma”, de la Sociedad Financiera Popular, que es la figura por la que está registrada Libertad Servicios Financieros, de la que era presidente del Consejo de Administración el abogado Juan Collado.

De hecho, en la citada orden de aprehensión se refiere, por afirmación del denunciante, que Libertad Servicios Financieros realizaba con frecuencia transferencias de dinero a España y Andorra, en Europa, y se pide corroborar, en el pasaporte del abogado Collado, los constantes viajes que realizaba a esos dos países europeos. Al expresidente Enrique Peña Nieto se le ubica actualmente en España, nación a donde ha viajado con frecuencia en los últimos meses en compañía de su novia, y en donde, en diciembre pasado, sostuvo una reunión y un supuesto “viaje de vacaciones” con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su sobrina, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

La pregunta que surge es cómo fue que Juan Collado se hizo del control de Libertad Servicios Financieros y cómo, supuestamente, entraron como accionistas de esa sociedad popular federal, los expresidentes Salinas y Peña, si esa antigua Caja Popular fue hasta 2014 propiedad de Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Priego. ¿Será que después del proceso penal a Yáñez por el caso Oceanografía, Libertad cambió de dueños?

Así que con la detención de Juan Collado, quien era el abogado no sólo de exmandatarios como Peña y Salinas, sino de personajes como Carlos Romero Deschamps, además de amigo personal de varios ministros de la Corte como Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, varios de esos personajes de poder se quedarán sin su estratega y defensor legal, algo que ellos tenían considerado ante posibles acusaciones. Pero también, si se llega a demostrar la participación de los expresidentes como accionistas o presuntos propietarios de Libertad Servicios Financieros, el golpe de la FGR sería también financiero, pues se les cortaría una de sus fuentes de recursos económicos.

Entonces, queda claro que, si bien fue usado para aplicar la ya célebre “caja china”, ahora en los tiempos de la 4T, el caso Collado también tiene un trasfondo mucho mayor: el fin del supuesto “pacto de impunidad” que se decía sellaron Peña Nieto y López Obrador para no tocar al exmandatario. Si ese pacto existió, con la constante aparición de su nombre en casos, denuncias e investigaciones, parece que se diluyó. Y hoy todos los caminos (de la corrupción) parecen llevar a Peña Nieto... Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro.
10 Julio 2019 04:03:00
Golpe de Urzúa, enojo de AMLO y mensajes a Salinas y Peña
Entre la sorpresiva renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, la enorme molestia que provocó ese “golpe bajo” al presidente Andrés Manuel López Obrador y la detención del abogado Juan Collado no hay, formalmente, relación alguna; pero tampoco fue casualidad que una cosa siguiera a la otra.

Cuando el Presidente se enteró, minutos antes de las 11:30 de la mañana de la dura carta de renuncia de uno de sus colaboradores de mayor confianza, que acusaba “políticas públicas sin sustento” de la 4T y “conflictos de interés” en su Gobierno, montó en cólera y, en un intento de aminorar el duro golpe político, económico y anímico, decidió dos cosas: nombrar a un sorprendido y desencajado Arturo Herrera, y que se activara un expediente que ya tenía listo y armado la FGR contra el abogado salinista y peñista.

Aun cuando el caso de Collado fue utilizado como un claro “distractor” del martes negro para la 4T, detrás de la detención del conocido abogado hay un mensaje político fuerte para dos expresidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Salinas es compadre de Juan Collado y mantiene con él una relación de casi 30 años, desde que Collado aceptó asumir la defensa de su hermano Raúl Salinas de Gortari, en el Gobierno de Ernesto Zedillo, luego de que el abogado Juan Velázquez desistiera de su defensa. Y en el caso de Peña Nieto, la cercanía, aunque más reciente, también es mucha y Collado se convirtió en una especie de “consejero legal” del expresidente desde que este fuera gobernador del Estado de México.

De hecho, detrás de las investigaciones que hoy tienen detenido a Juan Collado, acusado de probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita está, primero su participación en el caso de la llamada Caja Libertad, donde estuvo metido Amado Yáñez, el dueño de Oceanografía que estuvo preso en el sexenio pasado, y Martín Díaz, el sobrino del exsecretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz. Cuando estalló este caso, del presunto fraude de Caja Libertad, Martín Díaz se va del país junto con los hermanos Rodríguez Borgio y Juan Collado era justamente su abogado.

Pero además del origen del caso judicial, también la persecución contra Collado se desató hace varias semanas, justo después de la ostentosa boda de su hija en mayo pasado y los videos que circularon en donde el abogado departía lo mismo con Peña Nieto que con el líder de Pemex, Carlos Romero Deschamps, y tres ministros de la Corte, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y Jorge Mario Pardo Rebolledo, entre otros encumbrados políticos.

Ese video, afirman, molestó mucho en Palacio Nacional y justo después de eso se iniciaron varias investigaciones como la de Juan Collado, a quien hace algunas semanas le congelaron sus cuentas, en un claro aviso de que lo estaban investigando.

Collado había salido del país después de que le congelaron sus cuentas, se fue por algunas semanas, pero decidió regresar, al parecer confiado de que ya no procederían en su contra. Y ayer por la tarde, mientras estaba comiendo en un restaurante de avenida Palmas, con Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, llegaron los agentes de la Fiscalía General de la República a cumplir la orden de aprehensión solo contra él y nunca contra Romero Deschamps, como se rumoró en un principio.

Con esa detención y la conferencia de prensa que ayer por la tarde daba en Palacio Nacional el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Gobierno federal intentó frenar la incertidumbre que en un primer momento provocó la sorpresiva y dura renuncia de Carlos Urzúa.

Fue tal la molestia y la sorpresa del presidente López Obrador al enterarse de la decisión de Urzúa y de sus acusaciones, que en el mensaje que difundió en las redes sociales, aceptando la renuncia y presentando a Herrera, el Mandatario dejó ver su enojo contra un funcionario que fue de todas sus confianzas y que, a decir verdad, nunca hubiera llegado a ser secretario de Hacienda de no ser porque él lo nombró.

Una renuncia que, por la forma, en Palacio Nacional se sintió como traición. “No se le puede poner vino joven a botella vieja”, fue el mensaje con el que López Obrador despidió a su antiguo colaborador y con el que intentaba exorcizar y minimizar el golpe más fuerte que hasta ahora ha recibido su Gobierno.

Los dados mandan otra Serpiente. Caída libre.

09 Julio 2019 04:05:00
Peña cruzó el charco y se fue a España
Una versión cercana dice que el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra ya en España y que se fue para quedarse un tiempo a radicar por allá, aprovechando el ofrecimiento de una casa que le hicieron, desde antes de dejar la Presidencia, empresarios españoles amigos suyos, que le prestaron una cómoda casa de campo en el sur de la nación ibérica.

Otra versión confirma que sí, que Peña está en territorio español pero que solo fue a pasar unas “vacaciones largas” en compañía de su novia, la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Pero en lo que coinciden las dos versiones, ambas de excolaboradores cercanos, es que el exmandatario decidió cruzar el charco para poner tierra de por medio y esperar a que se enfríen y se aclaren un poco las cosas en asuntos como las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que en su afán de librar un juicio por la compra de la planta de Agronitrogenados, ha comenzado a involucrar a Peña Nieto y a varios integrantes de su Gabinete que formaban parte del Consejo de Administración de Pemex, como Luis Videgaray, bajo la versión, que esparce su abogado, Javier Coello Trejo, de que “Lozoya no decidió solo la compra de esa planta y que los pagos millonarios con recursos de Pemex fueron autorizados, tanto por el entonces Presidente y por el Consejo” de la petrolera.

No es el único caso judicial o de investigación en el que el expresidente ha sido mencionado. También en Estados Unidos se dio a conocer que lo indagan autoridades de ese país, como la SEC y el Departamento de Justicia.

La Comisión estadunidense mencionó la existencia de una investigación en la que tendrían información de un presunto soborno pagado a Peña Nieto por la compra de la empresa Fertinal por parte de Pemex en 2015, a un sobreprecio de 635 millones de dólares, cuando la empresa estaba en quiebra y endeudada.

Según información entregada a las autoridades estadunidenses por un informante, bajo perjurio, el expresidente se habría beneficiado al autorizar esa operación a sobreprecio, también ejecutada por Emilio Lozoya Austin.

En ambos casos al expresidente se le vincula por la cercana relación que mantuvo con Lozoya Austin desde su campaña, cuando fue su coordinador de Asuntos Internacionales, y en los poco más de tres años que lo mantuvo como director de Pemex, a pesar de las constantes denuncias de corrupción que hubo durante su gestión de 2012 a febrero de 2016.

Y por si todo eso fuera poco, ahora que también a Emilio Lozoya lo busca la Fiscalía General de la República, con órdenes de aprehensión en contra de él, su madre Gilda “L”, y su hermana, Gilda “N”, además de una corredora de bienes raíces llamada Nelly “A”, vuelven a cobrar sentido las amenazas directas del exdirector de Pemex, que en alguna ocasión, cuando Peña Nieto se negó a recibirlo en sus últimos meses como presidente, le dijo a su secretario particular, Erwin Lino: “Dile que no se le olvide que yo, personalmente y en su mano, le entregué 5 millones de dólares”. Si a eso se añaden las constantes amenazas veladas del abogado Javier Coello, de que “Emilio Lozoya no actuó solo”, entonces se puede entender el porqué del viaje de Peña a España.

Ayer mismo, luego de que un juez le negara a la defensa de Lozoya Austin, su petición de que el expresidente y su exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, fueran citados a declarar en el caso de la planta de Agronitrogenados en calidad de “testigos”, los abogados del exfuncionario anunciaron que van a impugnar esa resolución e insistirán en que “Peña y Videgaray deben comparecer a declarar porque saben mucho de este caso”.

Veremos entonces si el expresidente ya cambió su residencia de Ixtapan de la Sal a España y si se quedará allá por un tiempo, “mientras bajan las aguas y se siente seguro”, como nos dijo un colaborador suyo, o si sólo se fue de vacaciones, aunque podrían ser “unas vacaciones largas”, como apuntó otro cercano al exmandatario. Por lo pronto la duda es si en tierras españolas, junto a su guapa y joven novia, ¿seguirá bailando Peña?
08 Julio 2019 04:02:00
Guardia bajo fuego y Gobierno sin operadores
Todavía no termina de formarse ni desplegarse por todo el territorio, y la Guardia Nacional, eje toral de la estrategia de seguridad federal de Andrés Manuel López Obrador, ya enfrenta serios cuestionamientos y problemas que complicarán su funcionamiento y harán muy difícil que cumpla con resultados en la disminución de los índices delictivos y de violencia que el Presidente ofreció para finales de año.

Lo mismo en el paro inédito y la rebelión de miles de integrantes de la Policía Federal por las condiciones para asimilarlos a la Guardia, que ya suma cinco días sin que lo puedan resolver, que en las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de cuatro de sus leyes secundarias, lo que se asoma en la forma es un torpedeo político y jurídico contra la ambiciosa apuesta de López Obrador en seguridad, pero en el fondo también se observa una total ausencia de operadores políticos en este Gobierno que, lejos de resolver los conflictos y allanarle el camino a su Guardia Nacional, parece haber abierto demasiados frentes que hoy la tienen en jaque.

¿Por qué en los más de seis meses que llevó presentar y lograr la aprobación de la Guardia Nacional, cuando ya se sabía que a la Policía Federal se le iba a desaparecer y a sus integrantes que cumplieran con el perfil y los controles de confianza integrarlos a la nueva corporación, el secretario Alfonso Durazo no operó y dialogó con los mandos de la PF para lograr una transición ordenada y tersa, con las liquidaciones y retiros voluntarios que hubieran evitado una crisis nunca vista en el país debido a que nadie les informó cuáles eran sus opciones y cómo se garantizarían sus derechos?

Peor aún, todo mundo vio venir el levantamiento que se fue gestando ante la falta de atención de la Secretaría de Seguridad. ¿Nunca se enteró Durazo con su aparato de inteligencia interno o a través del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) de lo que se estaba organizado y no pudo, o más bien no supo evitarlo? Tal vez por eso lo más fácil para el secretario fue repartir culpas al pasado que luego, cuando le exigieron pruebas, no pudo sostener públicamente.

En el caso de la CNDH, las impugnaciones contra las cuatro leyes secundarias, con las que busca acotar las facultades de la Guardia en labores de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información, obligarán a que la Suprema Corte revise si las funciones de la Guardia no son inconstitucionales, en lo que representa otro obstáculo para el nuevo cuerpo de seguridad. Es inevitable apuntar que dichas controversias se presentan en el contexto del enfrentamiento entre el Gobierno de López Obrador y la CNDH, que comenzó con el desaire inédito del Presidente al Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al no asistir a su informe anual de labores el 4 de junio pasado, y continuó con el rechazo y la descalificación de las recomendaciones del organismo autónomo a la violación de derechos humanos en el desmantelamiento de las estancias infantiles.

En ambos, que hoy tienen a su Guardia Nacional bajo fuego, a López Obrador le faltaron operadores políticos, además de prudencia y cortesía elementales, pues aunque se le pueda reprochar al secretario Alfonso Durazo, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, o a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no haber operado políticamente para evitar que le estallaran estas crisis, tampoco el Presidente puso mucho cuando, de su ronco pecho -que ya sabemos, “no es bodega”- y utilizando el púlpito de las conferencias mañaneras, atacó con adjetivos y reproches a la “corrupta y echada a perder PFP” o a la “inaceptable y vergonzosa recomendación de la CNDH”. Para decirlo claro: el Presidente no tiene quien le ayude, pero tampoco se deja ayudar mucho.
06 Julio 2019 04:04:00
¿Quiénes enterraron a la PFP?
La suerte de la Policía Federal Preventiva y la total animadversión de Andrés Manuel López Obrador hacia ese cuerpo policiaco se definió el 25 de agosto de 2018, cuando el entonces presidente electo anunció -en un viraje de 180 grados en su posición histórica y de la campaña sobre ese tema- que las Fuerzas Armadas no regresarían a sus cuarteles, como lo había prometido, y continuarían apoyando las labores de seguridad pública.

“La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas por lo que estas se mantendrán a mediano plazo en las calles. No se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó. No se podría atender el problema de la violencia e inseguridad sin utilizar al Ejército y la Marina”, declaró López Obrador. Ese fue el diagnóstico que dos días antes, el 23 y el 24 de agosto, le habían dado al presidente electo los secretarios de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón. Los dos mandos militares convencieron a López Obrador de que la Policía Federal, con la que tanto el Ejército como la Armada habían chocado y tenido fuertes diferencias durante todo el sexenio de Peña Nieto, “no servía, que no estaba consolidada y que la mayoría de sus miembros estaban metidos en la corrupción”.

No fue casualidad que justo después de reunirse con Cienfuegos y con Soberón por separado, en las instalaciones de la Sedena y de la Marina, AMLO haya cambiado radicalmente no solo su visión sobre la PFP, sino también lo que pensaba y decía públicamente sobre la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad civil, algo que siempre cuestionó y criticó en campaña, cuando prometía que “los militares volverán a sus cuarteles, porque no deben estar haciendo labores de policías para las que no están capacitados”.

A partir de ahí la Policía Federal, el órgano civil más grande de seguridad en México, fue sentenciada a desaparecer y se comenzó a operar la creación de un cuerpo militarizado para encargarse de la seguridad pública, lo que después derivaría en la reforma constitucional para legalizar la participación de los militares en esas tareas civiles y daría pie a la Guardia Nacional, que aunque se aprobó por unanimidad en el Congreso como una institución con un mando civil, en los hechos, sobre todo ahora que ha empezado a operar formalmente, se ve como una organización militarizada formada hasta ahora por soldados del Ejército y miembros de la Marina, mientras que la tercera parte que debe integrarlos, precisamente los agentes de la PFP, llevan tres días en rebelión y en paro de actividades, porque no se respetaron sus prestaciones sociales y antigüedad al integrarlos a la Guardia.

La Venganza de Cienfuegos

Detrás de la sentencia de muerte que López Obrador dictó desde agosto de 2018 a la PFP, estaba el coraje que, principalmente el general Cienfuegos, pero también el almirante Soberón, tenían en contra de la Policía Federal por los constantes choques y diferencias que tuvieron los militares con el secretario de Gobernación peñista, Miguel Ángel Osorio Chong. Los mandos civiles, comandados por Osorio y por los comisionados nacionales de Seguridad y directores de la Policía Federal, como Enrique Galindo, Renato Sales o Manelich Castilla, nunca aceptaron subordinarse a la autoridad de los militares y eran frecuentes los roces y la falta de coordinación en los operativos y estrategias de combate al crimen organizado.

Alguna vez en una comida con periodistas en el sexenio pasado, el general Cienfuegos explotó contra “los ineptos civiles que tienen el control de la seguridad federal”, en clara alusión a Osorio Chong y a su equipo.

El entonces secretario se quejaba duramente de que no se le reconociera al Ejército la autoridad y jerarquía sobre los cuerpos civiles y cuestionaba la descoordinación y las decisiones que se tomaban en el gabinete de seguridad, que coordinaba el titular de Gobernación.

Tal vez por eso, cuando tuvo la oportunidad, y López Obrador los buscó a él y a Soberón para pedirles un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en el país, el general y el almirante no dudaron en echarle toda la tierra posible a la PFP y a las instituciones civiles, para convencerlo de que “no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y a la Marina”, y que “sería irresponsable acuartelar a los militares y dejar a la población en la indefensión”, tal como lo afirmaría el presidente electo en la conferencia de prensa que dio aquel 25 de agosto de 2018, en donde, en una total incongruencia con su discurso político hasta ese momento, aceptaba recargarse completamente en las fuerzas castrenses como la “única opción” y la “salvación” para la seguridad de la Patria.

Ahí nació el “pacto de lealtad” que desde entonces Andrés Manuel López Obrador tiene con el Ejército y la Marina, a los que no solo les dio un marco constitucional y legal y les entregó la responsabilidad de la seguridad civil en el país -algo que ni siquiera Felipe Calderón, que los sacó a las calles a combatir al narco, y mucho menos Peña Nieto, pudieron o quisieron darles-, sino que además el actual Presidente ha convertido a las fuerzas castrenses en sus mayores aliados, en constructores de aeropuertos, contratistas del Gobierno, vigilantes de ductos y hasta en sus consejeros políticos, pues todos los días, el primero en ver y hablar con el presidente en el Palacio Nacional, no solo de seguridad sino de muchos otros temas, es el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval.

Ayer mismo en Chiapas, donde inició una gira para revisar hospitales públicos de todo el país, el presidente López Obrador habló de la grave inseguridad en el país y afirmó que él trabaja “todos los días en reuniones de 6 a 7 de la mañana en Palacio Nacional con el gabinete de seguridad. Todos los días recibo el parte de la situación en el país y los delitos que se cometen en todo México”, y aseguró que está enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia porque “problema que se soslaya, estalla, pero si el problema se enfrenta todos los días, es claro que vamos a vencerlo”. Lo único que le faltó mencionar es que, para enfrentar ese problema, el optó por la vía militar y decidió desdeñar y enterrar, en su Gobierno, a las policías civiles... Los dados mandan Serpiente doble. Semana difícil.
04 Julio 2019 04:01:00
AMLO ante la rebelión en la PF, ¿la mano de Osorio Chong?
Ante la rebelión inédita en la Policía Federal que ayer miércoles puso en jaque a la Ciudad de México y hoy amenaza con extenderse a toda la República, por la denuncia de violaciones a sus derechos laborales al integrarlos a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como buen beisbolista, primero bateó las demandas y exigencias de los agentes federales descalificando su movimiento al considerar que “no hay razón y no es una causa justa”, y luego, desde el montículo del poder, lanzó una bola caliente, con una delicada acusación: que “hay mano negra” detrás de este conflicto y que esa mano podría ser de “quien manejaba antes (a la PF) desde los sótanos de Bucareli”.

No hace falta inferir mucho para leer en el señalamiento del Presidente el nombre de quien, como secretario de Gobernación en el sexenio pasado y actual líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el responsable de la seguridad y del manejo de la Policía Federal en los últimos seis años. ¿Sugiere el Presidente que Osorio Chong está detrás de este movimiento, hasta ahora pacífico de los policías federales, pero que amenaza con radicalizarse que puede descarrilar el arranque de su Guardia Nacional? De ser así sería una acusación grave y delicada que, no sólo tendría que probarse, sino también ser respondida por quien es aludido y, entre líneas, señalado de algo que puede parecer un amotinamiento o una rebelión de una fuerza federal. Veremos si Osorio Chong acusa recibo y responde a tan grave inferencia del Presidente.

No deja de ser una paradoja que el Presidente, quien construyó su carrera política y su liderazgo social precisamente con bloqueos, paros y plantones (desde su origen en los pozos petroleros de Tabasco, hasta la toma del Paseo de la Reforma en 2006, pasando por los “éxodos por la democracia” al antiguo DF) hoy deslegitime el movimiento de los policías federales que no se niegan a integrarse a la Guardia Nacional, sino que rechazan la forma en la que se les ha maltratado no sólo en este proceso, donde se desconoce su antigüedad, se modifica su estatus laboral y sus prestaciones, sino a lo largo de los últimos meses cuando, una y otra vez, desde la misma Presidencia, han sido señalados de “corruptos, echados a perder”.

En contraparte, hay que reconocerle a López Obrador su disposición al diálogo y su ofrecimiento de que respetará el derecho de manifestación que tienen los federales, sin reprimir su movimiento y buscando llegar a un acuerdo que atienda sus demandas y no afecte sus derechos laborales. Porque según el Presidente, el proceso de integración de los miembros de la PF a la Guardia Nacional no es obligatorio y solo se invitará a participar a los que acepten y pasen los procesos de selección militares, algo a lo que también se oponen los policías en paro.

Por lo pronto, y en espera de que López Obrador le ponga nombre y apellidos a la “mano negra”, y que en Palacio Nacional confirman que se refiere a “personajes de poder del sexenio pasado” a los que incluso ubican detrás de las primeras quejas de los federales enviados a los operativos del Instituto Nacional de Migración, a los que el comisionado Francisco Garduño llamara “fifís”, lo que hoy queda claro es que Alfonso Durazo, que hasta ayer no quiso darles la cara a los policías amotinados y mandó sólo a sus subsecretarios, tiene enfrente un reto mayúsculo que, si no lo resuelve bien y supera la crisis que ya tiene en su dependencia, corre el riesgo de descarrilar no solo a la Guardia Nacional y a la incipiente estrategia federal de seguridad, sino también sus aspiraciones para irse como candidato al Gobierno de Sonora en el 2021.
03 Julio 2019 04:01:00
Bartlett y los radicales del Gabinete
En el reciente análisis que hiciera Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, sobre el papel que está jugando el Gabinete en estos primeros siete meses de Gobierno y que incluyó críticas a la “ausencia” y la “lentitud en el aprendizaje” de varios miembros del equipo presidencial que no caminan al mismo ritmo que López Obrador, al senador le faltó analizar la existencia de dos grandes bloques que hasta ahora se observan en el gabinete lopezobradorista: el de los “radicales” y el de los “moderados”, y cuyas diferencias, tensiones y jaloneos, también son causa de que a veces se observe a un equipo que, lejos de ayudar, le complica al Presidente las decisiones y acciones de Gobierno y la aplicación de las políticas públicas.

Un buen ejemplo de la existencia de estos grupos en el Gabinete presidencial y del efecto que tienen en los asuntos públicos, ocurre en este momento en el sector energético versus la política económica y la certidumbre a las inversiones. Las áreas energéticas, dominadas por el triunvirato radical de Manuel Bartlett, en la CFE; Rocío Nahle, en la Sener, y Octavio Romero, en Pemex, han entrado en abierto conflicto con las áreas económicas bajo el dominio de los moderados Carlos Uzúa, en Hacienda, y Alfonso Romo, en la Oficina de la Presidencia, y la relación con los empresarios, provocando choques y conflictos que hoy ya se reflejan incluso en amenazas de litigios internacionales por el desconocimiento de contratos e inversiones nacionales y extranjeras en el sector energético.

El más reciente caso, que refleja esa pugna interna en el Gabinete presidencial y que amenaza con desatar ya no sólo un conflicto legal internacional sino también una tensión diplomática con un socio estratégico como Canadá, es la decisión del director de la CFE, Manuel Bartlett, de solicitar la revisión de los contratos de varias empresas constructoras de gasoductos a las que se les otorgaron contratos en el sexenio pasado, como Ienova, TC Energy y Transcanada, de origen canadiense, y las mexicanas Carso Energy, de Carlos Slim, y Fermaca.

Aunque es claro que Bartlett no actuó solo ni por la libre y que fue el mismo López Obrador quien desde la campaña e incluso la semana pasada desde su conferencia matutina defendió la decisión de revisar cláusulas de esos contratos que consideró “leoninos”, mediante un arbitraje internacional, la acción tomada por la CFE, que ahora culpa a las cuatro empresas de haber sido ellas las que primero pidieron el arbitraje internacional, desató un conflicto con el empresariado nacional y extranjero.

El conflicto que desató la decisión de Bartlett escaló tanto, que ayer “de emergencia”, el presidente López Obrador tuvo que recibir en Palacio Nacional a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar y Antonio del Valle Percochena, que acudieron con la representación del empresariado nacional y extranjero a exigir que el Jefe del Ejecutivo interviniera para instalar una “mesa de conciliación” que evite los altos costos que pagarían no sólo las empresas constructoras de gasoductos, sino el mismo Gobierno y el país con un mensaje tan negativo de incertidumbre y falta de seriedad de las autoridades mexicanas ante compromisos y contratos de inversión.

Y aunque López Obrador entró al quite y aceptó instalar la instancia de “conciliación”, está claro que decisiones como las de CFE, al igual que otras que ha tomado en su momento la Sener de Nahle en temas como la cuestionada construcción de la refinería de Dos Bocas, o la cancelación de los contratos de asociación privada en el Pemex que dirige Octavio Romero, sí son de la línea más radical del Gabinete, el ala dura que insiste en restaurar un modelo energético totalmente estatizado y con empresas tan fuertes como fueron Pemex y la CFE en décadas pasadas. Pero también, por el juego que juega el Presidente, que a veces les da cuerda a los radicales y a veces escucha, aunque menos a los moderados, no hay decisión que se tome sin su consentimiento. La pregunta es cuál de los dos AMLO terminará por definir el futuro de temas tan trascendentes como la política energética y la necesaria certidumbre en las inversiones en ese y otros sectores de la economía: ¿el Presidente moderado o el Presidente radical?

Al final parece cada vez más claro que todo ese juego de radicalismos y posiciones más moderadas en materia económica y energética, son parte de la estrategia de negociación de Andrés Manuel López Obrador, que un día manda a los radicales a anunciar medidas como la revisión de contratos y al otro acepta negociar para lograr doblegar a los ya asustados empresarios. ¿Hasta dónde dará ese modelo sin que termine por dinamitar completamente la confianza y la certidumbre de los empresarios e inversionistas para que se concreten las indispensables inversiones nacionales y extranjeras sin las cuales la economía mexicana, ya de por sí a la baja, simplemente no podrá crecer ni repuntar en los meses y años venideros?
02 Julio 2019 04:01:00
Elogios de Trump y aplausos en el Zócalo
Justo en el día que celebraba, con un acto de masas en el Zócalo, el primer aniversario de su triunfo histórico en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibía, desde Washington, un elogioso “reconocimiento” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los “esfuerzos migratorios que está realizando su Gobierno. Y, como si fuera un premio por su buen comportamiento en la defensa de los intereses estadunidenses, con la detención y retención forzosa de los migrantes indocumentados en la frontera sur, para que no lleguen a territorio norteamericano, además de recibir a sus miles de migrantes deportados en la frontera norte, Trump anunciaba que no habrá más amenazas de aranceles a México “por ahora”.

Pareciera que, en un mismo día y en una fecha que para él era de lo más importante –quién sabe si por casualidad o porque así lo operó el canciller Marcelo Ebrard en sus fugaces encuentros con Trump en Osaka durante el fin de semana– López Obrador logró tener el reconocimiento interno en un acto de masas que confirma no sólo su fortaleza popular, sino también el apoyo de empresarios importantes como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, además de lograr también un elogioso reconocimiento del presidente de Estados Unidos, que aunque positivo por el anuncio del retiro momentáneo de las amenazas de aranceles, también deja la sensación de un Gobierno mexicano totalmente sometido a la agenda y los dictados políticos y electorales de la administración Trump.

Un doble logro y una jornada políticamente redonda para el Presidente en el primer aniversario de su triunfo en las urnas.

Porque en materia de política interna, no queda duda de que Andrés Manuel sigue siendo el líder social y de masas que, aún con siete meses de Gobierno y el desgaste de algunas decisiones, retrasos o ineficiencias en su Administración, conserva un amplio respaldo social y popular que se manifestó ayer en el Zócalo, donde más que un “informe de logros” como eufemísticamente lo llamó la Presidencia, lo que se vio fue un discurso puntual y claramente dirigido a sus bases sociales que tuvo el efecto exacto que se proponía el Presidente: desviar la atención de las críticas y problemas que enfrenta su Gobierno para relanzar su Cuarta Transformación e instituir en sus nuevos rituales y mitos del calendario cívico y político el día de la fundación del “nuevo régimen” e informar del desmantelamiento del “viejo régimen”.

Mientras tanto en política exterior –la que no le importa tanto al Presidente y que la confunde con su habilidad para hablar o no el idioma inglés– también es innegable que su criticada y cuestionada ausencia de la Cumbre del G-20 pudo ser salvada por la actuación de un, cada vez más activo canciller Marcelo Ebrard, que a través de las redes sociales se dejó ver en fotos y reuniones con los líderes más importantes para México, incluida su presencia en la foto oficial del evento. Si a eso se suma el “espaldarazo” de Trump en una fecha que no parece nada casual, al Gobierno de AMLO, está claro que, a tiros y tirones, y más con el activismo y la habilidad de Ebrard que con el interés o el empuje del Presidente, la política exterior también va caminando para la Administración lopezobradorista.

Y finalmente, la tarde de ayer también fue de muchos símbolos. Desde el mensaje que llegó de la Oficina Oval, hasta las imágenes de un Zócalo pletórico, en el que el presidente López Obrador tenía, visto desde el escenario principal, el Palacio Nacional a su izquierda, la Catedral Metropolitana con su simbolismo religioso a la espalda, enfrente de él al empresario más rico de México y a las masas que aclamaban su discurso. Y arriba, junto con él en el templete, sólo una política invitada: la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que también se asumía como anfitriona del evento. Nadie más, ni un gobernador ni ningún otro miembro del gabinete que todos estaban abajo en la sillería. El que quiera entender que entienda.
01 Julio 2019 04:00:00
Un año después… ¿y ahora qué sigue?
Ha transcurrido un año desde la histórica jornada electoral en la que Andrés Manuel López Obrador ganó arrolladoramente la Presidencia de México y se convirtió en el primer político “de izquierda” en llegar al Poder Ejecutivo.

El mayor e indiscutible logro sigue siendo el haber despertado y concitado la esperanza de millones de mexicanos que vieron en la figura y el mensaje del político tabasqueño la posibilidad de un cambio radical para sacudir y desmantelar al viejo sistema, hasta ese momento gobernado por el PRI y el PAN, y que votaron también movidos por el coraje y el hartazgo ante la corrupción, la complicidad y la indolencia de las autoridades federales.

Un año después, aquel movimiento antisistémico que le dio 30 millones de votos, mantiene a López Obrador como uno de los presidentes más populares y con mayor aceptación en la historia reciente, pero indiscutiblemente los siete meses de ejercer como gobernante, han provocado también un desgaste que se refleja en una caída de casi 10 puntos en las mismas encuestas de aprobación que lo encumbraron.

Y es que en 365 días la llamada cuarta transformación, como el Presidente nombró al movimiento político, económico y social que impulsa ha resultado muy efectiva, pero más en el discurso, la retórica y la propaganda presidencial, que todos los días repite la idea de un país que “ya cambió”, aunque en los hechos sigan sin aterrizar la mayoría de los
cambios, sea por la complejidad de los temas o por la no reconocida, pero inevitable “curva de aprendizaje” de un Gobierno y un Gabinete que, con demasiados novatos, no ha sido efectivo y eficiente.

Hoy, por ejemplo, tenemos sí un Gobierno que reorientó y modificó radicalmente el presupuesto público para orientarlo a los sectores más necesitados; pero que en su afán de darle a esos sectores sociales apoyos económicos directos, no sólo canceló y desmanteló, de un plumazo y sin un análisis de eficiencias desideologizado, todos los programas y avances anteriores en materia de apoyos sociales.

Tenemos sí un Gobierno más austero y que eliminó muchos de los gastos superfluos y los despilfarros de la clase gobernante que tanto molestaban; pero también una Administración federal que, a fuerza de recortes, ahorros y una austeridad mal entendida, terminó por afectar a los mismos sectores más desprotegidos.

En la corrupción y su combate, la gran bandera política con la que ganó hace un año, hay hasta ahora muchas más palabras y discursos que acciones. Hay acusaciones y procesos abiertos, incluso órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su hermana, pero la mayoría de los nombres y personajes que movieron a votar masivamente por la opción del lopezobradorismo, siguen gozando de lo que pudieron saquear al erario.

A eso hay que añadir la situación de la economía, que en este año y marcadamente en los siete meses de Gobierno ha pasado de la tendencia negativa con la que cerró el sexenio pasado, a una muy posible recesión y un crecimiento que, si bien nos va, llegará al 0.7% en este año. De la seguridad, los números no mienten y hablan de una crisis desbordada en la mayoría de los estados del país.

Lo que vamos a ver hoy en el Zócalo, es un acto apoteósico en el que, a ritmo de cumbia y discursos propagandísticos, el presidente López Obrador, nos dirá, con sus consabidos “otros datos”, que a un año de su histórico triunfo, este país ya es otro, que las cosas han cambiado para mejorar y que “vamos requetebién”. Y habrá un amplio sector que así lo crea y reivindique “los logros”; pero también habrá la otra parte que en su momento apoyó y votó por la esperanza y otra que de plano siempre fue oposición recalcitrante y miren con recelo y
desconfianza.

Y algunos hasta se preguntan ¿el 1 de julio de 2018 fue la meta final para un luchador social como López Obrador? ¿O después de ganar las elecciones tenía algo más en mente y si es así lo veremos en algún momento dejar de actuar sólo como el líder que quiere siempre complacer y agradar a las masas y empezar a actuar y a tomar decisiones, a veces impopulares pero necesarias, como gobernante
y estadista?

Porque un año después y siete meses de transcurrido el Gobierno, es innegable que, junto con la polarización social que arrastramos desde aquella elección, empieza a haber fisuras y grietas en un proyecto político por las que se cuela la impaciencia, el descontento y hasta la de-
sesperanza, por no mencionar el miedo y la incertidumbre.
29 Junio 2019 04:02:00
¿Cómo pasamos de la crisis migratoria a la crisis humanitaria?
La crisis de la migración masiva e indocumentada desde Centroamérica, la misma que hoy tiene a México contra la pared y sometido a enormes presiones en su relación con Estados Unidos, amenaza con desbordarse y generar una crisis humanitaria en el país. El origen de la incómoda posición que hoy juega México en este conflicto regional entre Centro y Norteamérica, se remonta más o menos a octubre, cuando se registraron las primeras caravanas de migrantes hondureños y guatemaltecos que vieron en la desordenada y caótica frontera sur mexicana una puerta de entrada hacia el ansiado “sueño americano”. Por esas fechas en México había dos presidentes en funciones, el que se iba, que ya no gobernaba ni tomaba decisiones, Enrique Peña Nieto, y el electo que llegaba, Andrés Manuel López Obrador, que ya dictaba la agenda, anunciaba políticas y hasta asumía ya parte de la negociación bilateral con el Gobierno de Donald Trump, en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio. Dos figuras del futuro Gabinete electo, Marcelo Ebrard y Jesús Seade, participaban en las definiciones de los términos del nuevo T-MEC, aún coordinados con el equipo negociador del Gobierno saliente y que lideraban Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Hubo entre octubre y noviembre de 2018, un hecho clave: la negativa tajante del Presidente electo, a que en el nuevo T-MEC se incluyera un capítulo relativo al sector energético, ya aceptado por el Gobierno de Peña Nieto. El equipo de AMLO se opuso al tema en el tratado y la tensión estuvo a punto de romperlo, según reveló el jueves el ahora Presidente: “Se rompieron las pláticas. Insistió el Gobierno de entonces (Peña Nieto), insistieron todos en que aceptáramos y dijimos: eso no. Estamos de acuerdo en todo, pero ese capítulo no”, comentó. Luego detalló cómo se resolvió el tema cuando Trump “aceptó nuestra propuesta”, y el citado capítulo energético quedó solo en dos párrafos que dicen que México es libre y soberano de sus recursos naturales, en particular en el sector energético y especialmente en el petróleo. “Por eso le tengo consideraciones y respeto al presidente Donald Trump. Ya cuando estaba a punto de darse a conocer, y todo esto se manejó en sigilo, que no se iba a llegar a un acuerdo por ese tema, él, Trump, aceptó nuestra propuesta”, agregó el Presidente. Lo que no explicó es cuál fue “nuestra propuesta” que Trump aceptó; y ahí entran las versiones cada vez más claras de que Trump y sus halcones eliminaron el capítulo energético del T-MEC a cambio de que México aceptara “colaborar en materia de migración”. Colaboración que sería exigida al presidente electo antes de tomar posesión del cargo.

El tenso encuentro de Miami y el “Acuerdo de California”

Para enero del 2019, recién llegado el Gobierno de AMLO, Trump comenzó a cobrar el favor del capítulo energético. El 19 de enero, Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria Olga Sánchez Cordero, recibió la primera “petición de colaboración” de James McCament, subsecretario de Estrategia del Departamento de Seguridad Interior. McCament exigió que México recibiera a todos los indocumentados deportados de EU en las garitas porque la nueva Administración, con su política “de puertas abiertas y visas” provocó que se disparara la migración ilegal de Centroamérica. Alcocer rechazó la propuesta y el Gobierno mexicano solo aceptó recibir al día a 20 migrantes deportados con visa mexicana y en Tijuana. Pero ante el enojo de Trump, que quería más “colaboración” mexicana, se realizó un encuentro de “emergencia” entre la secretaria de Seguridad Interior, Kirjsten Nielsen, y la titular de Gobernación, Sánchez Cordero. El 28 de febrero, en Miami, las secretarias llegaron con algunos de sus asesores al encuentro y, apenas sentándose en la mesa, Nielsen soltó: “Queremos que cumplan el acuerdo que hicieron” y aceptar la apertura inmediata de 11 puntos en la frontera mexicana para recibir migrantes deportados, a donde se enviaría una cifra gradual hasta llegar a 200 deportados diarios. “Es lo que ustedes aceptaron en California y exigimos que se cumpla”, dijo tajante Nielsen, que amagaba con el cierre de la frontera. Olga Sánchez, el entonces director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, y Jorge Alcocer, negaron que ese acuerdo haya sido suscrito por el Gobierno de México. La tensión llegó a tal punto que acordaron un receso para hacer “consultas”. Ya en el diálogo informal un funcionario estadunidense le dio a la delegación mexicana más detalles de lo que ellos llamaban el “Acuerdo de California”: resultó que en las negociaciones del T-MEC, entre octubre y noviembre, el negociador mexicano, Marcelo Ebrard, se entrevistó en California con Mike Pompeo y sus asesores que ahí plantearon, según la fuente estadunidense, la aceptación de México a recibir a los migrantes deportados y a instalar “11 puntos de recepción”. Nielsen presionó tanto, que Olga Sánchez aceptó, previas consultas con Palacio Nacional y el aval de AMLO, la apertura de otros dos puntos de recepción en Mexicali y Ciudad Juárez, que se sumaban a Tijuana para aceptar 20 deportados diarios, con el compromiso de aumentar de 10 en 10, hasta alcanzar 9 mil deportaciones con visas humanitarias mexicanas por mes. El Gobierno de México aceptó desde entonces ser el “tercer país seguro”, aunque eufemísticamente justificaron con el cumplimiento de la Ley 235.

El mensaje de Kushner, la amenaza arancelaria y la rendición de Marcelo

A partir de ahí el Gobierno de López Obrador estuvo de rodillas ante Trump. Y cuando a este no le convenció el esfuerzo de México, mandó a su yerno, Jared Kushner, a reunirse en privado con López Obrador. En la casa del empresario de Televisa, Bernardo Gómez, en aquella cena del 19 de marzo, Kushner, llegó con el encargado de la embajada de EU en México, John Creamer, reiteró la “enorme molestia del presidente Trump” por los incumplimientos en materia migratoria. “Si no hacen algo urgente para detener a los centroamericanos, no solo cerrara la frontera, sino que no habrá T-MEC”. Fue entonces que AMLO decidió meter al canciller Ebrard a “supervisar” el tema migratorio y ahí comenzó el desplazamiento de Sánchez Cordero, quien se oponía a endurecer las políticas contra los centroamericanos y a que México recibiera más migrantes de EU. El 8 de abril, Trump corrió de su gabinete a Nielsen, por considerar que no era lo suficientemente dura con México. Las cifras de centroamericanos cruzando México y llegando hasta la frontera con EU siguieron creciendo, igual que su molestia por “la incapacidad de México”. En la Casa Blanca estaban tan enojados, que Pompeo dejó plantado a Ebrard cuando lo visitó en Washington el 22 de mayo. Pompeo argumentó “una reunión de última hora con Trump” y el canciller fue recibido por un subsecretario que aceptó, solo por trámite, una copia del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. El 1 de junio vino la amenaza de los aranceles del 5% a las exportaciones mexicanas. López Obrador entró en pánico y al enviar a Ebrard “a negociar” a Washington sabía que solo iba a firmar lo que le pidieran y aceptar, por escrito, los acuerdos que hizo en California en noviembre. El Gobierno de AMLO aceptó ya, en los hechos, convertirse en el “tercer país seguro” de EU, además de militarizar las fronteras y detener migrantes para que no molesten a Trump. Y lo hizo a cambio de nada. Al menos Turquía cuando aceptó ser “tercer país seguro” de Europa exigió 6 mil millones de euros para atender a los migrantes, y ni siquiera con eso ha podido evitar que el tema lo rebase. ¿Cuánto aguantará México, al que ni siquiera le dieron ayuda económica de Washington hasta que la crisis migratoria explote y se produzca una tragedia humanitaria?

Los dados mandan serpiente.
26 Junio 2019 04:04:00
Alianzas y reacomodos en la 4T
A días de cumplirse el primer aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas, en la Cuarta Transformación los grupos internos realizan movimientos y alianzas con miras a fortalecer sus posiciones y liderazgos. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han llegado a un acuerdo para que el líder de los senadores apoye la candidatura del ebrardista Mario Delgado para la dirigencia nacional de Morena, que se renueva en octubre cuando termine la presidencia de Yeidckol Polenvsky.

Ante la decisión del Presidente de dejar suelta la disputa por Morena, liderazgos como los de Ebrard y Monreal, aunque disímbolos y en el papel encontrados, pactan para intentar disputarle el control del partido gobernante al grupo de Polevnsky, que junto con Bertha Luján buscarían mantener la dirigencia, en una disputa que es clave con miras a las elecciones intermedias de 2021 y a la definición de las candidaturas a diputados federales y a 13 gubernaturas que se renovarán ese año.

La alianza entre dos de los liderazgos más fuertes en el actual Gobierno -además de dos mencionados prospectos presidenciables- se produce cuando el canciller Ebrard está en la palestra y en la mira nacional e internacional por su papel de interlocutor directo con la Administración de Donald Trump y como coordinador de la nueva y endurecida política migratoria del Gobierno de México, que con más de 25 mil soldados, marinos y policías federales en la frontera sur, y otros 15 mil militares sellando la frontera norte, trabaja a marchas forzadas y contra reloj para cumplir, en los 28 días que le quedan, con los compromisos que él mismo suscribiera con Washington.

Es tal la relevancia que el propio López Obrador le ha dado a Ebrard y al mismo tiempo tan complicada la tarea que le ha encargado, que en el gabinete ya se manejan dos versiones sobre lo que esto puede significar: una, insistente, dice que Marcelo está próximo a convertirse en secretario de Gobernación, algo que en los hechos ya casi ejerce, mientras que a la cancillería llegaría un empresario cercano a los afectos del Presidente; pero la otra versión asegura que al canciller, más que promoverlo, “lo están quemando a fuego lento, como a los pollos en rosticería”, ante las pocas probabilidades de que el secretario de Relaciones Exteriores, y con él todo el país, salga bien librado de una “evaluación” en la que, aun cuando le reconozcan los avances y esfuerzos realizados en los primeros 45 días, Trump y sus halcones le van a exigir mucho más a México, a partir de todo lo que ya cedió y entregó.

Mientras tanto Monreal ha mostrado también la solidez de su liderazgo en el Senado, lo mismo al lograr una muy tersa aprobación del T-MEC, que al convencer al Presidente de ceder en el tema de su revocación de mandato, ante la ausencia de condiciones para negociar el tema con el bloque opositor de PAN, PRD, MC y PRD. Monreal se ha convertido en un operador confiable para López Obrador y, aunque en un principio había decidido buscar él solo la dirigencia de Morena, con un prospecto que resultó fallido por su estridencia, como el de Alejandro Rojas Díaz Durán, decide aceptar una alianza con el candidato ebrardista.

Detrás de estos movimientos y alianzas entre Ebrard y Monreal no solo está el tema de coyuntura de la disputa por Morena, sino parece haber mucho más de fondo. Y es que al cumplirse un año de la victoria histórica de Andrés Manuel López Obrador se avecinan cambios importantes, de forma y fondo, que le darían un giro al Gobierno del Presidente. ¿Para eso se están armando los grupos y liderazgos de la 4T?


NOTAS INDISCRETAS…

En busca de evitar rupturas y divisiones en el proceso del PRI, la semana pasada se reunieron a comer el exdirigente nacional del priismo Manlio Fabio Beltrones y el candidato a la dirigencia Alejandro Moreno Cárdenas. La comida, en un restaurante japonés de un hotel de Polanco, se llevó varias horas y el diálogo fue intenso y abierto. Aunque no se habla aún de acuerdos concretos, el acercamiento cobra relevancia porque Beltrones apoyaba al doctor José Narro y, de hecho, tras la renuncia del exrector de la UNAM, amagó con que no acudiría a votar el 11 de agosto por desconfiar del proceso y del padrón de militantes. Y a pesar de que Manlio y Alito tenían un buen tiempo sin reunirse, el acercamiento se dio en buenos términos. ¿Habrá acuerdo?... Se baten los dados. Serpiente.
25 Junio 2019 04:02:00
AMLO y el dolor de los desaparecidos
Ocho meses después de que decidiera, aún como presidente electo, suspender los Foros de Paz porque las demandas, quejas y los airados reclamos de una sociedad lastimada por la violencia lo rebasaron, Andrés Manuel López Obrador, ahora como Presidente, volvió a enfrentar ayer lunes los gritos de dolor y desesperación de las madres, padres y familiares de desaparecidos en México, que igual que entonces volvieron a pedir lo mismo: “Ayúdeme a encontrar a mi hijo”, “Búsquenlos vivos no en fosas”, “La Marina se los llevó”.

La imagen de una madre que se arrodilló frente al Presidente para llorar y clamar por apoyo para encontrar a su hijo que de-sapareció en Tamaulipas, terminó por abrumar a López Obrador, que en su discurso reflejó todo el impacto personal y político que este tema le provoca, antes y ahora: “Quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores. Y vaya que dejaron muchos pendientes… No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea… Hay 72 asuntos prioritarios en el Gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y de la violencia y sobre todo, el de los desaparecidos. No se están escatimando recursos”, dijo.

Un gobernador que asistió como invitado al evento en Palacio Nacional, comentó al salir del encuentro que fue notorio para quienes estaban junto al Mandatario la forma en que los gritos y reclamos de los familiares de los desaparecidos lo alteraron, porque al final se trata no de un público que aplaude y apoya a López Obrador, como los que suele haber en casi todos sus actos públicos, sino de un grupo de personas que, ya desde antes de tomar posesión, habían recibido y reclamado con gritos y testimonios de dolor y desesperación al ahora Mandatario nacional, provocando en su momento la cancelación de aquellos Foros de Paz en cinco estados, cuando el problema de los desaparecidos comenzó a desbordarse y a rebasar a todos los demás asuntos de seguridad y violencia.

Pero a diferencia de aquella vez, cuando la dimensión del problema de los desaparecidos rebasaba incluso su Plan de Paz y Amnistía y las víctimas y familiares de desaparecidos le gritaban y reprochaban que no podían perdonar a los que se llevaron a sus hijos o a los asesinos que les quitaron la vida, porque “sin justicia no hay perdón, ni habrá paz”, esta vez el Presidente tenía más argumentos para intentar contener la lluvia de reclamos y exigencias de ayuda con el Sistema Nacional de Búsqueda creado en este Gobierno y que ha empezado a sistematizar y a implementar protocolos y presupuestos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Las promesas de apoyo que hacía el presidente López Obrador eran reforzadas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, quien anunciaba el envío de 420 millones de pesos para apoyar a los Servicios Médicos Forenses en los estados, que se han visto completamente superados, tanto en las labores de manejo y disposición de cuerpos, como en las capacidades de identificación de restos que aparecen en fosas clandestinas y en las exhumaciones realizadas por el Gobierno federal y los gobiernos estatales.

Después del Presidente, que tuvo que poner cara y aguantar los reclamos y gritos de los familiares de desaparecidos, la parte más dura de este tema la llevó ayer Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quién presentó su informe de trabajo con cifras y datos que ella misma definió como “de terror”. Y es que tan solo de diciembre a la semana pasada, la comisionada refirió el hallazgo de 207 nuevos sitios de inhumación clandestina en el país; de 426 nuevas fosas clandestinas principalmente en estados como Veracruz, Colima y Sinaloa, y la aparición en esos lugares de 551 cuerpos y restos. Quintana dijo que hasta abril de 2018 se tiene un registro de 40 mil desaparecidos en todo México, pero anunció que se está creando un sistema que actualice de manera permanente esta cifra y que incluya también a víctimas de trata y de secuestro y que cualquier persona pueda subir información de un desaparecido, sin necesidad de contar con una denuncia legal por el hecho.

En fin, que otra vez el doloroso y complicado tema de los desaparecidos, con toda su estela de dolor, muerte y ausencia de justicia y de apoyo a las familias de las víctimas, se le estrelló en la cara al Presidente, que aunque poco habla del tema y más bien parece rehuirlo, ayer tuvo que enfrentarlo y plantarse ante los dolidos y desesperados familiares. Qué tan fuerte sería el golpe de realidad que el mismo López Obrador, consideró que, comparado con esto, el problema de la corrupción en el país –del que sí habla todos los días y hasta explota políticamente– “tiene solución pronta y expedita”, mientras que de los desaparecidos, no dijo si tiene realmente la solución, aunque sí les aseguró a las familias: “puedo enfrentar esta situación lamentable, grave, porque no tengo problemas de conciencia”. ¿Podrá AMLO paliar el dolor de los desaparecidos y poner fin a la que él mismo llamó “la peor herencia” que recibió su Gobierno?
24 Junio 2019 04:03:00
Los bailes de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto se fue de la Presidencia de la República pero no de la presencia pública. No pasa una semana sin que sepamos de los andares del polémico y polifacético expresidente, lo mismo porque se divorcia de su esposa que porque aparece en un video viral bailando con su novia, cantando al lado de Julio Iglesias en una fiesta de abogados y mafia jurídica o porque se le menciona en una investigación en Estados Unidos por haber recibidos presuntos sobornos por la venta fraudulenta de una planta de fertilizantes.

También los apellidos del expresidente se escuchan igual en la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, que un día dice “que lo investiguen” en relación a los señalamientos desde EU, pero al otro lo exonera diciendo que su Gobierno no tiene “investigación alguna en contra de Peña”, mientras que las iniciales EPN flotan también en el caso más fuerte que lleva hasta ahora la Fiscalía General de la República, el que involucra a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, a su hermana Gilda Susana, al empresario Alonso Ancira y a los miembros del Consejo de Administración de la petrolera, por la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados.

Porque detrás de ese caso y la persecución judicial y búsqueda del prófugo Emilio Lozoya está también un pleito a muerte entre integrantes del que fuera el círculo más íntimo de amigos y colaboradores del expresidente Peña.

El nombre de Luis Videgaray ha sido mencionado por Lozoya como el responsable de la cacería en su contra, por una “venganza personal y política”, en palabras de su abogado, Javier Coello Trejo.

Y en ese resquebrajamiento del peñismo, que pasa de ser un barco a la deriva a uno que empieza a hundirse, son muchos los que saltan y se tratan de poner a salvo, sin importarles abandonar al capitán, como lo ha hecho el propio Lozoya Austin al empezar a cumplir sus amenazas de que “si yo caigo, caemos todos”, y hablar lo mismo de “citar a declarar a Peña Nieto” que a decir a los cuatro vientos, que “todo lo que hizo fue con el consentimiento del Presidente”.

La paradoja es que, mientras uno pensaría que el expresidente la pasa mal, siempre que se le ve públicamente se muestra de lo más relajado y sonriente y hasta enamorado, cuando no está, dicen sus más cercanos, en el campo de golf de su residencia en Ixtapan de la Sal.

No parece que, tener que estar bailando en tantas pistas al mismo tiempo, desde las de muchas fiestas y eventos sociales a los que es invitado, o las de los señalamientos y acusaciones que rechaza a través de su cuenta de Twitter, le quiten, por ahora, ni el sueño ni la tranquilidad y menos la dulzura de su eterna luna de miel.

Todavía tiene el tiempo y la caradura, según acusan varios aspirantes, de meter las manos en la elección interna del PRI e impulsar a su candidato, cuando fue él y su Gobierno, el responsable de la peor derrota en 2018 en la historia del priismo y lo llevó no solo a perder la Presidencia sino su condición de partido mayoritario para volverlo casi quinta fuerza política.

Una de tres: o Peña es muy cínico y sabe esconder muy bien que está bailando en la cuerda floja, o realmente es mejor bailarín de lo que muchos pensaban, por su habilidad para bailar en varias pistas sin perder, hasta ahora, el paso ni tropezarse. O de plano es más inteligente y hábil de lo que creyeron quienes se mofaban de él y lo calificaban como “el payaso de las cachetadas”. ¿Quién es ahora el payaso?

NOTAS INDISCRETAs
A propósito de buenos bailarines, los que lo son, literalmente, son los hijos del expresidente Salinas: Emiliano y Cecilia.
No sólo por el pase magistral que le dieron a las acusaciones surgidas en el juicio contra Keith Raniere en EU, sobre su “sociedad” con el ahora declarado culpable líder de la secta Nxivm, sino por los buenos pasos con los que, en un video que circula en redes sociales, se ve cómo los Salinas Occelli le bailan alegremente al desquiciado tratante y esclavizador de mujeres en uno de sus cumpleaños.
Pero entre los muchos juniors, familiares de políticos y empresarios que se ven bailando esa coreografía en honor a Raniere, también aparecen la esposa y la hija del exgobernador de Oaxaca y actual aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ulises Ruiz.
La señora Lourdes Salinas de Ruiz Ortiz y la joven Lila Ruiz Salinas, aparecen de playera amarilla como parte del grupo de Nxivm México que bailó en aquel homenaje al líder de la secta que esclavizaba mujeres y que hoy está a punto de ser sentenciado a muchos años de prisión y posiblemente hasta cadena perpetua.
Lo dicho, cuando se trata de sectas y cultos extraños, la debilidad mental hace caer lo mismo a los más jodidos que a los que todo tienen, al menos en lo material…Los dados mandan Escalera doble.
La semana promete.
22 Junio 2019 04:02:00
La crisis con Ruiz Massieu
Sus apellidos dicen que debería ser una gran operadora política, pero su actuación en los cargos que ha ocupado hasta ahora dista, todavía, de alcanzar el nivel de la dinastía que representa. Primero como secretaria de Turismo, luego como secretaria de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu no logró trascender a la idea de que llegó a esas posiciones por recomendación de su tío, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Pero en donde más quedó a deber, por el peso político de sus apellidos, es en su actuación como dirigente nacional del PRI.

Originalmente compañera de fórmula de Enrique Ochoa Reza, Claudia tenía todo a su favor para superar a la pésima dirigencia del exdirector de la CFE; en apenas un año que le tocó dirigir al viejo partido, sólo tenía que levantar la moral del priismo tras la peor derrota de su historia, tratar de sortear lo mejor posible la crisis y conducir atinadamente un proceso interno para renovar la dirigencia nacional, en condiciones que le permitieran al desgastado priismo, recuperar aunque sea un poco de lo mucho que perdió en 2018.

Casi podría decirse que a la doctora Ruiz Massieu sólo le tocaba estabilizar al paciente priista en terapia intensiva, prepararlo para salir del coma y comenzar, desde cero, sus terapias de rehabilitación. Pero hoy que la crisis le ha estallado por las rupturas y descalificaciones en su proceso interno, y nuevamente se encienden señales de alerta en los signos vitales del priismo, no faltan voces dentro de su partido que culpen a la dirigente nacional de ser la responsable de la renuncia estridente del doctor José Narro Robles por no hacer cumplir los acuerdos que ella misma hizo con los aspirantes al CEN priista, además de permitir las injerencias externas en la elección que, todavía no empieza, y ya ha sido descalificada y puesta en duda por los propios priistas.

“La crisis es suya, debería renunciar”, comentó un exdirigente nacional del PRI que ha cuestionado la validez de una elección interna porque no tendrá un padrón confiable y presenta de antemano signos de un favoritismo abierto a un candidato.



La dirigente del PRI

¿abogando por el PAN?

Mientras en las estructuras locales y nacionales se quejan de un “desapego” de la dirigente y cuestionan lo poco que visita los estados o se reúne con los liderazgos locales y con los priistas de abajo, a la lideresa del tricolor parece que se le dan más los acuerdos y las negociaciones cupulares, aunque no siempre sean en

favor de su partido.

Una historia que cuentan fuentes muy cercanas a su oficina y que corroboran con fechas y datos, señala que la dirigente del PRI realizó varios cabildeos y reuniones para empujar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara, en diciembre pasado, el triunfo de la fallecida panista Martha Érika Alonso en la gubernatura de Puebla.

A principios de diciembre de 2018, el día 2 o el 3, Ruiz Massieu se reunió en privado con la magistrada Janine Otálora, entonces presidenta del Tribunal, para analizar el caso, cuya resolución estaba por emitir la Sala Superior del TEPJF. Al igual que varios panistas y otros priistas de alto nivel, la dirigente nacional del PRI estaba cabildeando a favor de que se reconociera el triunfo de Martha Érika, por un acuerdo pactado con el finado Rafael Moreno Valle.

El primer encuentro entre Ruiz Massieu y Otálora se realizó en las oficinas privadas de la lideresa priista en Polanco, en la calle de Lord Byron. En esa reunión la dirigente del PRI le ofreció a la magistrada que, a cambio de su apoyo en este caso, tanto ella como otros políticos, incluso de Morena, realizarían “discretamente un intenso cabildeo” para que fuera incluida en la terna para ocupar la vacante que dejaría por esas fechas el ministro José Ramón Cossío, propuesta que sería hecha, a través de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Dos días después, pero ahora en una residencia de la familia Ruiz Massieu en calzada de Las Águilas, Claudia y Janine sostuvieron otra reunión para estructurar la estrategia para el caso Puebla. Esa fue de escasa media hora, porque Ruiz

Massieu tuvo que salir. Después de ese encuentro, ya no volvieron a verse y solo mantuvieron comunicación por correo y WhatsApp hasta que el 9 de diciembre el TEPJF emitiera su fallo a favor de la panista Martha Érika Alonso y el voto de la magistrada Otálora fuera el decisivo.



Los encuentros con Scherer

Intentando cumplir su compromiso con Otálora para la SCJN, Ruiz Massieu se entrevistó con Julio Scherer Ibarra, la noche del 4 de enero, para abordar el tema de la terna que enviaría el Presidente al Senado.

En las oficinas particulares del consejero Jurídico de la Presidencia, en Las Lomas, éste le comentó a la dirigente del PRI que el Presidente le había pedido que fuera él quien tuviera la interlocución con los ministros y no Sánchez Cordero “porque tenía muchos intereses” en la Corte”.

Scherer le dijo a Ruiz Massieu que a pesar de que Olga Sánchez estaba impulsando a Janine Otálora para la vacante de la Corte, “la magistrada no tenía ninguna oportunidad”, menos después de su actuación en el tema de Puebla.

Apenas salió de la oficina del consejero jurídico, Claudia le comunicó a Otálora que estaba fuera de la terna, a lo que la magistrada respondió que tenía muchas presiones por parte del Ejecutivo federal para que renunciara a la presidencia del Tribunal Electoral, lo que finalmente ocurrió el 23 de enero pasado.

Unos días después, el 30 de enero, Claudia Ruiz Massieu tomaría un vuelo a Madrid donde se encontró en el Hotel Villa Magna con su tío, los expresidentes Salinas y Peña Nieto y su novia Tania Ruiz Eichelmann, para salir juntos a un viaje de varios días por la región de Andalucía.

Allá fue la última vez que comentó el tema de su operación para conseguir el triunfo del PAN en Puebla y el caso de la magistrada que se quedó sin la presidencia y sin lugar en la Corte.
20 Junio 2019 04:05:00
Ruptura en lo que queda del PRI; ¿habrá desbandada?
Lo dicho: al PRI no se le da la democracia; siempre que intentan practicarla terminan divididos, fracturados, confrontados. Ayer (miércoles) el viejo partido sufrió una nueva ruptura con la renuncia de José Narro Robles, quien dejó su militancia de más de 4 décadas y abandonó también la contienda interna de dirigente nacional. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud calificó el proceso priista como un “acto de simulación” y una elección manchada por un “padrón alterado”, además de afirmar que “ya hay un candidato favorito” al que, dijo, apoyan indebidamente el exjefe político del priismo, Enrique Peña Nieto, y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.


La renuncia de Narro sacudió al partido, cuya dirigente Claudia Ruiz Massieu ayer lamentó su decisión y se encerró durante varias horas en “reuniones de emergencia” con su equipo del CEN para emitir por la tarde un comunicado donde aclaraban que el proceso de renovación de su dirigencia seguirá con el compromiso de “equidad, neutralidad e imparcialidad”. Señaló que la dirigencia nacional sólo acata el mandato del Consejo Político Nacional y, sin referirse a la grave denuncia de Narro Robles, sobre la existencia de 700 mil nuevas afiliaciones al padrón, promovidas recientemente por grupos afines al candidato Alejandro Moreno Cárdenas, el comunicado priista sólo señaló que el padrón que se va a utilizar en esta contienda es el que les remita el INE “verificado, actualizado y depurado”.

Hasta el cierre de esta columna sólo una renuncia más siguió a la de Narro y se trató de la exsenadora priista y periodista Beatriz Pagés Rebollar, mientras que el exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lamentó en Twitter la renuncia de Narro y descalificó la confiabilidad de la elección al asegurar que “no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”.

Otros priistas de la cúpula descalificaron también lo que consideraron “la farsa y el fraude” de la elección interna, y acusaron a Ruiz Massieu de no cumplir los acuerdos, al haber permitido que el padrón de 6.3 millones de militantes, validado al cierre del 23 de enero de este año, fuera adicionado con 700 mil registros más de militantes “afiliados al vapor”. “El CEN del PRI debe rectificar de inmediato dejando fuera las 700 mil afiliaciones”, acusó Ulises Ruiz, precandidato también en la elección priista, mientras que la única mujer aspirante, Ivonne Ortega dijo: “coincido y suscribo todas las razones del doctor Narro”, aunque pidió “no rendirnos porque no puede ganar la cúpula”.

Veremos cómo termina la elección interna del PRI, para la que este sábado acudirán a registrarse los candidatos que decidan participar aún en estas condiciones, y si hay nuevas renuncias o algún efecto de desbandada o simplemente se trata de una ruptura a título personal del exrector de la UNAM. Como sea, el proceso priista queda tocado y será observado con lupa por un electorado que hace rato le dio la espalda al PRI y también por un sector de la militancia que vuelve a ver cómo su partido está secuestrado por las cúpulas que se resisten a soltar el cadáver del partido que alguna vez fuera todopoderoso y gobernara este país por más de 70 años ininterrumpidos.

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